Kenia García se define a sí misma como “trabajadora sexual” y es integrante del Colectivo Prostitutas de Sevilla, que engloba a mujeres que ejercen esta actividad en varias partes de España; ella, por ejemplo, reside en La Coruña, en Galicia. Frente al movimiento feminista que propugna la abolición de la prostitución en España, alza la voz para pedir que, por el contrario, esta actividad se despenalice y se acabe así con lo que ella califica como “Estado proxeneta”, que, lejos de reconocer y proteger a las personas que se dedican a ella, las hostiga con multas. 

¿Por qué habría que regular la prostitución?

Es importante aclarar que el movimiento de trabajadoras sexuales reivindica la despenalización, no la regulación, porque es un modelo que beneficia a terceros y a los gobiernos a la hora de recaudar impuestos y vulnera derechos, como hemos visto en Alemania y los Países Bajos. El modelo de despenalización deroga las leyes que criminalizan a las trabajadoras sexuales, pone en el centro sus derechos y garantiza su protección.

¿Cómo son las condiciones laborales de las personas que ejercen esta actividad?

En el caso de las personas que, por voluntad, han decidido ejercer la prostitución, al no estar reconocido como trabajo, nos hallamos desprotegidas. Por ejemplo, las que trabajan en clubs sufren explotación, no sexual, sino laboral, porque en muchos casos tienen que cumplir jornadas maratonianas y pagar hasta por los preservativos. Y como no tenemos nóminas, no podemos acceder a un contrato de alquiler, bajas y prestaciones. Despedirnos sale gratis. Con una facilidad pasmosa, nos dicen que nos demos de alta como autónomas, pero las cuotas son inalcanzables. Es injusto que paguemos a un Estado que no nos protege ni nos reconoce.

¿Cómo ha empeorado la vida de estas personas por el covid?

Se nos ha excluido del escudo social y la ministra de Igualdad ha pedido que cierren los clubs sin ofrecer soluciones reales tanto habitacionales como económicas. Esto hace que haya trabajadoras pasando hambre y sufriendo desalojos. Y en el caso de las compañeras en situación administrativa irregular, es todo aún más trágico.

¿Por qué ningún gobierno ha regulado la prostitución?

Está parcialmente regulada por ordenanzas municipales y la ley mordaza. Pero ningún gobierno ha tenido la voluntad de afrontar esta realidad y reconocer el trabajo para miles de personas. Tras la prostitución hay intereses económicos y de control migratorio. Y tras los clubs de alterne, mucha corrupción que involucra a las fuerzas de seguridad y también a altos cargos. Las redadas contra la trata en realidad son cacerías contra la inmigración porque muchas mujeres acaban con expedientes de expulsión e incluso en un CIE.

¿Cómo afecta a las trabajadoras las ordenanzas o la ley de seguridad ciudadana?

Ambas ponen en peligro su seguridad porque tienen que retirarse a sitios apartados para captar a sus clientes fuera del alcance de la policía, que en vez de protegerlas las hostiga, con multas a ellas o a los clientes. Y las empobrece, porque para pagar las multas tienen que hacer más servicios, de ahí que hablemos de un Estado proxeneta. El Grupo Antígona ha mapeado las ordenanzas y en un informe evidencia que se sanciona más a las mujeres que a los clientes y, que en muchos casos, son perfiles de trata.

¿Considera que la despenalización acabará con la trata?

La despenalización protege, garantiza, mejora vidas y elimina esa fosa de clandestinidad, que es el escondrijo para las mafias. No sé si algún día eliminaremos la trata, pero habría una reducción drástica si se derogase la ley de extranjería. Esa ley obliga a las mujeres a pasar años en situación irregular, a merced de abusos, fomenta la trata y las redes de tráfico para cruzar fronteras... da poder a los delincuentes.

¿Entiende el debate abolición contra regularización en el movimiento feminista?

Es un debate falso. Lo derechos de las personas no se debaten. El sector abolicionista, que también se opone a los derechos de las personas trans, niega, no solo derechos, sino capacidad de autonomía. El estigma que sufrimos las trabajadoras sexuales es tan fuerte que nos paraliza, aun más cuando nuestros discursos no encajan con la víctima perfecta. A medida que superamos el estigma y exigimos respeto, nos difaman y la violencia para silenciarnos crece. Nuestros testimonios son incómodos porque evidencian un sistema estructural de explotación, violencia institucional, desigualdades, pobreza, persecución migratoria, corrupción y falta de voluntad política.

¿Cree que las personas que ejercen la actividad voluntariamente la dejarían si les ofrecieran trabajos bien remunerados?

Muchas sí y muchas no. Hasta ahora las opciones para abandonar la prostitución son empleos mal pagados, contratos basura; es una pescadilla que se muerde la cola porque es de estos sectores tan precarizados desde donde muchas acaban en la prostitución. También hay quienes preferimos el trabajo sexual por otros motivos, como la conciliación familiar o porque es una manera de independizarse del patrón. Hay que respetar nuestras decisiones.