La mediación, una vía para que las partes alcancen su propia resolución

Calidad de la Justicia

Rosalía Fernández, presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (Gemme), recordó que antes de que Europa estableciera una directriz sobre dicho modelo en materia de familia, en España mediadores y jueces habían explorado esa fórmula, tras una profunda reflexión sobre lo que suponía un procedimiento judicial y la calidad de la Justicia. Para Fernández, se deben tener en cuenta las verdaderas necesidades de las personas, “que no siempre quedan satisfechas” con una sentencia. Según dicha magistrada, la mediación se debe aplicar a cuestiones relacionadas con los ámbitos familiar, civil, mercantil, laboral o contencioso-administrativo; e, incluso, recordó la importancia de su aplicación al entorno educativo para mejorar la calidad, la cultura de paz y diálogo entre las distintas personas e instituciones implicadas.

A juicio de la presidenta del Gemme, es muy importante que jueces y magistrados cuenten también con formación en la materia para saber qué asuntos pueden derivarse al citado sistema. Apostó por que los valores del mismo se enseñen “desde la más tierna edad”. Su Grupo asesora a la Comisión Europea o al Consejo General del Poder Judicial, y –aclaró– está abierto a cualquier organismo que requiera de su apoyo, pues no todos los conflictos tienen que acabar con una resolución judicial.

Asesorar a las partes

José Manuel Niederleytner, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, comentó que dicha institución apuesta de forma decidida por la mediación. Por ese motivo existe el Cemicatf (Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Tenerife), en el que se integran y se forman aquellos letrados que lo desean. Niederleytner defendió la importancia de diferenciar el papel de los abogado, que pueden asesorar a las partes, del mediador, que se encarga de fomentar el diálogo entre las mismas. Aquellos letrados que se interesan por este campo deben asistir cada año a un número determinado de horas de formación. Para el decano, “la respuesta es muy satisfactoria; estoy orgulloso” de esa acción. Además, el Colegio asesora a personas que acuden a solicitar asistencia jurídica gratuita (abogado de oficio) por si quieren introducirse en la mediación. Con frecuencia, los ciudadanos se desconciertan, porque nunca han oído hablar de ese modelo de resolución de conflictos. Niederleytner recordó que el Consejo de Ministros aprobó anteayer el Anteproyecto de Ley de Eficacia Jurídica, para que, antes de acudir a la Jurisdicción Civil y Mercantil, las partes intenten llegar a un acuerdo, como ocurre con el Semac en el ámbito laboral.

Familias de “alto conflicto”

Ismael Pérez García, del Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, explicó que dicha entidad está implicada en un programa con la Dirección General de Justicia del Gobierno canario para que los implicados en los casos de familia que llegan a los juzgados número 7 y 8 de Santa Cruz de Tenerife se remitan a una sesión formativa donde se les explica en qué consiste la mediación por si quieren utilizar esta opción. Y para ese fin el citado departamento del Ejecutivo autónomo aporta recursos económicos. Pérez incidió, de forma especial, en la figura de la Coordinación de Parentalidad, que está destinada a aquellos casos familiares (separaciones, divorcios o enfrentamientos, en especial en cuestiones como la educación o la crianza de los hijos) en que exista un “alto conflicto”. Dicho psicólogo defendió los resultados que puede lograr en ese sentido un equipo multidisciplinar, que siempre estará amparado por un auto judicial, que acompaña a las partes para “reducir” el nivel de las diferencias y, sobre todo, garantizar los derechos de los niños. En opinión de Pérez García, resulta necesario que la Comunidad Autónoma también cuente con este tipo de servicio.

Mayor conexión profesional

Rocío Aguilar Zamborino, mediadora profesional e integrante del Colegio de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife, incidió en que este último órgano apuesta por una “formación exquisita, desde la parte teórica, pero también la práctica y real”. Reconoció que en su labor, con frecuencia, se encuentra a personas que siempre responsabilizan a la otra parte del problema y, al principio, son incapaces de cambiar su perspectiva. Aguilar invitó a una reflexión sobre qué se hace ahora en materia de mediación y en qué se puede mejorar para que sea más aceptada esta vía de resolución de conflictos, donde son las personas quienes protagonizan los acuerdos, sin que sea un juez el que determine quién gana o pierde. También apostó por una mayor conexión entre profesionales, a la hora de consultar casos reales para aprender y mejorar.

Esperanza

Manuel Rosales, del Centro Universitario de Mediación y Convivencia (Cumeco) de la Universidad de La Laguna, mostró su esperanza en que la mediación “vaya mejor” y ya se aplique en grandes empresas para resolver problemas internos, en las leyes de convivencia ciudadana o en el ámbito educativo. Pero está preocupado por el hecho de que el citado Anteproyecto de Ley aprobado el miércoles se convierta en un “duro golpe” para la mediación, pues en el texto actual se cita tres veces más la “negociación” que la “mediación”; “y no es lo mismo, pues son procesos distintos con resultados distintos”. Aclaró que, si las partes negocian con resultado positivo, entonces ya no se recurre a la mediación. A continuación, matizó que este último modelo busca “proteger y reparar relaciones personales, así como llegar a acuerdos razonables”.

Evitar un “problemón”

Felipe Afonso El Jaber, primer adjunto de la Diputación del Común de Canarias, aclaró que nada más coincide con la filosofía de su institución que la cultura del diálogo. Resaltó la importancia de formar al personal de este organismo para que sepan mediar. Ahora 20 integrantes de su plantilla están en un curso sobre la materia. Afonso indicó que, a veces, lo que empieza como una pequeña queja de un vecino, si no se resuelve “con 15 minutos de dedicación de un funcionario”, puede llegar a convertirse en un “problemón” con el paso del tiempo. Apuntó que en Europa la mayoría de las quejas se debe a problemas en servicios públicos, como la sanidad, la dependencia, la educación o la violencia de género. Esas demandas contrastan con las que se realizan en América, donde muchas se centran en cuestiones como las desapariciones o las torturas, por ejemplo, indicó este portavoz del organismo dependiente del Parlamento canario.

Felipe Afonso El Jaber planteó que la fortaleza de la Diputación del Común es “su autoridad moral y su independencia”. El año pasado, a la citada institución llegaron 2.904 quejas y no todas son susceptibles de ser derivadas al proceso de mediación. Según Afonso, unas veces se resuelven con la formalidad de una carta; otras, con un whatsapp a algún concejal conocido; y, a veces, son más complejas o requerirán sentar a las partes. Defendió la importancia de que el ciudadano conozca las limitaciones de las administraciones, pero también que las autoridades y funcionarios pongan “cara” a las demandas. Cree que en el segundo semestre del año la Diputación del Común estará preparada para mediar.

Rosalía Fernández Alaya, magistrada y presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación (Gemme), manifestó que los jueces y magistrados están limitados por la legislación a la hora de dictar una sentencia, pero que, en cambio, por el procedimiento de la mediación existe una mayor flexibilidad para la resolución de conflictos, con la participación activa de las partes implicadas. Apostó por la existencia de mediadores profesionales, puesto que, en ocasiones, las partes enfrentadas “están tan enredadas en el propio conflicto” que esa circunstancia “no les deja ver más allá”. También defendió que con este modelo las instituciones y los ciudadanos se sienten a hablar en un “plano de igualdad”.

José Manuel Niederleytner, decano del Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, aclaró que, en el supuesto caso de que una mediación no funcione, no se llega a “una vía muerta”, sino que siempre se podrá recurrir a los tribunales de Justicia. Está convencido de que algunos acuerdos alcanzados entre las partes por la vía de la mediación “se pueden homologar y adquirir fuerza de Ley” de cara al futuro. A su juicio, hay “pequeños roces entre vecinos”, cuestiones de consumo o disputas entre familias que pueden tener un marco idóneo de resolución mediante la mediación. Para él, aún es bajo el porcentaje de demanda de la mediación, de forma fundamental por el desconocimiento de la fórmula.

Manuel Rosales, del Centro Universitario de Mediación y Convivencia (Cumeco) de la Universidad de La Laguna (ULL), manifestó su esperanza en que, a partir de ahora, pueda cambiar el articulado del Anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado miércoles. Como ejemplo, dijo que “todos son fármacos, pero no es lo mismo un analgésico que un antibiótico”. Aseguró que, en estos momentos, “el sistema necesita un antibiótico”. Respecto al mediador profesional, comentó que “intentamos que llegue a ser una profesión interdisciplinar, en la que se adquieran conocimientos jurídicos, psicológicos o sociales”, por ejemplo, donde se debe tener también predisposición a la empatía.

Rocío Aguilar, del Colegio de Trabajo Social, explicó que “la mediación es un proceso para gestionar los conflictos, mediante el cual acompañamos a las personas en una transformación del mismo para encontrar soluciones factibles”. Para Aguilar, resulta muy importante que, con independencia de la profesión o formación de base que tenga el mediador, su labor tenga una “identidad propia”; “esa especialización resulta clave” para la gestión de los mencionados conflictos. Apuntó que “el obstáculo que hay en la calle es el desconocimiento” del modelo, por lo que debe haber un mayor ofrecimiento del sistema. Para Aguilar, no siempre se debería echar la culpa a la administración de la actual situación.

Ismael Pérez García, del Colegio Oficial de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife, aseguró que “las separaciones en las que existe una cooperación entre los padres que están en conflicto van a crear menores mejor adaptados”. Consideró importante que la mediación sirva para ejercer una “Justicia restaurativa” y no solo “retributiva”. Pero también defendió la necesidad de generar “una Justicia terapéutica, que vele por el bienestar del justiciable (el ciudadano)”. Apuntó que, cuando hay un “perdedor” por una sentencia, este “hace todo lo posible para oponerse, resistirse o cumplir de forma aparente, pero no con convencimiento, lo que en Psicología se denomina comportamiento pasivo-agresivo”.