Sanidad culpa a ayuntamientos y cabildos de ‘colar’ a sus políticos

En esta lista se encuentra la Consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puntallana, Eugenia Rodríguez Rodríguez; la concejala de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad del Ayuntamiento de Puntagorda, Mercedes Candelario Pérez; el concejal de Hospital, Salud Pública, Seguridad y Salud en el Trabajo de Garachico, José Elvis de León Rodríguez; y la concejala de Bienestar de Arafo, Virginia Rodríguez; además del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. La Consejería de Sanidad se quita la parte de responsabilidad de que hayan sucedido estos hechos. En el propio informe, al que ha tenido acceso EL DÍA, Sanidad se ampara en la premura con la que se tenía que acometer la vacunación, que obligó a admitir los listados tan pronto como llegaron. Sanidad lo consideró “como un acuerdo de confianza” entre Sanidad y las instituciones que gestionaban cada centro. “Evidentemente no se solicitaba la relación de residentes ni los contratos de trabajo, ya que son extremos comprobables posteriormente y la premura de acometer la vacunación, que es el objetivo prioritario, no admitía dilaciones”, señala el informe firmado por los directores del Servicio Canario de la Salud y de Programas Asistenciales, Conrado Domínguez y Elizabeth Hernández.

Sanidad le quita además responsabilidad a los trabajadores a la hora de vacunar a algunos de estos infractores a pesar de no estar en los listados, como es el caso de la Consejera de Sanidad de La Palma, Susana Machín. Los sanitarios tenían instrucciones de confirmar con el responsable del centro si en ese momento residía o desarrollaba su actividad laboral en la residencia. Posteriormente se conoció que Susana Machín no residía ni trabajaba en el Hospital Nuestra Señora de los Dolores, dependiente del Cabildo palmero. Para justificar la decisión, el Director Médico de la residencia se basó en la actividad de esta persona en el centro, una relación que, en todo caso, no era laboral.

En el resto de casos descritos, que sí fueron incluidos en los listados de vacunación, Sanidad admite que no los cuestionó una vez llegaron. “No fueron cuestionados por el Servicio Canario de la Salud por entenderse que venían correctamente, y fueron migrados informáticamente a las Agendas de vacunación”, señala. Pero esta explicación no ha sido suficiente para la oposición que considera que Sanidad ha obrado mal al no haber corroborado esta información con anterioridad. Es el caso del parlamentario nacionalista José Alberto Díaz Estébanez, que indicó que “si hay un error o no debían figurar es responsabilidad del propio SCS, que tiene la obligación de controlarlo y contrastarlo”.

PNL para evitar más fraudes

A tenor de los hechos, los miembros de la Comisión de Sanidad aprobaron ayer por unanimidad cesar a aquellos políticos que se vacunen contra la Covid-19 antes de tiempo. Esta iniciativa parte de una Proposición No de Ley (PNL) presentada por la parlamentaria Vidina Espino, portavoz de Ciudadanos, que viene a exteriorizar el “compromiso ético” de todas las fuerzas parlamentarias para velar contra este tipo de “comportamientos insolidarios”.

La proposición aprobada solicita el compromiso de las fuerzas políticas para que bien las personas que se hayan colado en su turno rectifiquen y dimitan, o bien sean los mismos partidos quienes les obliguen a cesar en su cargo.

“Rectificar es de sabios”, impeló Espino haciendo referencia al intento de aprobar una iniciativa similar el pasado 10 de febrero –a propuesta del PP– que, sin embargo, fue rechazada por los grupos que apoyan al gobierno. Dicha propuesta proponía revisar y actualizar el plan de vacunación canario y contenía una enmienda de Ciudadanos realizada en el mismo sentido que esta PNL.

A pesar del acuerdo unánime, el debate no estuvo exento de reproches y tensión. Por un lado, la chispa saltó por el recordatorio de la negativa anterior a la misma propuesta de los grupos que sostienen el Gobierno. “Las cosas se hacen en su sitio y su momento”, insistió María Teresa del Río, portavoz del grupo Sí Se Puede, que echó en cara a Vidina Espino el haber intentado “colar” una enmienda en una iniciativa que nada tenía que ver con eso. Miguel Ángel Ponce (PP), principal precursor de aquella iniciativa, se mostró “especialmente sensible” por la negativa de los grupos de Gobierno a su iniciativa debatida el 10 de febrero. “Si no estaban de acuerdo con el fondo, no entendemos por qué no se nos presentaron enmiendas”, insistió.

Pero este desencuentro fue menor que el que se origino entre el grupo parlamentario socialista y el nacionalista. Marcos Hernández (PSOE) y José Alberto Díaz Estébanez (CC) se enzarzaron en una sucesión de reproches que se germinó por la insistencia de Hernández a aplicar este compromiso de manera homogénea. Hernández se refirió así a los dos cargos políticos de CC, Elvis de León y Virginia Rodríguez, señalados en el informe de la Consejería de Sanidad por haberse saltado el protocolo. “Lo que no vamos a permitir es que nadie nos venga a dar lecciones de nada cuando teniendo casos en su casa, los tapan o solo señalan otros”, expuso el portavoz socialista. Díaz Estébanez por su parte, afeó que el consejero no hubiera “respondido a nada” e insistió en que no es de recibo que hayan accedido a la vacunación cargos políticos de los hospitales, como gerentes y directores de salud, antes que muchos sanitarios.