La adjunta de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera, se reunió con el profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada y exdelegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, para tratar asuntos sobre la materia y establecer una colaboración en aras de visibilizar la violencia vicaria como una manifestación cruel de la violencia de género, así como aquellos casos no denunciados. En el encuentro se abordó la importancia de la nueva Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia que, entre otras cosas, viene a mejorar la situación de los hijos o hijas de víctimas de violencia de género cuyo caso se encuentra en proceso judicial, mediante acciones como la suspensión del régimen de visitas al padre maltratador e incluso de la patria potestad.

Para Barrera, “esta ley no pone una solución a aquellos casos familiares en los que no habiendo denuncia, sí existe una separación conflictiva en la que el padre sigue teniendo visitas con sus hijos y amenaza a la madre con hacerles algún tipo de daño, como ocurrió en el caso de Anna y Olivia en Tenerife”. Lorente reconoció que “casi el 80% de las mujeres que salen de la violencia lo hacen a través de la separación y no de la denuncia” y aseguró que “en estos casos, el sistema siempre va por detrás, pero, en esta ocasión, con el agravante de que tenemos herramientas y elementos suficientes para poder ir por delante”.

De esta forma, Lorente aseguró que ante una realidad conocida y en la que pueden prevenirse las situaciones de violencia “no estamos poniendo en marcha todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición de una manera seria, mantenida, continuada y estructural para reducir este espacio de normalidad que se le da a este tipo de violencia, y que se traduce en invisibilidad y anonimato para que los agresores sigan manteniendo dicha violencia de manera impune”.

Barrera y Lorente coinciden en la necesidad de crear un espacio de acción para que la mujer se convenza de denunciar y sea tratada psicológicamente al objeto de asumir el proceso judicial. También se resaltó la importancia de impulsar un protocolo de formación y especialización en perspectiva de género para todos los operadores judiciales que proporcione las claves para entender a estas mujeres, y proteger a las victimas ofreciéndoles los recursos suficientes. Barrera añadió que “desde la Adjuntía de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común hemos establecido una línea de actuación en la que ponemos en conocimiento de Fiscalía aquellos casos de violencia de género que nos llegan a la institución, incluso los remitiremos al Consejo General del Poder Judicial».