Los juzgados especializados en violencia machista han recibido 113.033 denuncias en Canarias en los quince años de aplicación de la ley que regula la respuesta a este tipo de delitos y la atención a sus víctimas, según datos publicados este martes por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En ese periodo, las víctimas han solicitado en las islas a los jueces órdenes de protección contra sus agresores en 37.908 ocasiones, que se concedieron en dos de cada tres casos (24.026, el 63,4 %).
En 12.220 procedimientos, el 10,8 % del total, la denunciante de los hechos se acogió a su derecho a no declarar contra su agresor, por existir una relación de pareja.
Respecto a la nacionalidad de las mujeres que denuncian malos tratos en las islas, el informe señala que el 77,1 % son españolas.
De los casos que se resolvieron por sentencia en los Juzgados de lo Penal de Canarias en este período, el 52,8 % de ellos terminó con una condena para el denunciado: 7.610 sentencias condenatorias frente a 6.797 absolutorias. Entre las primeras, casi la mitad se dictó con la conformidad del procesado, 3.706.
A estas condenas, se suman las emitidas por los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, cuyos datos no aparecen desglosados por comunidades autónomas en el informe del CGPJ.
Los juzgados españoles han dictado 704.749 sentencias por violencia machista en los primeros 15 años de aplicación de la ley contra la violencia de género, de las que el 72,7 % fueron condenas, más de medio millón.
En ese tiempo se han acordado 375.892 órdenes de protección, un 67,3 % de las solicitadas, según un informe elaborado por el servicio de Estadística Judicial del CGPJ, en el que se destaca que las víctimas tienen mayores dificultades para denunciar cuando viven en poblaciones pequeñas y que la problemática de la violencia de género es más grave para el colectivo de mujeres extranjeras.
El CGPJ ha analizado la actividad en materia de violencia de género entre el 29 de junio de 2005 y el 30 de junio de 2020, los 15 primeros años desde la puesta en marcha de la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género.
Y ha informado de que se han interpuesto 1,896 millones de denuncias en los juzgados especializados, dato disponible desde 2007.
El 80,3 % de las denuncias se interpusieron ante la policía, el 10,7 % procedieron de partes de lesiones, el 6,8 % se presentaron directamente en el juzgado por la víctima o familiares y el 2,1 % por los servicios asistenciales.
El 65,8 % de las víctimas eran españolas -un dato que está disponible desde 2011- y el 34,8 %, extranjeras. Por comunidades autónomas ese porcentaje varía del 55 % de víctimas españolas en Navarra al 79,1 % en Galicia.
Las víctimas españolas representan el 48,6 por cada 10.000 mujeres, mientras que las extranjeras se multiplican por más de cuatro
Las víctimas españolas suponen 48,6 por cada 10.000 mujeres españolas mayores de edad, mientras que la cifra es de 223,1 víctimas por cada 10.000 mujeres de otras nacionalidades.
"El dato indica que la violencia de género es más grave entre las mujeres extranjeras, aunque debe matizarse teniendo en cuenta que entre las denunciantes puede haber mujeres no empadronadas", indica el CGPJ en su informe.
Un total de 212.844 mujeres se han acogido a la dispensa a la obligación legal de declarar, un 11,2 % del total, siendo más proclives a negarse a prestar declaración las extranjeras (29,7 por cada 10.000 mujeres) que las españolas (5,4 por cada 10.000).
En el documento el Poder Judicial también pone de relieve que el volumen de denuncias por violencia machista es mayor en aquellos partidos judiciales con más población, "un dato que pone de manifiesto las mayores dificultades que pueden tener para denunciar las mujeres que residen en municipios pequeños".
Andalucía ha sido la comunidad autónoma donde se han interpuesto más denuncias (398.010), seguida de Madrid (294.762), Cataluña (262.373) y la Comunidad Valenciana (260.011).
En estos 15 años se han dictado 704.749 sentencias, un 72,7 % de ellas condenatorias, y 375.892 órdenes de protección
En estos 15 años se han dictado 704.749 sentencias, un 72,7 % de ellas condenatorias, y 375.892 órdenes de protección.
En los juzgados de violencia sobre la mujer se han dictado 291.272 sentencias, un 79,8 % condenatorias (232.536).
Los juzgados de instrucción y de primera instancia adoptaron medidas en el 56,9 % de los 207.497 asuntos de violencia sobre la mujer que recibieron estando de guardia.
En estos 15 años, las audiencias provinciales dictaron 3.117 sentencias por violencia de género, un 85,2 % de ellas condenas, una cifra que sube al 96,1 % para los procedimientos con jurado.
Por su parte, los juzgados de lo penal emitieron 410.392 sentencias, un 53,2 % de ellas condenatorias (218.523). Estos juzgados enjuiciaron a 424.875 personas, el 96,7 % varones, y condenaron a 224.820, el 69,5 %, españoles.
El porcentaje de condenas emitidas por los juzgados de lo penal varió del 44,6 % de Cataluña al 79,8 % de Extremadura.
Destaca el CGPJ en su informe que las condenas por violencia contra la mujer han sido ligeramente inferiores a las condenas por violencia doméstica de manera constante todos estos años y "significativamente más bajo" que en el resto de asuntos.
Por último, en estos 15 años los juzgados de menores han enjuiciado a 2.175 menores (un 78 % eran españoles), por 3.218 asuntos que se han traducido en 2.377 sentencias.
Disparidad en las órdenes de protección
En 15 años se han acordado 375.892 órdenes de protección, el 67,3 % de las solicitadas (el mínimo se registró en 2014 con un 56,6 %, pero en el primer semestre del 2020 el procentaje fue superior al 80 %), pero la adopción de las mismas es muy dispar en función del territorio.
Así, los tribunales de Cataluña adoptaron un 51 %, seguidos por la cola por los madrileños (55,5 %) y en el extremo de mayor protección a las víctimas se situaron Murcia (81,6 %), la Comunidad Valenciana (82 %), Aragón (82,4 %) y La Rioja (84,9 %).
Las medidas más adoptadas a lo largo de los años fueron el alejamiento y la prohibición de comunicación y entre las de naturaleza civil, las más frecuentes fueron la atribución de vivienda y la prestación de alimentos.
En cuanto a las medidas sin orden de protección las más frecuentes fueron el alejamiento y la prohibición de comunicación.
