Un informe realizado por el Servicio Canario de Salud (SCS) ha concluido que el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, se ha vacunado contra la Covid-19 saltándose su turno. El prelado engañó a las autoridades sanitarias al incluirse en la lista de vacunas de curas jubilados donde afirmó residir cuando en realidad vive en una casa a unos cien metros del centro.
En la lista de infractores se encuentran también cinco cargos políticos canarios, tanto insulares como municipales, y entre ellos, Susana Machín, la consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, que se vacunó alegando que tenía un despacho en la residencia Hospital de los Dolores.
Todos ellos recibieron la inoculación durante la primera fase y, la mayoría aparecía en los listados de vacunación del SCS, a pesar de que el Ministerio de Sanidad dejara claro que tan solo se podían vacunar las personas más vulnerables. “Esta relación de personas no están vacunadas de acuerdo a los criterios establecidos en el actual protocolo”, sentenció ayer el consejero de sanidad, Blas Trujillo, en una de sus intervenciones en el Parlamento de Canarias tras ser increpado por varios grupos parlamentarios de la oposición sobre el asunto. “Una de las situaciones más vergonzosas ha sido ir conociendo que algunos han utilizado sus cargos y capacidad de influencia para saltarse los protocolos”, destacó Luis Alberto Campos, diputado de Nueva Canarias, quien indicó que esta “falta de ética” e “insolidaridad”, hace mucho daño “aunque sea un hecho minoritario”. Otros, como el nacionalista Guillermo Díaz Estébanez, llegaron a calificar estos actos de “caradurismo vacunal”.
En esta lista se encuentra la Consejera de Sanidad del Cabildo de La Palma, Susana Machín; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puntallana, Eugenia Rodríguez Rodríguez; la concejala de Servicios Sociales, Sanidad e Igualdad del Ayuntamiento de Puntagorda, Mercedes Candelario Pérez; el concejal de Hospital, Salud Pública, Seguridad y Salud en el Trabajo de Garachico, José Elvis de León Rodríguez; y la concejala de Bienestar de Arafo, Virginia Rodríguez; además del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez.
El prelado recibió la primera dosis de la vacuna de Pfizer el pasado 13 de enero, junto a los sacerdotes mayores que viven en la residencia sacerdotal San Juan de Ávila, las religiosas, responsables del centro, personal de la casa y de la empresa externa que se ocupa de la limpieza. Álvarez engañó a Sanidad asegurando que residía en el geriátrico, sin embargo, vive en una casa contigua, donde no tiene ningún contacto con los internos del centro.
El Obispado Nivariense informó, aun así, en un comunicado y “ante las informaciones publicadas sobre la vacunación de la covid-19” que Bernardo Álvarez estaba incluido en el listado enviado a las autoridades sanitarias.
El obispo no forma parte de los grupos de riesgo establecidos por el Ministerio y la Consejería de Sanidad, donde sí están los residentes y el personal laboral de la residencia. La justificación tanto de Álvarez como del Obispado es que al mantener su domicilio en ese lugar, en concreto en un apartamento adjunto, con cuyos residentes tiene frecuentes contactos y comparte algunos servicios que se prestan, fue añadido a lista de vacunación.
Pero el obispo, no obstante, no vive en la residencia sacerdotal San Juan de Ávila, por lo que no mantienen ningún contacto con los internos, tal y como recogió ayer EL DÍA. El sacerdote vive a cien metros de las instalaciones, en un bloque independiente al del geriátrico, aunque comparte un patio interior.
Algunas de las trabajadoras que sí viven en el centro aseguraron que el cura no vive allí y que ni siquiera “desayuna, ni come, ni cena”. “No tiene contacto con los internos”, afirmó una de las monjas cuidadoras de los residentes.
Por otra parte, Susana Machín ni siquiera aparecía en el primer listado que se remitió a la Consejería de Sanidad. Fue más tarde, cuando los sanitarios se encontraban en plena faena en el Hospital de los Dolores, cuando el director médico del centro les dio instrucciones de que también había que vacunarla, dado que tenía uno de sus despachos allí e interactuaba con pacientes, familiares y el resto de trabajadores de manera continua.
Las justificaciones han sido diversas y parten desde que los responsables del centro sociosanitario lo requirieron, como es el caso de la concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puntallana, Mercedes Candelario o el concejal de servicios Sociales de Garachico, Elvis de León; hasta que simplemente el susodicho cuenta con un despacho en la residencia de ancianos en la que tocaba la vacunación o que es responsable del centro. Pero ninguna de ellas es válida.
Una vez culminado este informe, Sanidad pone la pelota en el tejado de las instituciones.
La consejera de Sanidad palmera se vacunó en el Hospital de Los Dolores, alegando que contaba con un despacho allí.
El prelado lagunero afirmó que su vivienda se encontraba en la Residencia Sacerdotal San Juan de Ávila.
El concejal de Servicios Sociales lo hizo porque así se lo indicó la directora del Hospital-Residencia de Garachico.
Se vacunó en la residencia de mayores María Auxiliadora porque su actividad diaria estaba ligada al geriátrico.
La concejal de Servicios Sociales se vacunó en la residencia de su municipio por trabajar en ella.
La concejala tiene su despacho, que utiliza a diario en la Residencia de Mayores, lo que fue suficiente para vacunarla.
