Un proyecto de Cáritas atendió en 2020 a 552 familias en riesgo de perder su casa

La actividad de Base 25, que comenzó a finales del 2016 y comienzos del 2017, y pretende cubrir el vacío del desconocimiento que muchas personas tienen sobre sus deberes y derechos respecto a las casas donde residen. Según Hernández, en el ámbito del alquiler, los problemas más frecuentes suelen estar relacionados con una solicitud para que abandonen el inmueble antes de que se cumpla el contrato o, sobre todo, las dificultades para hacer frente al pago del arrendamiento.

Los casos pueden llegar a este servicio a través de diferentes ayuntamientos, por otras entidades sociales o bien, de forma directa, por la petición de los propios afectados. Cuando llega un asunto, el personal lo analiza de forma detenida para saber si se puede ofrecer ayuda o ya es demasiado tarde, apunta la coordinadora. En el supuesto de que exista margen de maniobra, a partir de ese momento, una trabajadora social o una abogada pueden desempeñar las acciones que correspondan. Durante el 2020, se ofreció asesoramiento a 552 familias, con 946 adultos y 598 menores de edad; es decir, 1.546 personas en total. Es demasiado tarde si el volumen de las cantidades impagadas es muy elevado, o bien si ya existe una sentencia firme sobre el caso.

El mayor crecimiento en demandas de apoyo se ha registrado en los municipios de Arona y Granadilla de Abona, mientras que en un nivel más estable se mantienen los casos en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. No obstante, las técnicos también han detectado un aumento de las solicitudes de vecinos de Adeje y del Puerto de la Cruz. El año pasado hubo 124 peticiones en Arona y 84 en Granadilla de Abona. En La Laguna se contabilizaron 86 y en Santa Cruz de Tenerife, 78. Además, desde Adeje llegaron 32 asuntos y del Puerto de la Cruz, 28. Para Alejandra Hernández, en los mencionados datos se refleja el parón de la actividad turística en municipios que dependen muy directamente de la misma.

Para la responsable de Base 25, el perfil de los más afectados por el riesgo de perder su vivienda son quienes ya arrastraban retrasos e impagos, los trabajadores temporales que perdieron su empleo, aquellos que dependen de la economía informal o sumergida, así como los autónomos.

En puntuales ocasiones, desde este proyecto de Cáritas Diocesana de Tenerife se ofrece apoyo económico. Se trata de aquellos casos en que las familias ya han agotado todas las ayudas procedentes de diversas administraciones y solo en las situaciones en que “creemos que con ese pago se resuelve el riesgo de pérdida del alquiler”.

En la mitad de los expedientes abiertos solo se ofrece asesoramiento, pues las personas afectadas no saben qué opciones tienen a nivel legal, pues hay un desconocimiento real de la Ley de Arrendamientos Urbanos, tanto por el inquilino como por parte de algunos arrendador. Apunta Alejandra Hernández que el objetivo es que, con toda la información que se les facilite, los beneficiarios del proyecto tomen las decisiones adecuadas.

Unas veces es el personal de Base 25 quien negocia con los caseros, pero en otras son los propios ciudadanos solicitantes de asesoramiento quien, tras obtener los datos adecuados, se encargan de intentar resolver su problema.

Apunta la coordinadora del proyecto que en un 13 por ciento de los episodios, los ciudadanos perdieron su vivienda. En la mayoría de los casos, un 10 por ciento, los afectados optan por otras alternativas, como ir de forma temporal a la casa de un familiar o un amigo. Y en el 3 por ciento restante, los solicitantes de ayuda optan por ingresar en un recurso de acogida del sistema destinados a personas solas o madres con hijos a cargo, por ejemplo.

La responsable de dicha iniciativa de Cáritas estima que “ya había un problema real y significativo” en materia de vivienda antes de la pandemia, pero desde marzo la situación se ha agravado. “Las personas que estaban mal antes, por su dificultad para pagar un alquiler, ahora se hallan mucho peor, mientras que muchas de quienes con anterioridad podían afrontar el pago del arrendamiento o de la hipoteca, ahora ya no pueden”, afirma.