Los inspectores sanitarios están viendo peligrar sus actuaciones debido al recientemente publicado decreto ley anticovid del Gobierno de Canarias. Y es que el Gobierno, en la Disposición final primera de este decreto, ha realizado una modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias de 1994, en la que elimina del rango de autoridad sanitaria a los inspectores. Un rango que hasta ahora –y desde hace 27 años – ostentaban junto al resto de Administración. Esta circunstancia los habría degradado hasta agentes sanitarios, cuyas decisiones, especialmente las de cierre temporal de un establecimiento, se econtrarían ahora al albur de la ratificación de un órgano superior o de un riesgo inminente para la salud, cosa que rara vez suele ocurrir y que, además, se debe demostrar. No obstante, según la Consejería de Sanidad, este cambio en la normativa no modificará de ninguna manera los procedimientos administrativos que llevan a cabo los inspectores que «podrán hacer las mismas funciones que han venido realizando hasta ahora».
Esta situación ha sido denunciada directamente por la Asociación de Inspectores de Salud Pública que señala que, tras la entrada en vigor de este nuevo texto normativo, para tomar cualquier medida que tenga que ver con el cierre temporal o suspensión de la actividad en algún recinto deberá primero conseguir que lo permita la Consejería de Sanidad, el Servicio Canario de la Salud, el director de Salud Pública, los Cabildos o los ayuntamientos. Al ser preguntado por la modificación de este apartado concreto, la Consejería de Sanidad, ha remarcado que nada ha cambiado con respecto a sus funciones y que los términos del decreto se han modificado para ser los mismos que la Ley General de Salud Pública Estatal, de 2011.
Un pequeño cambio
En esta modificación de la Ley de Ordenación Sanitaria de Canarias de 1994 –la que está vigente actualmente– lo único que se ha cambiado es la consideración que tienen estos inspectores. Pero ese simple cambio de su artículo 28 conlleva a que no puedan ordenar la suspensión provisional, prohibir actividades o clausurar definitivamente los centros y establecimientos que, como dicta el apartado 3 de esta disposición adicional (y también está reflejada en la Ley de 1994), solo lo podrá hacer la autoridad sanitaria competente, es decir, «el Gobierno de Canarias, el Consejero o Consejera competente en materia de sanidad, la persona titular de la Dirección del Servicio Canario de la Salud, la persona titular del centro directivo competente en materia de salud pública o las personas que ostenten las Presidencias de los Cabildos y las Alcaldías».
Los técnicos afirman que hasta ahora podían cerrar temporalmente sin que se ratificara
La modificación deja claro que los agentes de sanidad pueden llevar a cabo tareas como personarse sin previa notificación en todo centro sujeto a la ley, efectuar pruebas, investigaciones o exámenes, tomar y sacar muestras y realizar tantas actividades sean posibles y «en caso de urgencia inaplazable, tomar medidas de protección y órdenes de ejecución». Esta última coletilla podría permitirles cerrar el establecimiento pero lo cierto es que, si no se justifica correctamente un riesgo inminente para la salud pueden ser denunciados por ello posteriormente por el local en el que se hayan tomado medidas. «Normalmente cerramos porque existe un potencial riesgo, no porque sea un riesgo inminente», señalan fuentes de la la Asociación de Inspectores de Salud Pública.
«No pueden modificar una ley así porque sí, para hacerlo tal y como quieren primero debería haber una ley», afirman y recalcan que hasta ahora han estado actuando de manera independiente gracias a la consideración que tenían de «autoridad».
Esto también queda reflejado en un documento al que ha tenido acceso este periódico, con fecha de 1 de agosto de 2021 y firmado por la Dirección de Salud Pública, en el que se solicitaba información sobre la competencia de los técnicos de inspección sanitaria para tomar medidas. Allí se señalaba que «los inspectores no piden sino adoptan y ordenan medidas, debiendo realizar el seguimiento proactivo de los incumplimientos que observen en sus actuaciones hasta su adecuada corrección», lo que supone que hasta ahora han podido actuar de manera independiente por tener la consideración de autoridad sanitaria.
«En toda Canarias se toman unas 200 medidas al día, y en 20 años no hemos necesitado ningún tipo de ratificación para clausurar un local o una playa», explican fuentes de los inspectores de salud pública. De hecho, hacerlo de esta manera ha supuesto agilizar los trámites sancionadores cuando existe un riesgo inminente. «Hasta ahora hemos estado tomando medidas sobre la marcha por el principio de precaución y no volvíamos abrir la actividad hasta que no estuviera resuelto el problema», señalan.
Pese a la negativa de Sanidad con respecto a dichas repercusiones, los técnicos consideran que han perdido «independencia» para tomar medidas, la misma que hasta ahora «evitar daños y males mayores en la salud de la población». Además, con esta modificación afirman que si no se ratifica la clausura de un local en menos de 15 días por el Director de Salud Pública, podría levantarse la restricción sin haberse subsanado.
Los inspectores retoman la huelga
La Asociación de Inspectores de Canarias retomará este lunes la huelga que viene produciéndose desde el pasado mes de finales de mayo, debido que el conflicto con la administración sigue sin resolverse. Tras lograr acuerdos de manera verbal, en el Comité de Huelga decidió paralizar la reivindicación el pasado julio, en previsión de que se pudiera llegar a un acuerdo con la Consejería de Sanidad. Según los inspectores, no ha habido más reuniones hasta el momento, por lo que consideran que la Administración sanitaria de nuevo ha paralizado la resolución de su problema. Los huelguistas se manifestarán frente a la Consejería de Sanidad y Presidencia del Gobierno en Tenerife el próximo lunes.
