Los ministerios de Educación y Universidades apuestan por clases totalmente presenciales el próximo curso en los niveles superiores. La ministra de Educación, Isabel Celaá, no prevé que siga indefinidamente la asistencia semipresencial en algunos cursos de ESO y Bachillerato y anunció ayer que su departamento y el de Sanidad se reunirán la próxima semana para «prefijar» en qué condiciones se trabajará en el período lectivo 2021/2022.

Junto al ministro de Universidades, Manuel Castells, Celaá explicó ayer las principales líneas de inversión del Plan de Recuperación, transformación y Resiliencia de sus departamentos. Detalló que la digitalización, la Formación Profesional y la modernización del sistema educativo serán los programas receptores de los 4.687 millones de fondos europeos.

Celaá recordó que «España tiene el honor de haber tenido todas las aulas abiertas en el curso 2020/2021, sin superar en ningún momento el 2% de clases cuarentenadas, gracias al esfuerzo de todos». Pero reconoció que los alumnos de 1.º de Bachillerato, 2.º y 4.º de ESO han seguido las lecciones de forma semipresencial, una modalidad que espera que no se perpetúe el próximo curso.

A pesar de su apuesta por la presencialidad, la responsable de Educación destacó la inversión de 827 millones de los fondos europeos en la creación de 240.000 aulas digitales en tres años, «necesarias para la renovación de la pedagogía y para que el alumno esté donde esté pueda recibir lo que dice en clase», afirmó y defendió la decisión adoptada el pasado año para una EBAU presencial tras «mucho trabajo» de alumnos y docentes. La ministra reveló que un 80% de estudiantes logró superar las pruebas, por lo que insistió en que «no hay polémica en la comunidad educativa por la EBAU del año pasado».

También descartó que haya alumnos que no puedan acceder a la universidad por un motivo económico y, tras recordar que las tasas de la EBAU las fijan las comunidades, destacó que los Gobiernos autonómicos dan ayudas donde consideran pertinente hacerlo para que los estudiantes se puedan presentar a la prueba.

Educación ha decidido destinar 670,9 millones de euros a la creación de más de 60.000 plazas de primer ciclo de Infantil de titularidad pública para extender la escolarización de este ciclo y compensar los efectos de las desigualdades de origen socioeconómico. Una inversión inicial y un «impulso adicional» del Gobierno que Celaá espera que continúe en 2024, ya que la educación «es el motor económico que nos permite ser competitivos». Por eso, expresó también su esperanza de que en 2024 «algunas personas sigan viviendo para continuar con este estímulo», tras revelar que en la actualidad solo una media del 40% de alumnos de este ciclo acuden a las aulas.