“Sin diálogo, sin negociación, sin consenso político y social”. Así lamenta parte de la comunidad educativa que se haya tramitado la Ley Orgánica de la Mejora de la Educación (LOMLOE), más conocida como Ley Celaá y que actualmente se encuentra en vía parlamentaria. Alrededor de 50 coches participaron durante la mañana de ayer en la marcha naranja convocada por la Plataforma Más Plurales en Santa Cruz de Tenerife contra esta ley y que además se unió a las movilizaciones convocadas en otro medio centenar de ciudades españolas, y que también llegó a Las Palmas de Gran Canaria. En la capital tinerfeña, la caravana de vehículos salió a las 10:00 horas del aparcamiento del Parque Marítimo y recorrió las principales calles de la ciudad durante dos horas. La acción concluyó con la lectura de un manifiesto ante entidades y colectivos ciudadanos de docentes, familias, alumnos y titulares de centros educativos.
Los representantes de Más Plurales lamentaron que la LOMLOE se esté tramitando de manera exprés y, por primera vez, “se ha vetado la participación de la sociedad civil”. Por ello, los participantes solicitaron la “protección y continuidad de la pluralidad democrática” del sistema educativo actual. El portavoz de Más Plurales en Tenerife, Pedro Luis González, rechazó la intención de esta ley de “limitar y recortar” la libertad de enseñanza y abogó por la “defensa de la pluralidad de la escuela” y de “la complementariedad de las redes pública y privada concertada”. La plataforma acusó a la autoridades educativas de querer imponer “la distribución del alumnado” y una planificación arbitraria de la oferta educativa “sin tener en cuenta las necesidades reales de escolarización manifestadas por las familias”.
El tratamiento de la escuela concertada fue precisamente uno de los aspectos que centró las críticas de los tinerfeños puesto que, afirmaron, la ley “asigna un papel absolutamente subsidiario con relación a la enseñanza pública”. Sin embargo, destacaron que “el derecho de elegir es de los padres y no deben ser las administraciones quienes lo hagan por ellos” y puntualizaron que la “concertada posibilita un modelo plural, heterogéneo e inclusivo”.
Pedro Luis González destacó también durante su intervención la necesidad de contar con una dotación suficiente de recursos para “atender a los alumnos con discapacidad en los centros ordinarios y en los colegios de educación especial y que los padres o tutores puedan elegir libremente en qué tipo de centro quieren escolarizar a sus hijos porque ambos son inclusivos”. En este sentido, los manifestantes añadieron que la Ley Celaá “abandona a los trabajadores y profesionales de la concertada y de educación especial al no introducir ni una sola mejora que permita equiparar y mejorar sus condiciones”. Por todo ello, exigieron que esta nueva norma garantice “financiación suficiente para mejorar las condiciones laborales, retribuciones y jornada de los docentes, personal de administración y servicios y personal complementario” de todos estos centros de educación.
Por último, abordaron el papel que se le otorga a la asignatura de Religión: “Demandamos que se respeten los derechos y acuerdos internacionales que existen sobre esta materia que, además, es una opción mayoritaria de las familias españolas”. Con todo ello, los manifestantes acusaron a la Ley Celaá de promover un “modelo de inclusión radical que conduce a los actuales centros de educación especial a su progresiva desaparición” y solicitaron al Gobierno de España que los padres puedan elegir “lo que consideren mejor para sus hijos”.
La Plataforma Más Plurales aglutina a 49 colegios de la enseñanza concertada y privada en Canarias y avanzó que, si finalmente se aprueba la Ley Celaá, pedirá a los partidos políticos que interpongan recursos de inconstitucionalidad y disminuir sus efectos.
