Canarias está decidida a ser neutra en emisiones para el año 2040, una década antes que lo que se ha fijado el resto del Estado en la Ley de Cambio Climático. Así lo confirma el consejero de Transición Ecológica, Antonio Valbuena, quien resalta que “no tendría sentido tener el mismo objetivo temporal”, dado que el Archipiélago tiene una fragilidad mucho mayor con respecto al cambio climático que el resto de comunidades autónomas.
La reciente Ley de Cambio Climático nacional, aprobada con un retraso de casi una década, según los expertos en la materia, le queda muy holgada a Canarias. “Es preocupante que una ley de este calado no tenga una consideración especial a Canarias como región ultraperiférica y archipiélagica”, señala el oceanógrafo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Aridane González. Y es que esta nueva legislación, que regulará la actuación de España frente al calentamiento global en los próximos 40 años –en principio los objetivos están puestos hasta 2050– no tiene en cuenta las particularidades de las Islas, que por otro lado, serán las más afectadas por este fenómeno.
Para Valbuena sin embargo, no supone un problema que las distinciones de Canarias no aparezcan reflejadas en el texto legal. “La Ley tiene una cobertura nacional y, como tal, hace hincapié en la fragilidad estatal en su conjunto”, insiste el consejero, que hace hincapié en que serán las normativas autonómicas las que vengan a suplir esas carencias normativas. “A nosotros nos sirve como punto de partida, y como impulso para nuestra ley”, insiste.
La nueva ley estatal tiene un carácter inminentemente mitigacionista. Lo indica Abel López, geógrafo y miembro de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna (ULL), que aunque considera la Ley necional un buen punto de partida, no acaba de tener una utilidad clara para las Islas por su falta de “ambición”. “Lo que necesitamos es trabajar la adaptación al cambio climático como una forma de garantizar las consecuencias del mismo”, explica el investigador, que recuerda que el impacto de este fenómeno en las Islas va a poner en jaque a “un sector tan vulnerable como el turismo”.
La normativa que se aprobó a principios de mes en el Congreso de los Diputados, de hecho, emplaza a futuras mesas de trabajo la redacción de un plan de adaptación para toda España. Por lo pronto, los esfuerzos en el país se centrarán en dos medidas fundamentales: la reducción de emisiones y la transición energética. Por un lado, España pretende rebajar un 23% sus emisiones netas de aquí a 2030, lo que supone 222 millones de toneladas de dióxido de carbono. En el Archipiélago se pretende rebajar sus emisiones un 37% con respecto a 2010 –aunque los número de entonces son similares a los de 2019–. El Gobierno estatal invertirá un total de 200.000 millones de euros en estos próximos nueve años para lograr avanzar en la neutralidad climática que se pretende para 2050. En otras palabras, para entonces se pretende que las emisiones de España estén por debajo de su capacidad para captarlas a través de los sumideros de carbono (bosques y océanos).
El objetivo estatal gira entorno a una única fuente de carbono: el coche. Y es que prácticamente el 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España (con datos de 2019) la produce el sector del transporte, y una gran parte el de carretera. Por esta razón, la ley aboga por un cambio total en el parque móvil para el año 2050. La meta es que en ese año no haya ni un solo coche de gasolina o gasoil circulando, es decir, que lo que impere sean los vehículos eléctricos. Para conseguirlo, la industria manufacturera debe dejar de vender estos coches en tan solo 19 años, es decir, para 2040. Las emisiones de gases invernadero en Canarias son muy pocas, apenas representan el 0,1% del total mundial. “Los gases de efecto invernadero no son el problema; nosotros vamos a pagar las deudas de otros territorios a un precio mayor”, insiste Vabuena.
Zonas de bajas emisiones
En este sentido, la normativa estatal también configura dos figuras: la de los planes de movilidad sostenible y la de zonas de bajas emisiones. La primera afectará a los municipios de más de 50.000 habitantes, lo que se traduce en nueve ciudades canarias: Arrecife (Lanzarote), Las Palmas, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía y Telde (Gran Canaria), Arona, Granadilla de Abona, La Laguna y Santa Cruz (Tenerife). Estos municipios estarán obligados a mejorar su calidad del aire ya sea limitando la entrada de vehículos, fomentando la red de transporte público o estableciendo vías solo para vehículos eléctricos. Asimismo, todas tendrán que establecer una zona de bajas emisiones donde se restrinja directamente el acceso a los vehículos más contaminantes para mejorar la calidad del aire. Los municipios de más de 20.000 habitantes –una treintena en Canarias–, que además cuenten con una mala calidad del aire, también tendrán que establecer una zona de este tipo.
“En determinadas ciudades, además, se quiere que en algunas calles prevalezca el peatón frente a los coches, así como la recuperación de espacios verdes”, argumenta el consejero del área, que añade que también se buscará reemplazar las infraestructuras públicas para hacerlas más climáticamente eficientes. Pero los expertos insisten en que esta ley estatal también debería reflejar las condiciones y singularidades de Canarias en este aspecto. “La movilidad, la transición, la mitigación y la adaptación en cualquier ámbito es mucho más complejo en islas que en el continente”, remarca Aridane González.
75% de energía renovable
La Ley de Cambio Climático tiene otra vertiente, y es dar un impulso decidido a las renovables. El sector eléctrico en estos momentos representa algo menos del 14% de las emisiones de gases de efecto invernadero en España, así que cambiar la forma de captar esta energía puede favorecer asimismo a la mitigación. El texto normativo contempla aumentar hasta el 42% la penetración de energías renovables (frente al 20% actual) en 2030, logrando que para entonces, la generación eléctrica sea un 74% renovable (frente al 40% actual). “Los objetivos de la ley son alcanzables”, indica González, quien estima que en España tenemos suficiente potencial para ello. Lo mismo sugiere López, que incluso señala que “dada la rápida velocidad a la que avanza el cambio climático, podríamos decir que son escasos”. “Para poder tomarle la delantera hace falta adelantarnos a él y ser muy ambiciosos con los objetivos que nos marquemos”, explica López. En el caso del oceanógrafo de la ULPGC, la preocupación reside en que “al ser una ley tan transversal (como debe ser) se diluya o se intente modificar cada legislatura con cambios de gobiernos”. Cabe recordar que otros países como Reino Unido han fijado la reducción de emisiones para 2030 en un 78% y que incluso la Unión Europea se ha fijado una meta más ambiciosa que la de España, en un 55% de reducción. Canarias no obstante, conoce sus debilidades y por eso apuesta por una legislación propia que pueda pilotar para los próximos años el necesario cambio de paradigma que requiere la emergencia climática. Valbuena espera que para antes de final de año el Archipiélago pueda contar con una legislación propia que le permita no solo mitigar su pequeña aportación al calentamiento global, sino que esté dirigida especialmente a adaptarla a las condiciones de vida extremas a la que le va a abocar el cambio climático.
