La cooperante española Juana Ruiz, encarcelada en Israel acusada de pertenecer a una organización ilegal palestina, es "inocente" y "los cargos contra ella son parte de una estrategia general para criminalizar toda actividad humanitaria en los territorios ocupados", aseguró en una entrevista con Efe su abogado, el reputado letrado israelí Avigdor Feldman.

"La acusación se basa en evidencias secretas que supuestamente prueban su implicación con una organización considerada terrorista, el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP)", explicó Feldman desde su bufete en el centro de Tel Aviv.

Juana Ruiz Sánchez, de 62 años y radicada en Palestina desde 1984, fue arrestada el pasado 13 de abril en su casa de la localidad cisjordana de Beit Sahur y actualmente se encuentra detenida en la prisión de Damon, en la ciudad de Haifa, donde "se encuentra de buen ánimo dentro de la desagradable situación que implica estar en prisión". Tras retenerla durante casi un mes sin acusaciones formales, la Fiscalía militar israelí presentó a comienzos de mayo cinco cargos en su contra, incluyendo "pertenencia a organización ilegal", "recibir e introducir dinero en los territorios palestinos" y "recibir dinero con falso propósito", todos vinculados con su trabajo en la recaudación de fondos para los Comités de Trabajos para la Salud, una organización humanitaria que opera en Cisjordania ocupada.

Esta ONG palestina fue acusada en mayo por Israel de formar parte de una red de organizaciones que desviaban dinero europeo al FPLP, considerado grupo terrorista por Israel, Estados Unidos y la Unión Europea. "No hemos visto todavía ninguna evidencia clara que pruebe los cargos, que son muy generales. No especifican cómo supuestamente Juana se enteró de la implicación de un grupo terrorista en sus actividades", aclaró este experimentado abogado de 73 años, especializado en derechos humanos y civiles.

Por ello, opina que Juana está sirviendo de chivo expiatorio para amedrentar e intimidar a otros cooperantes extranjeros que trabajan en Palestina y "desconectar estos territorios de organizaciones humanitarias". "Ella afirma, y no hay razón para no creerle, que trabajaba sólo con propósitos humanísticos, básicamente en temas de salud, y no tenía conocimiento de actividad terrorista alguna", matizó Feldman, quien en 1991 recibió el Premio de Derechos Humanos Robert Kennedy.

Su bufete lleva otros cuatro casos semejantes al de Juana, en los que organizaciones humanitarias que operan en Palestina han sido acusadas de actividad terrorista, por lo que ve un patrón claro que se repite y que responde al hecho de que "Israel no está contento con que llegue ayuda externa a la población de los territorios ocupados". "Quieren que los palestinos dependan únicamente de la asistencia israelí, cuando ellos en realidad les están negando toda ayuda humanística, en áreas como la salud, la educación o la cultura", aseveró Feldman, con un amplio historial a sus espaldas defendiendo a víctimas de abusos en el marco de la ocupación militar israelí en Palestina.

Debido a la "débil base" de la acusación contra Juana, la defensa solicitó el pasado 10 de agosto, en la primera vista oral del juicio militar -el supuesto delito se cometió en territorios ocupados militarmente pos Israel-, "la retirada de todos los cargos" ya que la fiscalía no ha demostrado que ella tuviera conocimiento de ninguna actividad terrorista. Ese día fue la primera vez que Juana pudo salir de su celda, para asistir al tribunal militar de la cárcel de Ofer, cerca de Ramala en Cisjordania ocupada, donde apareció visiblemente cansada y esposada de pies y manos, aunque tuvo la oportunidad de cruzar unas breves palabras con su esposo, el palestino Elías Rishmawi .

Una nueva vista fue programada para el 1 de septiembre, aunque fue aplazada sin fecha todavía ante la intención de la Fiscalía militar de presentar más pruebas incriminatorias, que la defensa todavía no ha visto ya que "las leyes de emergencia en Israel permiten tener a alguien bajo custodia sin mostrar las pruebas acusatorias". "Es muy difícil armar una buena defensa cuando las evidencias son un secreto", criticó el abogado, cuyo objetivo primordial ahora es lograr que Juana pueda cumplir prisión domiciliaria mientras se dirime el juicio, algo que se puede prolongar más de un año.

Feldman aceptó el caso de Juana en julio -después de que su anterior letrada, Gaby Lansky, tuviera que dejarlo al asumir como diputada en la Knéset (Parlamento israelí)- "convencido de su inocencia tras verificar las evidencias" y de que su experiencia en este tipo de casos puede ayudar a lograr un veredicto de no culpabilidad para ella. ¿Y si es declarada culpable? "Intento no imaginar esa posibilidad. No creo que sea culpable, no creo que haya ninguna evidencia. Espero que podamos probar su inocencia y que pueda irse a casa", sentenció Feldman.