Personal sanitario del centro penitenciario Tenerife II reivindica su integración en el Servicio Canario de Salud (SCS) para que la atención a la población reclusa sea más eficaz. Un enfermero de dicho recurso, Manuel de Prado, manifiesta que la pandemia ha puesto de relieve la importancia de que el Gobierno autónomo empiece a dar los pasos para alcanzar esa fusión. Dicho profesional recuerda que la medida ya se recogió en la llamada Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud del año 2003, según la cual debe incorporarse la sanidad penitenciaria a los servicios autonómicos de salud. Pero 18 años después no se ha logrado en el Archipiélago ni en la inmensa mayoría de las comunidades españolas.

De Prado, que habla en representación del sindicato CSIF. Manifiesta que los delegados de esta organización pidieron en enero del presente año un cribado y la vacunación de la población reclusa de Tenerife II a la Consejería de Sanidad. En el CSIF critica que la respuesta de dicho departamento del Ejecutivo autónomo fue que los delegados de prevención de prisiones «no eran un asunto de la comunidad autónoma y que debían dirigirse a la administración central».

“Cuando surgió el brote en la prisión Tenerife II (en la primera quincena de mayo), realmente estábamos muy perdidos, porque no teníamos un contacto directo ni una referencia clara para exponer el problema en el área de Salud Pública de la Consejería de Sanidad”, explica. Aclara que “en los primeros momentos nos movimos nosotros”. Recuerda que un domingo se hicieron test de antígenos y aparecieron cuatro casos positivos a la vez. Al día siguiente, los cinco enfermeros que estaban de servicio debieron realizar un cambio en sus planes de trabajo y empezar con el cribado. Así pudieron hacer las pruebas PCR a 150 reclusos y fueron detectados 20 contagios de Covid-19.

En opinión de Manuel de Prado, la labor desempeñada por todo el equipo del Laboratorio de Microbiología del Hospital Universitario de Canarias (HUC) fue ejemplar, desde el personal administrativo hasta su directora, puesto que facilitaron los materiales adecuados para hacer las mencionadas pruebas. “A partir de ahí, tuvimos que buscar los contactos adecuados en Salud Pública, después de llamar a unos teléfonos y otros; ni siquiera sabíamos a quién dirigirnos”. El citado enfermero explica que la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias cuenta con un departamento de Salud Pública, “pero es un órgano burocrático, al que se le notifican las enfermedades de la población reclusa, pero no tiene personal propio” para atender una contingencia como un brote en una prisión determinada.

De Prado cree que la sanidad penitenciaria y el Servicio Canario de Salud “deben dejar de caminar en paralelo”. “Hay una necesidad de incorporarnos al Servicio Canario de Salud para que todos estos trámites sean más directos, más rápidos, como si ocurriera en cualquier centro de salud”, dice, a la vez que apunta que “el seguimiento de la pandemia debe estar unificado y centralizado”. A raíz de la expansión del coronavirus, por ejemplo, Salud Pública ha tenido que dar de alta a los presos que no se hallan en el sistema de salud por diferentes circunstancias: por ser extranjeros, personas que no han cotizado nunca, reclusos que dejaron de ser beneficiarios de sus padres cuando estaban en la cárcel o aquellos que dependían de sus progenitores pero estos fallecieron, por ejemplo.

Un ejemplo de las trabas burocráticas existentes en estos momentos se produjo el pasado año. El ya extinto Sindicato de la Sanidad Penitenciaria planteó al Ministerio de Sanidad la disponibilidad de sus profesionales para ayudar durante la pandemia. La respuesta del citado órgano del Gobierno del Estado fue que los profesionales sanitarios penitenciarios dependían del Ministerio del Interior y que, por tanto, las indicaciones se las darían a Interior, para que este las transmitiera a los médicos y enfermeros de las cárceles.

Para De Prado, ahora lo más importante es que el actual consejero de Sanidad, Blas Trujillo, “se siente con nosotros para ver las necesidades que existen e iniciar el proceso de integración”. Durante el 2016, el Parlamento canario aprobó, a instancias de Podemos, una Proposición No de Ley (PNL) para pedir al Gobierno autónomo que asumiera las competencias de la sanidad penitenciaria”. Según el mencionado enfermero, “ahora Podemos está en el Gobierno canario y parece que se ha olvidado”. A juicio de Manuel, la medida tendría efectos positivos en la atención a la población penitenciaria. Por ejemplo, en estos momentos, los médicos y enfermeros de las cárceles del Archipiélago no tienen acceso al historial clínico de cada interno antes de que entrara en el centro. Solo el Gobierno vasco y el de Navarra han asumido la sanidad penitenciaria. Y los ejecutivos de Andalucía y Baleares están en conversaciones para llevar a cabo la integración. “A nosotros, al menos, nos gustaría tener esas conversaciones”, señala.

Controlado el brote de covid-19 en un centro con 930 presos

Manuel de Prado recuerda que “cada vez hay menos médicos en las prisiones y no se cubren las plazas, lo que supone que haya un déficit en la atención a los presos”. En estos momentos, en el centro penitenciario Tenerife II hay unos 930 internos. A estos hay que sumar unos 60 que están en la cárcel de La Palma, los reclusos de las dos prisiones de Gran Canaria, así como los de Tahíche, en Lanzarote. En total, en Canarias puede haber una población reclusa de unas 3.000 personas en total. Según Manuel de Prado, más del 50 por ciento de esas personas tienen graves patologías psiquiátricas, infecciosas o de drogodependencias. La prisión Tenerife II comienza a recuperar la normalidad tras quedar controlado el brote de Covid-19 que, desde el pasado 10 de mayo, afectó a 43 internos e internas del centro, según informó ayer el Ministerio del Interior. A día de hoy solo tres internos permanecen en cuarentena. Los 40 restantes ya han recibido el alta epidemiológica, de manera que no hay ningún módulo en aislamiento. Tan solo permanece cerrado el módulo 1 destinado a hacer cuarentenas por Covid-19 desde que comenzó la pandemia. La principal consecuencia es que el centro comenzó ayer mismo a recuperar la normalidad. De esa manera, las personas privadas de libertad comenzarán a salir de nuevo a diligencias judiciales y para consultas médicas. A partir del lunes se reabrirán además las comunicaciones ordinarias, las que se realizan a través de locutorio. Además, se espera que esta vuelta a la normalidad suponga también que la semana próxima se reanude la vacunación de la población penada. Ayer mismo comenzó la inmunización, con la segunda dosis, de los funcionarios y el resto del personal que trabaja en el citado centro penitenciario, el principal de la provincia occidental.