Producción canaria desamparada

El fabricante de mascarillas Episcan solicita la ayuda de la Consejería de Sanidad, pues es el único que produce material sanitario en las Islas y así cumplir con el Plan Reactiva

Santa Cruz de Tenerife

El dueño de la empresa Episcan, Tomás Martín, critica que el único criterio que se tiene en cuenta en los concursos de las administraciones para adquirir mascarillas es el precio, pero no se valoran otras cuestiones, como los controles de calidad y el respeto a la normativa. Gracias a la labor de 20 empleados, dicha industria produce 75.000 unidades cada día y tiene una reserva estratégica de más de siete millones. En opinión del empresario, el caso de Episcan es una contradicción con lo planteado en el Plan Reactiva Canarias, para favorecer la contratación por el sector público de productos hechos en el Archipiélago.

La andadura de la fábrica de mascarillas Episcan empezó en julio del año pasado, justo después de que acabara el confinamiento por la pandemia y como una alternativa a la actividad de la empresa Publiservic, cuyos contratos cayeron en aquel momento casi al 100 por ciento. El propietario de la nueva sociedad, Tomás Martín, recuerda que todo partió de la idea de poner en el mercado mascarillas publicitarias “y nos dimos cuenta que el aspecto más comercial podía pasar y veíamos que la regulación era muy laxa y podíamos poner en peligro la protección de las personas”. Según Martín, hasta ese momento no había una fábrica en Canaria de productos sanitarios. A día de hoy, Episcan es la única industria que produce este tipo de material en el Archipiélago, aclara. Denuncia que, “a día de hoy, todo material sanitario para cubrir las necesidades de la Sanidad pública de las Islas se sigue importando”. Explica, visiblemente indignado, que por parte de la Consejería no se le ha comprado hasta el momento ni una sola mascarilla destinada a proteger al personal que trabaja en los hospitales, centros de atención especializada o en los centros de salud y consultorios.

“Esta es una empresa que se crea tras el confinamiento para resolver un problema sanitario y que en estos momentos tiene una reserva estratégica de más de siete millones de unidades de mascarillas”, apunta Tomás Martín. Recuerda la contradicción que se produce en esa falta de adquisiciones de su producto y los argumentos del Plan Reactiva Canarias del Ejecutivo autónomo, propuesto para facilitar el impulso de la producción de bienes y servicios en el Archipiélago, así como su contratación por instituciones públicas canarias. Y hace mención a los puntos 5.18 y 5.19 del citado Plan. El 5.18 se refiere al “compromiso para activar la compra pública y las licitaciones de productos elaborados en Canarias y en particular de aquellos que pongan en valor los productos locales que generan menor huella de carbono, favoreciendo la soberanía de abastecimiento de la economía canaria”. Y en el 5.19 plantea el compromiso de “impulsar líneas de apoyo a la producción de material sanitario por parte del sector industrial local canario.”

Según Martín, “estamos intentado sobrevivir con el mercado privado”. Eso sí, reconoce, que desde la Dirección General de Justicia del Gobierno canario le ha adquirido 100.000 mascarillas. Pero es una cantidad muy limitada para una fábrica que produce 75.000 unidades diarias, gracias a la labor de 20 personas en dos turnos. Para Tomás Martín, “si Sanidad se compromete a comprar nuestro producto, podríamos multiplicar por 10 el personal”. Lamenta que, hasta ahora, “en los concursos públicos lo que prima es el precio”, pero no otros factores para fomentar producción y empleo local.

El dueño de Episcan comenta que “hasta la Agencia Española del Medicamento, que nos otorgó la autorización para fabricar mascarillas, nos excluye de su concurso público, supuestamente por no tener la necesaria experiencia”. Ante eso, según Martín, “muchas fábricas de China no tienen por qué respetar nuestras leyes y exigencias cualitativas y sanitarias”.

Para el dueño de Episcan, es importante saber que la licencia de la Agencia Española del Medicamento es obligatoria no solo para fabricar productos sanitarios, sino también para comercializarlos. Si se aplicara la mencionada normativa, aclara el empresario, se evitaría que mercantiles que nada tienen que ver con el sector sanitario ganen concursos con administraciones u organismos públicos.

En opinión de Pedro Campos, asesor jurídico de Episcan, “el problema radica en que nos encontramos con entidades a nivel nacional que no conocen la normativa y los estándares de calidad”. Según este letrado, “no hay unidad de criterio en las contrataciones y eso provoca que se realicen de manera irregular, omitiendo gran parte de los requisitos sectoriales”.

Como ejemplo, Martín y Campos señalan que si un producto tiene el sello CE oficial implica que la empresa que fabrica el efecto en cuestión ha cumplimentado una serie de requisitos y documentaciones por las que se ajusta a la normativa de la UE. Y el dueño de Episcan opina que “en algunas empresas radicadas en China la marca CE y otras normas sanitarias se colocan sin atender a dichas exigencias de control de calidad. Martín defiende que “nosotros cumplimos con la norma 14.683:2019+AC, ISO 9001 , 14001 Y 45001 EMAS III y estamos controlados y certificados por la Agencia del Medicamento, Ministerio de Sanidad y otros organismos públicos y privados; contamos con una profesional química, que avala la fabricación; disponemos de filtrados de aire, para que no nos entre nada de contaminación desde la calle, así como una sala de sobrepresión, con filtrado de aire”. Para Martín, “si se vende barato hay que sacrificar algo; o la calidad, o saltarse la normativa o los derechos humanos”.

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