Los permisos de circulación venezolanos ya no serán válidos en España, este lunes se suspendió el convenio que permitía canjear estos permisos por el carné de conducir español. Desde 2018 la policía investiga licencias de circulación venezolanas falsas, que ya estaban homologados o se encontraban en trámite. En Tenerife hay, actualmente, casi 200 investigados en un solo expediente. Los afectados son detenidos por la policía acusados de falsedad documental y puestos en libertad con antecedentes.

Hasta ahora el canje de permisos entre España y Venezuela se regulaba por un convenio recogido en el Boletín Oficial del Estado (BOE) 210 desde 2005 y modificado en 2019, añadiendo que, como requisito adicional, tienen que estar expedidos originalmente en tarjetas plásticas. El documento certifica que ambos países reconocen la validez de los permisos de conducción emitidos por el otro. Para asegurar la validez de los permisos en España, era necesaria la confirmación de las autoridades venezolanas. Además, se especifica que, de haber dudas en la autenticidad de los carnés, estos se devolverán al estado emisor para verificar su validez. Sin embargo, aún habiéndose realizado estos procesos y obtenido el cambio de la licencia venezolana al permiso de conducción español, existen personas afectadas por esta investigación, según explica el abogado José Antonio Carrero.

“Aún cuando Venezuela haya acreditado la validez de esos permisos y la Dirección General de Tráfico (DGT) haya aceptado el canje, puedes ser investigado y acusado”, además añade que el problema es que “a esta gente que ha obtenido sus permisos legítimamente, al detenerlas cuentan con antecedentes“. La consecuencia de esa mancha en el expediente radica en el estado de residencia de las personas afectadas, si son solicitantes de asilo, no podrán conseguirlo, y si tienen tarjeta de residencia por razones excepcionales, no se la renovarán, por lo tanto, estas detenciones marcarán la estancia del afectado en el territorio español.

Incluso las personas que han solicitado el cambio tras la ruptura del convenio entran en el cúmulo de posibles investigados. “Tengo certeza de cuatro personas que están siendo investigadas y, por lo tanto, se les ha puesto antecedentes, simplemente por solicitar el cambio, en lugar de denegarles la cita”, asegura Carrero.

El origen se encuentran los requisitos que impone Venezuela para la expedición de las licencias. España reconoce los requisitos técnicos impuestos recogidos en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela en 2008, el equivalente al BOE español. “Desde entonces los requisitos han variado mucho y con la crisis humanitaria que vive Venezuela las licencias se expiden de cualquier manera” asegura Carrero, entre ellas se encuentran las emitidas en PDF o papel.

En España se aceptan seis tipos de licencias , las que se investigan no entran dentro de esas categorías, pero sus portadores defienden que no eran conscientes de ese hecho. Estos nuevos permisos se comenzaron a detectar en Madrid, cuando la policía se dio cuenta de que los riders portaban unos permisos de conducción que consideraban falsos. Entonces se suspendieron las homologaciones y se volvieron a retomar en 2019.

En ese momento se abrió una investigación en diferentes provincias españolas para detectar otros casos de supuestas falsificaciones. “La gente obtuvo sus permisos en Venezuela de manera legítima y no sabía que había unos buenos y otros malos, les tocaba el que tocaba” defiende el abogado.

Una de las respuesta que han obtenido los afectados por parte de la Policía Nacional es que la página del Instituto Nacional de Transporte Terrestre, el equivalente a la DGT en Venezuela, es fácilmente hackeable, lo que haría proliferar las falsificaciones y las personas que pagan por conseguir los permisos sin realizar las pruebas necesarias.

Con la ruptura del convenio, las personas venezolanas que quieran conducir en España tendrán que pasar las pruebas teóricas y prácticas pertinentes en el estado español. Además, a las personas que se les detecte un carné “falso” serán acusadas de falsificación de documentos. Carrero recalca que “las personas investigadas obtuvieron el carné de forma lícita” y añade que “no tienen culpa de las circunstancias en las que Venezuela expidió las licencias”.