Los planes del Gobierno de convertir a España en un país líder en energías limpias están chocando con la oposición de agricultores y vecinos del medio rural donde está prevista la instalación de alguna planta eólica o fotovoltaica de gran tamaño, así como de grupos conservacionistas y expertos en medioambiente que advierten de las nefastas consecuencias que esos recintos cubiertos de placas solares y molinos de gran altura pueden tener para el espacio natural y el paisaje. Todos reconocen la urgencia de pasar de las energías fósiles a las renovables, pero dudan de la fórmula elegida para llevar a cabo esa transición.
Reus (Tarragona), Ponferrada (León), Igualada (Barcelona), Quiroga (Lugo), Chiva (Valencia), Monóvar (Alicante)… Es inacabable la lista de municipios que en los últimos meses han albergado manifestaciones, marchas o tractoradas de protesta o donde han surgido plataformas ciudadanas para alzar la voz contra la instalación de alguna central eólica o solar.
De momento es un movimiento atomizado ligado a proyectos locales, pero se extiende por toda la geografía y va en aumento. Protestan contra situaciones como la que se da en Mula (Murcia), donde cuentan con el segundo mayor parque fotovoltaico de Europa y ahora cuatro nuevas plantas llevarán las placas solares hasta las puertas del núcleo urbano. O en la comarca de Terra Alta (Tarragona), cuyo paisaje está marcado por la masiva presencia de aerogeneradores y ahora contará con otros 160 molinos de más de 150 metros de altura. O en Caniles (Granada), cuyo ayuntamiento y sector agrícola están en pie de guerra contra una central fotovoltaica de 700 hectáreas que obligará a arrancar miles de almendros y olivos para sustituirlos por paneles solares.
La rebelión que vive el campo contra estos grandes proyectos es la expresión más crispada y reciente del frenesí que se ha desatado en el sector de las renovables en el último año y medio. Después de una década en blanco sin apenas crecimiento, el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) redactado por el Gobierno en febrero de 2019 sonó a pistoletazo de salida entre la industria, que se lanzó a promover ‘macroplantas’ en todos los territorios.
El objetivo del PNIEC es que en 2030 las placas solares y los molinos de viento generen en España 89 gigavatios, frente a los 38,7 que producen actualmente. Sin embargo, Red Eléctrica Española reconoce que ya ha concedido permisos de conexión que superan los 150 gigavatios, casi el doble de lo previsto para dentro de una década. En Catalunya, tras la aprobación del decreto ley de noviembre de 2019 que agilizaba la puesta en marcha de plantas de renovables, se han presentado 269 proyectos de estaciones fotovoltaicas que ocuparían 10.000 hectáreas y 127 parques eólicos que albergarían un millar de aerogeneradores.
“El modelo elegido para transitar de las energías fósiles a las renovables fomenta la especulación de los fondos de inversión que están financiando los ‘macroparques’ sin tener en cuenta su impacto en el medioambiente”, denuncia Antonio Sánchez-Zapata, catedrático de biología de la Universidad Miguel Hernández de Elche y uno de los 23 científicos que publicaron en diciembre de 2020 una carta en la revista Nature en la que advierten: “Los nuevos proyectos afectarán a cientos de miles de hectáreas y no hay forma de compensar la enorme cantidad de valiosos hábitats que podrían perderse”.
La controversia provocada por el 'boom' de las renovables está dando lugar a paradojas como la de ver a grupos ecologistas, tradicionales guerreros en la lucha contra el cambio climático, abanderando ahora la batalla contra la producción a gran escala de energías limpias. “Decimos sí a las renovables, pero con planificación y protegiendo la biodiversidad. En este tema, el dónde es muy importante, porque corremos el riesgo de cargarnos lo más importante que tiene un país, que es su territorio”, afirma Asunción Ruiz, directora de la Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife), en relación a las centrales que se han anunciado en zonas de especial valía medioambiental, como el huerto solar de Tabernas (Almería), que invadirá el único ecosistema desértico de Europa, o el parque eólico de la sierra de La Cabrera (León), donde está prevista la construcción de 60 molinos a pesar de ser el hábitat de especies avícolas protegidas.
Ante la avalancha de proyectos de energía renovable, el Ministerio para la Transición Ecológica publicó en diciembre un mapa que clasificaba el territorio en función de su sensibilidad ambiental. “El problema es que ese documento no es vinculante y nadie lo respeta. Los informes de impacto ambiental los elaboran las propias eléctricas, que además trocean las plantas para evitar ser controladas por el Ministerio”, denuncia Luis Bolonio, portavoz de la Aliente, plataforma a la que se han adscrito 270 investigadores y académicos para promover “una transición energética a las renovables que garantice la biodiversidad”.
En el mundo rural, el debate ecológico se cruza con el económico. Las centrales eólicas y solares se anuncian como una oportunidad de negocio y el mejor remedio para combatir la ‘España vaciada’, pero los críticos con estas instalaciones sostienen que no generan empleo, ya que funcionan de forma automatizada, y desincentivan la agricultura local.
“Los que no se dedican al cultivo están encantados, porque esos terrenos les van a aportar un dinero que antes no ganaban, pero a quienes explotamos el campo nos están invitando a abandonarlo”, señala Antonio Molina, agricultor de Guadahortuna (Granada) cuya parcela está en medio de la futura central solar de El Navazuelo. Propietarios de su zona que antes ganaban 600 euros al año por hectárea cultivando cebada, ahora recibirán 1.500 por alquilársela a las eléctricas. “¿Y ahora qué hago yo con los olivos que planté hace dos años? ¿Los arranco y me voy?”, pregunta.
El conflicto de las renovables ha saltado a la política. El acuerdo de gobierno firmado por ERC y Junts contempla una moratoria para todas las plantas eólicas y fotovoltaicas proyectadas en Catalunya. En el sector energético están alarmados ante la perspectiva de paralizar las inversiones hechas y previstas. “No hay tiempo que perder. Las plantas de renovables son necesarias y no es cierto que dañen el medioambiente. Estigmatizarlas es irresponsable”, afirma José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica.
En opinión de Heikki Willstedt, director de políticas energéticas de la Asociación Empresarial Eólica, el alarmismo que se ha desatado en algunos territorios es infundado. “La avalancha de proyectos ha asustado a la gente, pero la mayoría de las plantas anunciadas no se van a construir, porque antes deben superar varios filtros técnicos y administrativos. Pido un voto de confianza”, declara este portavoz de la industria eólica.
Quienes se oponen a las grandes centrales de renovables no rehúyen el debate del reto climático, pero proponen otro modelo. “Las placas solares se pueden situar sobre los edificios y en áreas industriales sin dañar el espacio natural. La alternativa es el autoconsumo, el ahorro energético y la producción de electricidad a pequeña escala”, explica Luis Bolonio.
¿Esa fórmula permitiría al país pasar de las energías fósiles a las limpias? Hay estudios que lo afirman, como el ‘mapa solar’ elaborado recientemente por el Ayuntamiento de Pamplona, que estima que la ciudad obtendría el 76% de la energía que consume si cubriera sus tejados de paneles solares. Sin embargo, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha advertido: “Con el autoconsumo y las comunidades energéticas locales no es suficiente para llevar a cabo la transición que necesitamos. Las grandes plantas son imprescindibles”. En opinión de Ismael Morales, portavoz de la Fundación Renovables, el modelo que se está aplicando adolece de falta de equilibrio: “Se ha apostado por las grandes explotaciones. Si se fomentara el autoconsumo y las pequeñas centrales de igual manera, muchas de las ‘macroplantas’ eólicas y solares que hay proyectadas serían innecesarias”, asegura este experto.
