El Gobierno de Canarias por fin recibe la autorización por parte de la Justicia para al menos una de sus solicitudes en lo referente a las medidas propuestas para tratar de frenar el aumento de los nuevos casos de coronavirus en el Archipiélago. Tras los varapalos judiciales de los últimos días, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ratificó ayer la medida adoptada por el Consejo de Gobierno extraordinario celebrado el miércoles para prorrogar la limitación del número máximo de personas no convivientes en encuentros familiares y sociales, en espacios de uso público y privado, cerrados o al aire libre. No obstante, no se trata de una resolución firme, ya que cabe interponer recurso de reposición ante esa misma Sala o recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El Gobierno de Canarias ya solicitó en mayo, tras el final del estado de alarma en todo el territorio nacional, la limitación del número de personas que podían permanecer reunidas según los niveles de alerta en los que se encuentre cada isla, y si las personas son convivientes o no. Entonces, la medida se adoptó por un plazo máximo de tres meses, que expira hoy. El Gobierno de Canarias ha logrado ahora ampliar esta medida hasta el próximo 31 de agosto, de tal manera que hasta el nivel de alerta 1, se establece un número máximo de 10 personas; en el nivel de alerta 2, se establece un número máximo de 6 personas; en el nivel de alerta 3, se establece un número máximo de 4 personas; y en el nivel de alerta 4, se establece un número máximo de 4 personas.

A juicio de la Sala, la prórroga de la medida solicitada por el Gobierno de Canarias «es proporcionada y no supone una restricción del núcleo esencial de los derechos fundamentales» de libertad y de reunión puesto que «solo quedan afectadas modalidades particulares de ejercicio». El TSJC considera que «se trata de una medida poco invasiva» y destaca que, además, el Gobierno de Canarias «solicita su ratificación para vigencia únicamente por un mes».

En este sentido, el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, anunció esta semana que el Ejecutivo regional solicitaría esta prórroga por un tiempo inferior el que estaba vigente hasta el momento puesto que «hemos leído con atención diferentes procedimientos judiciales relacionados con las medidas impuestas para hacer frente a la pandemia en España y todos les dan mucha importancia a la limitación temporal de las mismas». Además, recordó que las Islas se enfrentan a unas semanas duras, con la llegada de las vacaciones de verano, por lo que será importante contar con la limitación del número máximo de personas no convivientes hasta final de agosto, como mínimo.

El Gobierno de Canarias siempre se mostró confiado en lograr esta prórroga puesto que «Salud Pública sostiene que se trata de una de las medidas más efectivas para contener la pandemia», por lo que además acompañó su solicitud ante el TSJC con los últimos informes epidemiológicos del Archipiélago que «arrojan datos peores de los que teníamos en mayo», expresó el consejero Julio Pérez esta semana, lo que ya entonces daba esperanzas al Ejecutivo para que la Sala aceptara su solicitud de prórroga, que pretende «adelantarse a los acontecimientos» y evitar que la crisis epidemiológica continúe empeorando en el Archipiélago. La petición se completó, además, con un informe elaborado por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se encargaron de explicar cómo actúan para poner en marcha las medidas propuestas.