En noviembre del año pasado, los migrantes en situación irregular que podían salir de Canarias con destino a la Península necesitaban pasaportes. De esa manera, unos 150 de ellos se vieron bloqueados en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Dos meses más tarde, ni disponer del pasaporte completo ni la primera solicitud de Protección Internacional (asilo) ni contar con una PCR negativa son suficientes para que centenares de personas que llegaron al Archipiélago en patera o cayuco puedan reunirse con familiares en otra comunidad autónoma. La abogada Loueila Mint, especializada en asuntos de inmigración, manifiesta que el Gobierno del Estado “está sacando todas las herramientas para que nadie salga de las Islas”.

Para dicha letrada, la actual tendencia al bloqueo de ciudadanos africanos en Canarias “nunca antes se había dado con otro Gobierno”. Esta postura la adopta después de que el pasado fin de semana 176 senegaleses alojados en un hotel del Puerto de la Cruz se pusieran en huelga de hambre para exigir que se les permita encontrarse con familiares que se hallaban en varios puntos de la Península. Fuentes de la Delegación del Gobierno informaron ayer de que Cruz Roja Española, la ong encargada de su atención humanitaria, informó de que los citados hombres depusieron su protesta y cenaron en la noche del domingo. Según señaló a la Televisión Canaria el portavoz de los descontentos, Khalifa, fueron sus propios seres queridos desde Senegal quienes les aconsejaron que volvieran a alimentarse.

Requisitos de movilidad

La Delegación del Gobierno informó de que “desde el Ministerio del Interior nos confirman que no existe ninguna orden o normativa especial para personas migrantes; lo que se está haciendo es comprobar que se cumplen los requisitos de movilidad impuestos por las normativas de las comunidades autónomas frente a la covid-19, y que limitan a una serie de supuestos las entradas en otras” regiones. “Estas comprobaciones se hacen para todas las personas, no solo migrantes, que se trasladan de una comunidad autónoma a otra”, apuntan desde el mencionado organismo del Estado.

En opinión de Mint, el denominador común entre los referidos migrantes es “la falta de información” y desconocer, por ejemplo, si están en condiciones o no de solicitar protección internacional. Y uno de sus temores es que, en breve, sean trasladados hasta el campamento que en estos momentos se prepara en las instalaciones militares de Las Raíces, en el municipio de La Laguna; es decir, para prolongar su estancia en el Archipiélago, señala la abogada de origen saharaui. Después de hablar con los jóvenes senegaleses que levantaron sus voces el pasado fin de semana, refiere Mint que su demanda principal es al Gobierno de su país y a las autoridades consulares, en la medida en que no les ponen medios para obtener la documentación que necesitan en estos momentos.

Pero, según Mint, el Gobierno de España ha dado directrices para impedir aquellos que tienen pasaportes puedan viajar a la Península y que las órdenes se han transmitido presuntamente a policías nacionales destinados en puertos y aeropuertos para bloquear el paso a todo aquel migrante que tenga orden de expulsión del país, que puede estar en vigor durante dos años. Aclara Mint que los migrantes en situación irregular llegados desde la costa noroccidental africana por vía marítima “perciben que Canarias es una cárcel de la que no pueden salir”.

Interior niega una orden especial contra los migrantes y aclara que son limitaciones por la pandemia

Para la abogada canaria, las compañías aéreas sí permiten viajar a toda aquella persona que tenga el pasaporte completo y en vigor, así como con una PCR negativa, que ratifique que su portador no está contagiado de covid-19. En base a la información a la que ha tenido acceso esta letrada, cada africano que trata de viajar a la Península acaba interceptado por agentes de la Policía Nacional. Y, a partir de ese momento –explica– lo pueden arrestar y enviar en pocas horas en un vuelo de devolución de migrantes, o bien llevarlo ante un juez y solicitar su ingreso en un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE).

Hasta hace algunos meses, el hecho de que un migrante hubiese presentado una solicitud de protección internacional (manifestación de voluntad) era suficiente para suspender su devolución a África. Ahora, no sirve ese primer trámite y tiene que haber superado la entrevista para determinar si cumple o no los requisitos. Ese proceso se puede demorar varios meses (hasta medio año, según algunos casos registrados en Gran Canaria).

Mint comenta que, desde hace varias semanas, Marruecos ya ha abierto sus fronteras para facilitar la devolución de migrantes que han salido o pasado por su territorio mediante vuelos que parten desde España. Y, de hecho, ya han sido devueltos varios hombres de origen magrebí. “Nunca hasta ahora ha sido tan difícil la salida de migrantes”, apunta Mint. Desde el punto de vista político, la letrada indica que, tal vez, si en Canarias hubiera un Gobierno autonómico integrado por fuerzas diferentes a las que conforman el Ejecutivo estatal, las exigencias desde el Archipiélago contribuirían a facilitar la salida de estas personas hacia el continente. Apunta que, en estos momentos, miles de ciudadanos africanos, alojados en diferentes recursos de Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, están en la misma situación de bloqueo para salir hacia la Península.

“Convertir Canarias en punto caliente no es lo más viable”

El periodista y portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Txema Santana, afirma que desde dicha organización no gubernamental, “más allá de acciones puntuales que cada ciudadano y ciudadana debe valorar, insistimos en que convertir a Canarias en un hot spot (punto caliente) no parece lo más viable, toda vez que es un territorio de recepción de personas”. “Desde noviembre venimos diciendo que se deben agilizar traslados y activar una redistribución de personas, equitativa y solidaria, entre todas las comunidades autónomas del Estado para evitar las situaciones de sobreocupación y las consecuencias que esta tiene en las Islas”, manifiesta Santana. La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno (Ciuca), pidió al Gobierno canario y al Ministerio de Migraciones que dejen de “permitir el incumplimiento de la normativa turística y urbanística” de esta región “con el uso de los complejos turísticos como centros de acogida asistencial a personas migrantes”. Así lo solicitó Bueno a estas instituciones en sendas cartas, en las que considera que el Ministerio de Migraciones y la comunidad canaria “tienen que garantizar el mantenimiento de la actividad asistencial a las personas migrantes, poniendo a disposición de quienes realizan esta labor los medios económicos pertinentes, empleando los canales que ofrece la legislación en materia de subvenciones y contratos”. Para cumplir con ella, la regidora estima que estas instituciones “no pueden contradecir la normativa turística y urbanística aplicable en el Archipiélago, que protege el uso exclusivamente turístico de los hoteles y complejos de apartamentos conforme a la calificación de uso asignada por el planeamiento a la parcela donde estos se ubican y a la licencia obtenida por los inmuebles en el momento de su edificación”. Afirma que “es lo que está ocurriendo actualmente, al destinar ambas administraciones subvenciones y firmar contratos para mantener los alojamientos turísticos como centros de atención y asistencia a personas extranjeras en situación irregular”. La alcaldesa alude a la Ley General de Subvenciones, que en su artículo 36 contempla como causa de nulidad de la resolución de concesión de una ayuda las indicadas en el artículo 47 de la Ley del Procedimiento Administrativo Común.