Un matrimonio homosexual formado por hombres ha podido acogerse a la deducción de la maternidad sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por primera vez en el Archipiélago después de que el Tribunal Económico-Administrativo Regional de Canarias les reconociese el derecho a poder hacerlo. Un hecho «sin precedentes» a nivel estatal que ha servido para crear jurisprudencia, según asegura Pablo Tejedor, el abogado del despacho especializado en procedimientos tributarios, Hublo Legal, encargado del caso.

Fue en 2017 cuando Francisco José Grimón Domínguez buscó ayuda profesional para iniciar el procedimiento que les posibilitara a su pareja y a él poder beneficiarse de esta deducción estatal que permite «minorar la cuota diferencial del IRPF hasta en 1.200 euros anuales por cada hijo menor de tres años», según recoge la página de la Agencia Tributaria. Un derecho que, hasta ese momento, era exclusivo de las mujeres. «El problema es que la deducción se aprobó antes que la legalización del matrimonio homosexual –en 2002 lo primero y en 2005 lo segundo–, por lo que intrepretamos que no se podía extender a los matrimionios homosexuales, sobre todo los compuestos por hombres, porque en su momento no estaban reconocidos», señala el letrado. Así lo reconoce también la propia entidad estatal en un informe elaborado a raíz de la reclamación.

Una situación que desde Hublo Legal decidieron poner en conocimiento del Diputado del Común en Canarias. El caso fue derivado a la recién estrenada oficina de Igualdad y Violencia de Género cuya responsable es la adjunta Beatriz Barrera. «Nosotros lo vimos claro desde el principio. Abordarmos todos los temas que tienen que ver con Violencia de Género e Igualdad, esta última en todos los sentidos, por lo que nos parecía lógico que si una pareja de lesbianas puede acogerse a esta deducción también pueda haberlo una pareja de hombres ya que los roles familiares han ido evolucionando», asevera.

A pesar de ello, al tratarse de un impuesto estatal, desde la Diputación del Común regional no tenían «competencias» para abordar el caso, por lo que lo remitieron al Defensor del Pueblo que lo trató desde su área de Hacienda. No obstante, «la estrategia se armó desde Canarias», apunta Barrera.