Tras evaluar la nueva norma de la que dispondrá Canarias para hacer frente al coronavirus, los juristas siguen sin estar convencidos de su idoneidad. Gerardo Pérez, profesor de derecho constitucional de la Universidad de La Laguna (ULL), ve en el decreto ley algunos huecos y vaguedades de redacción que podrían generar «inseguridad jurídica». Además, Pérez considera que algunas de las obligaciones marcadas en el texto legal podrían estar incurriendo en una afección a derechos fundamentales –que no vulneración–, así como afectando al derecho a la integridad física. En este sentido, Pérez también remarca que la norma canaria «invade» ciertas competencias de ámbito nacional, por obligar el uso de la mascarilla o la distancia interpersonal que, como señala, ya cuenta con una norma estatal que la regula.
Cabe recordar que el Gobierno de Canarias ha decidido trabajar en implantar esta norma una vez el Tribunal Supremo le instó a ello. A través de una de sus sentencias, reproducidas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, se hace alusión a la necesidad de que «exista una regulación específica para afrontar la pandemia». En este sentido, el decreto ley, según el Gobierno de Canarias, persigue dotar al ordenamiento jurídico autonómico de «una norma que defina específicamente el régimen jurídico necesario para la gestión de esta pandemia inédita».
Según el jurista, el rango de la norma no es el adecuado para limitar derechos fundamentales
Según el abogado la fórmula jurídica no es la adecuada, pues el decreto ley «no puede limitar derechos fundamentales». De hecho, la que puede hacerlo sí sería una norma de rango de ley, que es lo que busca aprobar Canarias, pero lo hará en el plazo de un mes con el Parlamento de Canarias. Esto se ratifica en el preámbulo del texto se explica que «el Tribunal Constitucional ha venido aceptando que por ley orgánica u ordinaria se permita la adopción de medidas concretas que limiten el ejercicio de determinados derechos fundamentales sin necesidad de acudir a la excepcionalidad constitucional y siempre que dicha limitación esté justificada en la protección de otros bienes o derechos constitucionales».
«Yo veo cuatro grandes problemas en esta normativa», señala Pérez, y justamente esta afección a los derechos fundamentales es el primer punto en el que incide el profesor de Derecho Constitucional. «Este decreto ley afecta al derecho de reunión de las personas así como el derecho de la integridad física, estableciendo consecuencias negativas cuando no se presente una prueba diagnóstica o un certificado vacunal covid», insiste. También podría estar afectando al derecho al oficio, y lo mismo pasaría con el de libre comercio cuando trata de regular aforos y horarios de las actividades económicas. El segundo punto está en que «parece un método para sortear a la justicia». Hasta ahora, los jueces eran los encargados de dictaminar si las restricciones eran o no proporcionales.
Pérez considera que la terminología del decreto ley es «ambigua, vaga y genérica»
Con esta ley, «parece que se pretende que sea automático y se sortee la autorización del TSJC», señala Pérez. El texto legal también incurriría en una «invasión de competencias» al regular, de nuevo, el uso de la mascarilla o la distancia interpersonal. «Ya tiene su propio texto normativo a nivel nacional», incide el abogado. Por último, la crítica de este experto va hacia la «terminología» utilizada durante todo el texto legal que se le antoja «ambigua, vaga y genérica». «Hay una amplitud importante para que Sanidad pueda adoptar otras medidas, lo que conlleva a una inseguridad jurídica en la población», recalca. En todo caso, Pérez señala que muchos de estos problemas «decaerían» si el Parlamento de Canarias aprobara convertir estos preceptos en Ley, a excepción de la invasión de las competencias estatales. Por esta razón, el jurista aboga porque, «siendo un problema de ámbito nacional», todas estas medidas se regulen a través del Estado.
