El sindicato de Enfermería (Satse) ha denunciado que, transcurridos más de dos años desde la entrada en vigor del real decreto conocido como Prescripción Enfermera, ocho comunidades autónomas siguen aún sin acreditar a sus enfermeros para que puedan vacunar de la Covid-19 “sin obstáculos burocráticos o administrativos” que perjudiquen la estrategia prevista por el Gobierno.

A escasos días de que se inicie en el país el plan de vacunación previsto por el Ministerio de Sanidad, Satse ha constatado que los enfermeros de Aragón, Asturias, Castilla y León, Extremadura, Galicia, La Rioja, Madrid y Murcia, así como en Ceuta y Melilla, “siguen sin contar aún con el respaldo legal necesario” para que, una vez acreditados, puedan indicar y usar medicamentos con todas las garantías y seguridad jurídica, caso, por ejemplo, de las vacunas contra el coronavirus.

Por el contrario, Canarias, Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, País Vasco y Navarra sí han reflejado en su regulación autonómica lo estipulado en el Real Decreto que regula desde 2018 en España la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros.

“Falta de voluntad política”

Según el sindicato, el incumplimiento de lo establecido por la norma estatal por parte de las ocho comunidades autónomas mencionadas se debe a una “clara falta de voluntad política y de reconocimiento” al desarrollo profesional de los enfermeros, ya que la tramitación administrativa a realizar por su parte es “tan sencilla y rápida” que podría hacerse realidad en unos días.

Además, Satse ha subrayado que, en el caso de Aragón, Asturias, Castilla y León Extremadura y La Rioja se cuenta, al menos, con un borrador de la regulación, si bien en Galicia, Madrid y Ceuta y Melilla “está aún pendiente”. En el caso de Murcia sigue también pendiente, a pesar de existir un compromiso expreso por parte del presidente autonómico para que estuviese resuelto desde el pasado mes de octubre.

El sindicato incide en que el hecho de que el colectivo profesional no pueda contar con la regulación necesaria para que puedan vacunar con todas las garantías y seguridad jurídica es “especialmente grave” en una situación como la que se va a producir en los próximos meses cuando se administrará la vacuna de la Covid-19 a millones de personas.

El hecho de que los enfermeros no estén acreditados aún para indicar, utilizar y autorizar la dispensación de fármacos, como las vacunas, supone en la práctica que cualquier persona debe tener antes una necesaria prescripción clínica lo que conlleva “más lentitud, burocracia e ineficacia”.

Por ello, la agrupación sindical ha vuelvo a pedir a las comunidades que, “de una vez por todas”, den una “rápida solución” a un problema que perjudica por igual a los profesionales y a las cientos de miles de personas a las que atienden cada día en sus respectivos centros sanitarios y sociosanitarios.