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Coronavirus

Ordenan vacunar a un anciano de Fuerteventura pese a la negativa del hijo

La Audiencia considera que la protección de la salud debe primar sobre la opinión del familiar

Una sanitaria prepara una vacuna contra la covid-19.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la decisión de un Juzgado de Fuerteventura de autorizar la vacunación contra la covid-19 a un anciano de 79 años incapacitado para decidir por sí mismo y residente en un centro de mayores de la isla en contra del criterio de su hijo, que se opone a que se haga efectiva la prescripción. Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en un comunicado, se ha confirmado el permiso judicial a las autoridades sanitarias para que se inmunice al hombre, una decisión que no es susceptible de recurso.

La Audiencia Provincial dictó ayer el auto que desestima el recurso de apelación interpuesto por el hijo del afectado contra la resolución del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Puerto del Rosario, que el 26 de mayo autorizó al servicio sanitario de una residencia a suministrar la vacuna a un interno «no capacitado para adoptar de una forma válida y consciente cualquier tipo de decisión que afecte a su salud».

La Sala ha tomado su decisión al amparo del artículo 9.6 de la Ley de la autonomía del paciente, que establece que en los casos en los que el consentimiento haya de otorgarlo el representante legal o las personas vinculadas por razones familiares o de hecho, «la decisión deberá adoptarse atendiendo siempre al mayor beneficio para la vida o salud del paciente».

El magistrado ponente, José Antonio Morales Mateo, apuntó que la única perspectiva a ponderar en el caso «es la individual del paciente, es decir, la identificación de la mayor protección o el mayor beneficio de la salud del residente, debiendo quedar al margen cualesquier otra consideración».

«La administración de la vacuna supone, desde la perspectiva del interés individual y protección para la vida y la salud del mismo, un beneficio incontestable, mucho mayor que los riesgos que supondría su no administración, teniendo en cuenta que, si bien no se trata de una persona que por sus patologías esté en un grupo de riesgo, sí lo está por estar en régimen cerrado en una residencia, rodeado de decenas de internos, y con el tráfico de personas diversas, lógico en una residencia».

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