El Gobierno del PSOE y Podemos ha entrado en modo roce permanente. El futuro de la coalición continúa blindado, insisten desde los dos partidos, pero las fricciones se multiplican. A las batallas por las pensiones, los fondos europeos, la Monarquía, el precio de la luz y la regulación de los alquileres, entre otras, vuelve ahora el primer plano la ley trans, un conflicto que viene de lejos y cuya solución no se prevé sencilla. El Ministerio de Igualdad, en manos de la dirigente morada Irene Montero, difundió el pasado martes el borrador de la norma. La reacción del PSOE fue rápida. Estaban molestos. "No es un proyecto del Gobierno", señalaron fuentes de la parte socialista, que es la mayoritaria y por tanto la que tiene la última palabra sobre las iniciativas del Ejecutivo.

El principal choque entre ambas formaciones se sitúa en la denominada despatologización de la transexualidad. Tal y como está redactado en el proyecto, se permitiría el cambio de sexo en el DNI sin necesidad de pruebas médicas o psicológicas. El único requisito para la modificación en el Registro Civil sería la "declaración expresa" de la persona, cuando ahora se requiere un informe psiquiátrico y dos años de hormonación. Se trata de un demanda del colectivo trans que Podemos ha asumido, pero una parte de las asociaciones feministas se muestra en contra, y con ellas el PSOE, que considera que con una "autodeterminación" de este tipo se corre el riesgo de "borrar" a las mujeres y "negar la desigualdad, que se mide y se construye en base al hecho biológico del sexo".

Los trámites que faltan

Pero hay más puntos de fricción, señalan los socialistas. Aun así, como en otras ocasiones, aquí el PSOE ha optado por no entrar de lleno en la batalla, evitando airear los detalles concretos del choque y optando por centrarse en que al texto todavía le queda camino por recorrer antes de ser aprobado como anteproyecto por el Consejo de Ministros. "El borrador refleja las posiciones de Podemos y tiene que ser sometido a mucho trabajo. Aún le faltan varios trámites, como los informes de los ministerios de Sanidad y Justicia. Estamos en el principio y nuestros puntos de partida se encuentran separados. Queremos que la ley tenga calidad y seguridad jurídica, para evitar perder recursos ante el Tribunal Constitucional, que seguro que la derecha y la ultraderecha presentarán", explican los socialistas en el Gobierno, que subrayan su compromiso con el colectivo LGTBI y su intención de que el anteproyecto sea aprobado "cuanto antes". Pero ven difícil que ocurra en el primer tramo de este mes, como asegura Igualdad.

"Hay negociaciones más complejas que se han resuelto en horas", contestan en el equipo de Montero, informa Patricia Martín, donde ciñen el conflicto a una cuestión de "matices" y recuerdan que el acuerdo de coalición entre el PSOE y Podemos recogía la necesidad de avanzar en los derechos del colectivo trans. Es cierto. Pero el texto se refería a esta cuestión de forma muy genérica, comprometiéndose a aprobar una "ley trans que erradique las formas de discriminación".

De fondo, se encuentran las diferencias entre Montero y Carmen Calvo, titular de Igualdad en el anterior Gobierno, secretaria de Igualdad del PSOE y actual vicepresidenta primera. Como tal, las competencias de coordinar la acción legislativa del Ejecutivo son suyas. El pasado lunes, en un acto de partido, Calvo anunció que en verano se celebraría una convención del "feminismo socialista" para "sacar adelante la agenda de la igualdad". Aquello no sentó bien en Podemos.