A pesar de la deriva mitigacionista de la Ley de Cambio Climático estatal, Canarias ya está preparándose para tomar medidas con el objeto de adaptarse al cambio climático. Una de ellas, como adelantó el consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, Antonio Valbuena, es la de revisar los edificios e infraestructuras que se encuentran en las costas, dado el peligro inherente de la subida del nivel del mar.

Y es que, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC), espera que en Canarias el mar recupere al menos un metro de tierra de aquí a finales de siglo, lo que va acompasado de más intrusiones de agua marina, inundaciones o mayor impacto de los temporales marinos. “Vamos a revisar el planeamiento de las zonas costeras para realizar una ordenadación de la ocupación en esos lugares”, indica Valbuena, que señala que ahora es el momento de empezar esta labor para “adelantarnos” y evitar las peores consecuencias del cambio climático en estas zonas. Tampoco se podrá construir más en las costas, tal y como queda contemplado en el anteproyecto de ley de cambio climático. “Se deberán tomar medidas orientadas a la liberación de usos en la franja litoral mediante la minimización de la presión urbana”, reza el texto. “En 80 años lo que ahora es tierra pasará a ser mar”, insiste el consejero del área, que admite que aún no tiene cerrada la fórmula para realizar esta tarea, que también tocará a edificios que se hayan construido cerca del mar, como viviendas o incluso algunos hoteles. La mayoría de la ordenación del territorio estará avalado bajo la Ley del Suelo, que en sus reglamentos determinarán los contenidos mínimos que deberán tenerse en cuenta para garantizar la perspectiva climática, tal y como reza el Anteproyecto de ley.

En este sentido, tras proceder en la Estrategia Canaria de Lucha frente al Cambio Climático a identificar esos espacios, sectores y ámbitos más expuestos a riesgos, serán las administraciones competentes en los planes de acción autonómico, insulares y municipales las encargadas de elaborar los mecanismos de adaptación específicos que sean necesarios, para la reducción de dichos riesgos e implementación de las medidas identificadas.

Para ello, se realizará e incorporará la evaluación económica de las medidas y soluciones técnicas a adoptar, priorizando las mismas en base al criterio coste-beneficio, donde el beneficio tendrá en cuenta tanto la población, como los bienes materiales y el patrimonio natural afectado frente al coste económico de la adopción de las medidas. Estas directrices de ordenación del litoral se tendrán que llevar a cabo en un plazo máximo de 3 años tras la entrada en vigor de la Ley de Cambio Climático de Canarias.