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Yanes ve "insuficientes" cinco inspectores para residencias de mayores en Canarias

El Diputado del Común pide en la comisión parlamentaria un plan específico dotado con más personal y sanciones para los centros que ha sido apoyado por todos los grupos

El Diputado del Común, Rafael Yanes, hay en la comisión parlamentaria con el informe sobre las residencias de mayores de Canarias.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, hay en la comisión parlamentaria con el informe sobre las residencias de mayores de Canarias.

El Diputado del Común, Rafael Yanes, ha dicho este martes que el cuerpo de inspectores de centros de mayores de Canarias, conformado por cinco personas, es "insuficiente", por lo que ha pedido un plan específico dotado con más personal y sanciones que ha sido apoyado por todos los grupos.

En un debate en comisión parlamentaria sobre el informe extraordinario sobre el estado de las residencias en las islas, ha apuntado que Canarias tiene un inspector por cada 46 centros cuando en otras comunidades autónomas, como Murcia, Cantabria o La Rioja, hay un inspector por cada cinco y siete centros, respectivamente.

Yanes ha insistido en que el informe es una "reflexión" de cara a las negociación de los presupuestos autonómicos y precisado que aunque afecta a una "minoría" --el informe evalúa 25 centros de los 232 del archipiélago--, es "inaceptable" que se hayan detectado chinches, roedores o cucarachas. "Es una minoría, pero hay que buscarla", ha indicado.

Ha comentado que el informe "no va contra nadie sino en favor de las personas" y abogado por "no mirar atrás" y sí al "futuro", dado que ahora empiezan a tramitarse los presupuestos autonómicos de 2022 y es el momento de presentar iniciativas.

Ha apuntado que la elaboración del informe se enmarca en la labor de "supervisión" de las administraciones públicas que tiene su institución y señaló que por "lealtad" debía entregarlo al Parlamento, pese a que los informes extraordinarios no están obligados a debatirse --se incorporó como anexo al informe anual--.

Yanes ha agradecido que les hayan invitado a la comisión aunque hayan pasado 10 meses desde que se entregó el informe

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No obstante, ha agradecido que les hayan invitado a la comisión aunque hayan pasado 10 meses desde que se entregó y señalado que con la información que contiene, si lo envían a la Fiscalía no se lo "dicen a nadie" porque "restar eficacia a la acción judicial".

Yanes ha comentado que si bien el informe hace referencia al año 2019, "el debate sí es actual", y hay "mucha preocupación" en la sociedad, si bien ha dejado claro que la mayoría de los 232 centros de Canarias "cumple perfectamente", lo mismo que los 7.769 trabajadores.

Ha apuntado que a lo largo de este ha habido 33 inspecciones por lo que "harían falta cuatro años y medio" para ver todas las residencias, lo que refleja que el servicio de inspección es "manifiestamente mejorable". "La Consejería necesita más medios humanos, no se puede exigir más responsabilidad si no se le dan más medios", ha comentado.

"SITUACIÓN LAMENTABLE"

La portavoz del Grupo Mixto,Vidina Espino, ha comentado que el informe refleja una "situación lamentable" de los mayores de las islas aunque afecte a una "minoría" de centros, al tiempo que ha "pedido perdón" como diputada por no "haberle dado voz" a los mayores en la comisión Derechos Sociales.

Ha afeado a la presidenta, María del Río (Sí Podemos), por no incluir el informe en el orden del día del debate, más aún cuando "no es una novata y lleva seis años como diputada", por lo que ha solicitado su dimisión.

Espino ha comentado que el informe es "terrible" y degrada la atención que se da a los mayores en las islas, criticado la falta de comunicación entre la Diputación del Común y la Consejería de Derechos Sociales y pedido un plan de inspección de todas las residencias públicas y privadas de Canarias.

Melodie Mendoza (ASG) ha comentado que el informe ha puesto a los grupos "en alerta" sobre la situación de los centros pero ha lamentado que la Consejería solo tenga 5 inspectores -había dos al comienzos de la legislatura-- y va a llegar a 11. "Sigue siendo insuficiente", ha destacado.

Ha apuntado que en las inspecciones realizadas el año pasado se han advertido principalmente carencias en infraestructuras y garantizado el compromiso del Gobierno de que habrá sanciones o cierres a las residencias que incumplan la normativa.

María del Río, de Sí Podemos, ha pedido disculpas por la demora en el debate del informe y señalado que el informe ha "sonrojado" a los diputados por la situación de algunas residencias de mayores.

Ha asumido que gestionar la consejería de Derechos Sociales "no es fácil" pero su grupo "no esconde la cabeza", si bien ha dejado claro que el informe hace referencia casi en su totalidad a la época de gestión de Coalición Canaria.

SÍ PODEMOS URGE A "CAMBIAR EL MODELO"

Del Río ha dicho que hay que "cambiar el modelo" de macrocentros que son "aparcamientos" de personas mayores y gestionados por empresas "sin escrúpulos", reclamando propuestas "valientes" para mejorar los cuidados y sin desatender el día a día en las residencias actuales.

"Las familias no quieren que se siga haciendo negocio con las personas mayores y discapacitadas", ha agregado.

Luis Campos, portavoz de NC, ha comentado que este informe refleja la situación de "algunas" residencias de Canarias dado que la mayoría cumple su labor de forma adecuada, si bien ha reconocido que hay "fallos en el sistema" porque hay deficiencias.

Ha valorado la gestión en los centros durante la pandemia de coronavirus pues Canarias es la comunidad con menos contagios y víctimas y pedido a la Diputación del Común que cuando observe deficiencias las traslade a la Consejería y a la Fiscalía.

Campos ha reclamado un sistema de inspección adecuado y no entiende como en 2019 solo había dos en la comunidad autónoma para visitar todos los centros de las islas.

Hipólito Suárez, del Grupo Popular, ha reconocido que las deficiencias en algunas residencias son "lamentables" y en todo caso, "sonrojan" a todos los grupos y partidos políticos, más allá de quien tenga la gestión.

RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

Ha pedido disculpas a los canarios porque "todos" tienen parte de responsabilidad por el estado de algunas residencias y por el retraso a la hora de debatir el informe.

En su opinión, el informe es una "llamada de atención" sobre la "ignominia" que sufren los mayores, y espera que a partir de ahora se garantice que la atención sea digna en todos los centros del archipiélago.

Aunque ha reconocido que las residencias son una "herencia" del anterior Gobierno, ha achacado al actual equipo de Noemí Santana su "inacción" para velar por la integridad de los mayores, por lo que ha reclamado un plan de empleo específico para servicios sociales. "Hay un déficit histórico de personal", ha apuntado.

Cristina Valido, del Grupo Nacionalista, ha criticado la "provocación" de los grupos por acusar a su partido de la situación de las residencias, subrayando que la mayoría "están bien" y que la buena gestión de la pandemia también se debe a la "herencia".

Ha preguntado por qué la Consejería no tuvo acceso al informe hasta hace unas semanas, ha criticado "la huida hacia adelante" del actual equipo de la Consejería y cuestionado si los ayuntamientos y los cabildos también tienen responsabilidades.

Valido ha preguntado si la Fiscalía y el SCS cuentan con el informe y relató que pese a haber menos inspectores en la pasada Legislatura, se cerraron ocho centros. "Me alegro de que ahora haya más y presentamos una iniciativa para que se puedan incrementar", ha destacado.

Teresa Cruz (PSOE) ha comentado que el informe revela algo que se ha ido "gestando" en los últimos años con una política de "guardar mayores" por lo que no culpa a la Diputación del Común, que lo ha puesto de relieve.

Ha comentado que mejorar la calidad de vida de los mayores no responde a una "solución mágica" pero sí ha exigido más registros, inspecciones y sanciones porque las empresas privadas son "impunes".

Cruz ha defendido la "apuesta decidida" del Ejecutivo por mejorar la dependencia y reforzar el servicio de inspección y cree que produce "sonrojo" que hasta este mandato no hubiera un plan de inspección que debía estar en marcha desde 2012.

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