Canarias, donde las plazas residenciales de financiación privada superan a las públicas, registra un déficit de 7.574 camas en este tipo de servicio de atención a personas mayores, según la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años marcada por organismos internacionales. Los datos proporcionados por un informe de las Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, además, resalta que en toda España faltan más de 70.000 plazas residenciales.

El 62% de las 389.031 plazas residenciales para personas mayores que hay en nuestro país son públicas, según este estudio, que sitúa a País Vasco a la cabeza de las comunidades con plazas públicas y a Galicia a la cola.

Esas 389.031 plazas residenciales para personas mayores están en 5.542 centros, 1.435 centros son centros públicos y 4.107 son privados, explica el informe hecho público en el día de ayer por la asociación, que analiza por comunidades la situación de los centros residenciales en España.

“Siguen faltando más de 70.000 plazas residenciales en España”, explica el presidente de la Asociación, José Manuel Ramírez, teniendo en cuenta los ratio que nos marcan los organismos internacionales.

Seis de cada diez plazas –242.206– son de financiación pública y las otras cuatro –146.825– son de financiación privada. Por comunidades, País Vasco es la que tiene mayor porcentaje de plazas públicas, con el 74 % y la que menos, es Galicia con el 41 %. Aragón y la Comunidad Valenciana son las dos comunidades que más aumentan el número de plazas residenciales de financiación pública, Aragón las aumenta en más de un 100% y la Comunidad Valenciana en un 30%.

Por tamaño de los centros, el número medio de plazas por centro es de 70 plazas: la media más alta está en Madrid (110 plazas) y la más baja, es Extremadura (46).

Respecto a la edad de los residentes: el 80 % tiene más de 80 años. La mayoría son mujeres, el 71 %.

Los precios de una plaza pública por usuario al año es de 20.686 y el de la concertación es de 19.324. La aportación promedio del usuario es del 36 % y 40 % respectivamente.

El crecimiento dispar

El número de plazas residenciales para personas mayores en España no se ha incrementado al ritmo que exige el crecimiento de la población mayor de 65 años, que ha pasado de 8 millones de personas en 2010, a 9,2 millones en 2020. Sin embargo, en este mismo tiempo las plazas residenciales solo se han incrementado en 20.226, recoge un estudio reciente publicado por el Imserso.

Sólo en 5 comunidades (Castilla y León, Castilla La Mancha, Aragón, Extremadura y Asturias) se alcanza la ratio de 5 plazas residenciales por cada 100 personas mayores de 65 años, el criterio marcado por organismos internacionales. La comunidad con mayor índice de cobertura (número de plazas dividido entre número de personas mayores de 65 años) es Castilla y León, con un 7,8 %, y la que menos, la Región de Murcia, con 2,3 %.

Los principales déficits de plazas residenciales, para alcanzar al menos la ratio de 5 plazas por cada 100 mayores, se encuentran en Andalucía (28.457), Comunidad de Valencia (21.900), Galicia (14.902), Cataluña (9.045), Comunidad de Madrid (8.283), Canarias (7.574), Región de Murcia (6.502) y País Vasco (6.074).

Las plazas de financiación pública, que son las que garantizan el acceso a este servicio de todas las personas que lo necesiten, sólo constituyen 2,6 por cada 100 mayores de 65 años. La asociación de gerentes de servicios sociales recuerda que unas 100.000 personas, que tienen reconocido actualmente el grado de dependencia II y III, están a la espera de recibir alguna de las atenciones a las que tienen derecho.

De ellos, se estima que más de la mitad solicitan una residencia o una prestación económica vinculada para ser atendidos en un centro residencial. El informe destaca también que en comunidades como Galicia, Canarias y Madrid existe un número mayor de plazas residenciales de financiación privada que pública.

Respecto a los que pagan los usuarios al año por plazas públicas, las cantidades oscilan entre 7.000 euros en la Comunidad de Valencia, La Rioja, Andalucía, Madrid o Cataluña, hasta más de 8.000 euros anuales en Aragón, Murcia, Navarra o País Vasco.

Ramírez denuncia que en grandes ciudades como Madrid, donde la demanda de plazas residenciales es mayor, las plazas de financiación pública se están alejando de los grandes núcleos poblacionales “donde son mucho más rentables las plazas privadas, con los perjuicios en desplazamientos y tiempos de visitas que esto ocasiona para las familias y los propios mayores”.