Los inspectores de Salud Pública detendrán sus controles en mataderos, piscinas, supermercados y restaurantes a partir del 31 de mayo, en una huelga que han planteado postergar, en principio, hasta al menos el 31 de septiembre. El colectivo asegura haberse visto obligado a tomar esta decisión tras más de una década advirtiendo a la Administración competente – en este caso, el Servicio Canario de la Salud– de las deficiencias que se encuentran en el sector desde hace años.
«Tenemos una falta flagrante de recursos humanos, materiales y de transporte», señaló Jafet Nonato, representante del colectivo, en una rueda de prensa celebrada ayer para presentar los motivos de este paro, el primero de la plantilla. A esta situación de escasez se suma el hecho de que no existe un marco regulatorio que permita unificar los criterios de trabajo ni dar cobertura a situaciones extraordinarias como la atención a alertas sanitarias urgentes o la atención a guardias localizadas. De hecho, uno de los problemas con los que se están encontrando es que en Gran Canaria, los inspectores sufren «impotencia» al encontrarse en «un ambiente laboral hostil» que, según Blanca Marrero, inspectora de la isla, «raya lo despótico».
Los inspectores irán a la huelga a partir del 31 de mayo
El cuerpo de inspectores en Canarias está dotado de 125 profesionales, que pueden ser bien especialistas en veterinaria o farmacia. Esta plantilla lleva «desde 2007» sin ser ampliada, a pesar de que la población flotante ha aumentado mucho en ese tiempo –se ha paralizado con la crisis de coronavirus– y que las necesidades de inspección han ido siendo cada vez más exigentes, especialmente por las peticiones de Europa. Además aunque desde la Administración pública se han promocionado varios procesos selectivos, «solo han servido para consolidar al personal, no para mejorar su situación».
Canarias se ha quedado así a la cola de España en un aspecto más:la inspección de salud pública. Este número tan bajo de efectivos equivale a que el Archipiélago cuenta con un profesional de estas características por cada 25.000 habitantes, la mitad que en el resto de España donde la tasa media es de uno por cada 12.000 habitantes. «En algunas comunidades es incluso mayor, como en el caso de Galicia», resaltó el representante de los trabajadores.
La falta de medios materiales es otro de los obstáculos con los que se encuentran los inspectores a la hora de ejercer su trabajo. «Estamos trabajando sin equipos adecuados, a muchos lugares acudimos con termómetro, clorímetro y bolígrafo», asegura Nonato. Asimismo, los inspectores denuncian que carecen de suficientes oficinas para poder ejecutar su labor y están obligados a desplazarse en su vehículo particular por un precio por kilómetro «irrisorio». Este último conflicto es utilizado por los trabajadores para ejemplificar cómo la Administración pública les ha hecho sentirse «engañados y estafados», progresivamente. Y es que, cuando a mediados del 2019 solicitaron a la Consejería de Sanidad una solución, esta le propuso desplazarse en transporte público, siendo la contribución de la Administración el procurarles un bono de guagua. Para los trabajadores esta nunca ha podido ser una solución, dado que «hay islas –especialmente las no capitalinas– donde la red de guaguas es irrisoria», mientras que hay zonas imposibles de alcanzar con la red de transporte público que existe en las capitalinas.
