La adjunta de Igualdad y Violencia de Género en la Diputación del Común, Beatriz Barrera, mantuvo una reunión de coordinación con la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI) del Gobierno de Canarias, Kika Fumero, en la que sentaron las bases para la colaboración efectiva entre ambas instituciones con el objetivo de trabajar conjuntamente en materia de violencia vicaria (aquella ejercida por el padre sobre sus hijos con la intención de hacer daño a la madre).

Barrera afirmó que todas las quejas que se reciban a este respecto en la Diputación del Común serán tramitadas por este organismo de defensa de los ciudadanos en los casos en los que sea competencia de la misma. En aquellos casos en los que no posea ámbito de actuación, «no solo se remitirán a la Fiscalía y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sino que también se pondrán en conocimiento del ICI». De igual manera, «se trabajará para detectar posibles fallos en el funcionamiento del sistema».

La adjunta de Igualdad y Violencia de Género incidió en que con esta red de comunicación se pretende que todo el sistema policial, judicial y de alerta esté al tanto de los casos que se dan en las Islas y activar de esta forma toda la atención y el asesoramiento que exista a tal efecto, para frenar todas las situaciones posibles antes de que ocurran episodios violentos.

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, destacó la importancia de esta coordinación entre las instituciones «para que no exista ningún obstáculo en la comunicación y se le dé a la mujer todo el apoyo que necesite». Además, expuso toda la red de recursos con la que se cuenta en el Archipiélago para atender a estas víctimas de violencia de forma inmediata.

Para concluir, Barrera añadió que «la coordinación interinstitucional es fundamental, ya que no podemos permitir que el sistema le falle a las víctimas y sus hijos».

El concepto de violencia vicaria se divulgó de forma masiva en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo, a raíz de que el empresario tinerfeño Tomás Gimeno matara a sus dos hijas, Olivia y Anna, el pasado 27 de abril y las tirara a mil metros de profundidad. Después, tras decirle a la madre que no las iba a volver a ver, ni a él tampoco, Gimeno se quitó la vida. Este caso tuvo una repercusión internacional. Hasta el mismo día en que se encontró el cadáver de Olivia, el 10 de junio, la progenitoria mostró su convencimiento de que las menores y su expareja se hallaban en otro país.