Dos niñas de Cáceres han comenzado el curso de la peor manera posible: forzadas por sus padres a no llevar mascarilla, señaladas por el resto de alumnos y progenitores y finalmente apartadas del colegio. Cuando comenzaron las clases, las dos menores, que cursan tercero y quinto de primaria, acudieron al colegio sin cubrebocas. Son hijas de negacionistas que rechazan el uso de la prenda.
El centro, llamado Alba Plata, decidió primero que las niñas compartieran el aula con sus compañeros, si bien sentadas en todo momento junto a las ventanas, lo que ocasionó un enorme malestar entre los padres del resto de alumnos. Después, la Junta de Extremadura anunció que recibirían clases aparte, ellas solas, una fórmula que casa mal con lo que señala la ley y que sublevó a los docentes. Así que la comunidad autónoma echó marcha atrás: las menores no podrían acudir al colegio sin la debida protección. También advirtió de que llegado el caso activaría el protocolo por absentismo escolar. Desde entonces, sus padres han optado por no llevarlas a clase.
Desde que comenzó la vuelta al cole se han dado en España al menos otros dos casos similares, resueltos de forma mucho más rápida y expeditiva. En Barcelona, dos niñas acudieron a su colegio sin mascarilla: la dirección del centro las envió a casa, desde donde recibirán clases telemáticas si sus padres no cambian de actitud. En Mallorca, las familias de dos alumnos también intentaron que fueran a clase sin mascarilla y el Gobierno balear vetó su entrada al centro. Todos ponen de manifiesto la difícil situación en la que el negacionismo coloca a sus hijos, víctimas de la cerrazón anticientífica de sus progenitores. Todo se vuelve aún más complejo cuando los padres tienen visiones distintas sobre la pandemia.
Un burofax sobre la vacuna
Sonia Vescovacci es policía nacional en excedencia. Lidera Policías por la Libertad, una organización presente en 10 países, con cerca de 200 miembros en España según sus propios cálculos, que organiza protestas y presta asistencia a quienes han recibido multas por no cumplir con las restricciones frente al Covid. Tiene dos hijos, de 9 y 11 años. «El curso pasado no los llevé al colegio –explica-. No quería que llevasen mascarilla de lunes a viernes. He tenido problemas con el padre por este tema, al estar separada. Él también es compañero en la policía, pero no comparte mi visión. Cuando estaban con su padre, sí iban al cole. Cuando estaban conmigo, no».
Pero, en marzo, el centro escolar, situado en la provincia de Alicante, decidió «relajar» las medidas. «Fueron flexibles. Dejaron que la mascarilla estuviese debajo de la nariz o la barbilla. Así que cedí a la petición de mi hija mayor, porque para ella es muy importante el contacto con sus amigas. Le dije: ‘Sí, pero siempre y cuando te dejen respirar», continúa. Este curso, sus hijos acuden a clase, porque el colegio, según su versión, continúa siendo laxo sobre el uso del cubrebocas. Al mismo tiempo, ha enviado a su expareja un burofax comunicándole su negativa a que sean vacunados. «Nadie va a tocar a los niños», dice.
Todavía no se ha autorizado la vacuna para los menores de 12 años, pero es muy probable que se autorice pronto, y Vescovacci pisa aquí un terreno muy resbaladizo. Hace unos días, un juzgado de Barcelona dio la razón a una madre que quería inmunizar a sus dos hijos frente a la negativa de su exmarido.
La patria potestad
El debate entre derecho a la educación y derecho a la salud es un tema «conflictivo» porque el primero «es fundamental y obliga al Estado a prestaciones activas», explica Andrés Boix, profesor de Derecho Administrativo. Aun así, con el actual decreto-ley, aprobado el pasado 24 de junio, que señala que los mayores de seis años tienen que llevar mascarilla «en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público», continúa Boix, «jurídicamente no hay problema para no dejar ir a esos niños a clase», agrega.
«Eso sí, habrá que establecer de algún modo cómo pueden recibir los contenidos educativos, y sus padres deberían recibir una visita de la inspección y de los servicios sociales –concluye-. Porque si se demuestra que están perjudicando los derechos de sus hijos, se les puede obligar a cambiar y llevar al colegio a los niños, bajo riesgo, si no lo hacen, incluso de poder llegar a perder la patria potestad en caso de extrema contumacia en la negativa de escolarizarlos».
El fin del uso de la mascarilla en las aulas, en cualquier caso, no se vislumbra a corto plazo. Los expertos no se atreven a especular sobre cuándo se podría derogar esta medida. La derecha, sin embargo, ya ha empezado a plantear propuestas en este sentido. Sobre todo, Vox. El partido ultra ya ha anunciaado que propondrá en todas las comunidades autónomas que el cubrebocas deje de ser obligatorio en los colegios para los menores de 12 años. En el PP también está habiendo movimientos, aunque más tímidos. El consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, señaló que la autonomía, pese a carecer de competencias para dar ese paso, se planteaba eliminar parcialmente el uso de mascarillas en interiores si los contagios continúan bajando, pero no precisó en qué lugares se podría aplicar esta relajación.
«Mascarilla hay para mucho tiempo –subraya José Martínez Olmos, exsecretario general del Ministerio de Sanidad y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública-. Tendríamos que tener incidencias acumuladas por debajo de 25 de forma continuada y que no hubiera olas en otros países. Todavía quedan muchas incertidumbres: posibles nuevas variantes, cuánto dura la inmunidad y la cobertura vacunal que finalmente alcancemos».
