Comedores escolares de Tenerife permanecen cerrados en sus correspondientes centros educativos por la falta de personal, una cuestión que según denuncian los representantes de los trabajadores, obedece a un “misterio” con la certificación médica de los profesionales.

La presidenta del comité de empresa del personal laboral en Tenerife, Candelaria Cruz, esgrime que desde el servicio médico se ha calificado como no aptos a empleados que sí cumplen con los requisitos, lo que provoca un retraso en los nombramientos.

A ello se suma, según explica la representante del colectivo, que con esta situación puede derivar en denuncias judiciales, lo que a su juicio es “arriesgar el dinero público por un fallo incomprensible”.

El comité de empresa de este sector de la Administración informa de que han detectado casos de profesionales  que “deberían ser aptos” en el certificado médico pero por “causas que no se entienden” no logran esta certificación. “Sin ella, no pueden ser contratados, por lo que se debe recurrir al resto de la lista de reserva”, sostiene Candelaria Cruz, quien augura que este personal  “podrá denunciar si se está llamando a personas que están por debajo en lista”.

Especialmente porque  se trata de personas que no incumplen los requisitos para recibir el certificado médico. Por ejemplo, entre algunos casos que destaca Cruz, se encuentra “una compañera que ha recibido recientemente una valoración positiva por parte de la revisión médica que acredita que puede incorporarse al puesto de trabajo”, así como otro trabajador que ha recibido el alta médica tras haber pasado Covid-19.

El problema es que en este proceso de llamamiento se está retrasando la contratación y por tanto la incorporación de los profesionales a los centros, tanto en el caso de cocineros como de auxiliares de comedor y educativos.

“Lo peor es que ni siquiera se informa a los afectados”, lamenta la presidenta del comité de empresa. De hecho, informa de que el propio personal se entera de esta circunstancia una vez que se pone en contacto con el servicio de contratación, cuya gestión apoyan desde el comité.

El procedimiento administrativo en este caso parte de la remisión a los trabajadores de un cuestionario de contenido médico “que se enviaron en tiempo”, reitera Candelaria Cruz. Este documento es revisado por los facultativos la Comisión de Evaluación Médica de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que son lo que dan “el certificado de aptitud”.

“Somos conscientes de que el personal en esta comisión es escaso pero no se sostiene que se den no aptos sin argumento”, insiste la presidenta del comité de empresa antes de añadir que “el problema es tampoco se está comunicando el resultado a los profesionales”.

Por ello, algunos de los trabajadores presentaron hace alrededor de diez días una instancia en la Consejería de Educación con el objetivo de resolver esta situación, un documento que aún no ha obtenido respuesta. Además, también desde el comité de empresa se ha remitido un escrito a los responsables de la Administración educativa alertando de la situación anómala que se está detectando.

“Hacemos un llamamiento a los profesionales que se encuentren en esta situación a que se pongan en contacto con el comité para poder buscar una solución generalizada”, concluye Cruz quien además lamenta que no se trata del único frente que tienen abierto.

RPT sin aprobar

En ese sentido, informa de  que a falta de la actualización de la Relación de Puestos de Trabajo, la Consejería de Educación está “externalizando los puestos de trabajos que le correspondería al personal de listas de reserva”. “Para ocupar las plazas vacantes, que no se pueden convocar por la ausencia de la RPT, se realiza una subcontrata que ocupa esos puestos”, prosigue Candelaria Cruz quien lamenta que “por un lado se queda fuera el personal que debería ocupar esa vacante y por otro los trabajadores de las subcontratas están denunciando porque encadenan contratos y están ganando la plaza”.

Esta situación, que afecta especialmente a auxiliares educativos, “puede conllevar otra cascada de denuncias que conllevarán a más gasto público”, lamenta la presidenta del comité de empresa del personal laboral.