La sentencia que anula la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2018 está trayendo cola. Después de que la Mesa de Confluencia de Médicos de Canarias publicaran un comunicado defendiendo a los demandantes, dándoles su apoyo por las “reiterados e injustificados ataques que han recibido” e informando sobre su propuesta para reducir el impacto en los trabajadores del SCS que ya han realizado sus exámenes, los sindicatos mayoritarios han salido a la palestra para manifestar su oposición a sus palabras. Satse, CCOO, UGT y Asamblea7Islas han estado de acuerdo en destacar la “insolidaridad” que emana de la posición que ha adquirido la Confluencia y del “chantaje” que se esconde detrás de este ofrecimiento.

Los demandantes han mostrado su intención de solicitar que el fallo que anula el Decreto 188/2018, sea parcial. Es decir, que tan solo afecte a los procesos que aún no han comenzado y no a los que sí lo han hecho durante estos últimos dos años, entre los que se encuentran enfermeras, matronas y fisioterapeutas. No obstante, han supeditado esta oferta a que la Consejería de Sanidad desista de recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que aún no es firme.

Los sindicatos consideran que esta no es una salida sería un error, porque “deja tirados a los compañeros que han aprobado” además de poner su proceso de selección “en tela de juicio”. En este sentido, Satse advirtió de que existen varias sentencias de casos similares que han mantenido todos los actos administrativos firmes que no hayan sido impugnados, por lo que, en caso de que la sentencia del TSJC adquiriera firmeza, entonces “toda la OPE 2018 estaría anulada sin remedio”. “Gracias, pero no”, sentencia el secretario general de SATSE en Canarias, Leopoldo Cejas.

Además de considerar que la Administración debe desestimar de raíz este planteamiento de la Mesa de la Confluencia, los sindicatos insisten en que existe una vía mucho más sencilla para dar por zanjado este problema: aceptar el incidente de aclaración presentado por Sanidad la semana pasada. “Acogerse a esta subsanación es un acto de responsabilidad”, insistió el secretario general de la Federación de empleados de servicios públicos de la UGT, Francisco Bautista, que concluyó que si no son capaces de hacerlo quedará patente que “no son capaces de ser compañeros” y aseveró que entonces “se deben mover por otro interés”. Si no ocurre así, los sindicatos mayoritarios aconsejan a la Consejería de Sanidad mantener su hoja de ruta: presentar un recurso de casación al Tribunal Supremo y, mientras, avanzar en la consecución de procesos de la OPE de 2018.

A la solidaridad también hizo referencia el secretario general del sindicato de enfermería Satse, Leopoldo Cejas, que tras el comunicado de la Mesa de Confluencia criticó su postura y añadió que “no les importa pisar los derechos de sus compañeros: médicos de familia, de urgencias, pediatras… y del resto de categorías profesionales del SCS, hasta unas cifras superiores a las 6.000 plazas que se ofertaban en total”.

Porque los enfermeros, matronas y fisioterapeutas, a pesar de ser los que habían superado las fases implícitas dentro concurso-oposición, no son los únicos agraviados por esta decisión judicial. Octavio Sánchez, del sindicato Asamblea7Islas, aseguró que “hay más de 3.000 plazas de los Grupos C D y E que han quedado afectadas por la demanda”. Entre ellas, se encuentran categorías en los que se integra un número muy importante de trabajadores, como son los celadores o los auxiliar administrativos. Con ellos, además, este sindicato había llegado a un acuerdo con la Consejería de Sanidad para consolidar directamente esas plazas porque “no exigen titulación”. La propuesta estuvo avalada por más de 3.000 personas que “ahora ven que por una decisión de unos médicos no puedan consolidar sus puestos de trabajo”. La representación sindical afirma que “esto está creando una indignación en los hospitales sin precedentes”.

Los sindicatos han sido muy críticos con los demandantes, a los que han acusado de “querer garantizarse una plaza dentro del Servicio Canario de la Salud, evitando tener que pasar por un proceso de concurso-oposición”, como señaló Leopoldo Cejas. “Reivindican quedarse con una plaza fija y ahora que otros lo han conseguido pasando un examen con buenas condiciones, hacen esto”, indicó, por su parte, Bautista. Comisiones Obreras fue más allá y criticó que esta situación ha ocurrido por “un grupo de privilegiados, que se cree por encima de las normas que atan a los restantes mortales, acude a la justicia demandando pasar directamente a fijos por tener más de 50 años”. Los sindicatos han puesto a disposición de los afectados por esta sentencia sus servicios jurídicos y ya planean movilizaciones en los principales hospitales de las Islas.