La batalla por un niño de dos años y medio continúa en Lanzarote. Ayer, los padres de acogida del menor, Ulises Montesdeoca y Gloria Molina, vecinos del municipio de San Bartolomé, presentaron la solicitud de medidas cautelares a la jueza del Juzgado de Primera Instancia número 15 de Las Palmas, Yolanda Alcázar Montero, para intentar paralizar el proceso por el que el Gobierno regional dé en adopción al pequeño a una tercera familia, que ya está asignada. El enfrentamiento entre Montesdeoca y Molina con la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia del Ejecutivo autónomo se escenificará hoy, de nuevo, con una concentración contra el procedimiento, que se celebrará en Arrecife a las 09:00 horas.

Desde el Gobierno canario se recuerda que la normativa establece que unos padres de acogida solo tienen tal condición de forma temporal y la familia denunciante en este caso no reúne las condiciones para acogerse al modelo de acogida permanente, en la medida en que el niño todavía es muy pequeño y puede asimilar su integración en el futuro hogar.

Ulises Montesdeoca y Gloria Molina recuerdan que tienen tres hijos biológicos y que, hace más de dos años, decidieron implicarse en la iniciativa de la acogida de un menor en su vivienda. En su caso, les llegó un pequeño de un mes, cuya madre estaba enferma y hospitalizada, mientras que su padre no podía darle una atención adecuada. Las condiciones establecían que el acogimiento duraría el tiempo que los padres tardaran en recuperarse. Casi dos años y medio después, la progenitora biológica continúa enferma, por lo que, en opinión de Montesdeoca y Molina, no se dan las condiciones para que el pequeño regrese con sus padres naturales, lo que conllevaría una paralización del proceso de entrega.

Montesdeoca comenta que para casos de este tipo está la figura de la “acogida permanente”, lo que entrañaría que el niño pueda estar en su hogar hasta que cumpla 18 años y decida con quién quiere residir. Explica el denunciante que la familia biológica acudió a un notario y firmó unos poderes para que Montesdeoca y Molina se hagan cargo de los cuidados del niño de forma permanente y seguir viéndolo cuando deseen. Para los denunciantes, “¿por qué hay que quitar un menor a sus padres biológicos, que viven?”

Los impulsores de las protestas consideran muy negativo “dar al niño en adopción a una tercera familia, para que empiece “desde cero, con otro nombre, otros apellidos”; a la vez que se romperá el vínculo con sus seres queridos biológicos. El contrato de acogida finalizó el pasado 1 de diciembre y ya desde la Dirección General se ha advertido a la familia de San Bartolomé de que, si no colaboran en la entrega, habrá una ejecución de la medida administrativa. Pero la intención de ambos denunciantes es que sea la mencionada jueza la que se pronuncie sobre si cabe la adopción de medidas cautelares y con quién tiene que estar el mencionado pequeño, en vez de que lo haga un técnico del Ejecutivo autónomo.

Ulises Montesdeoca refiere que la experiencia del proceso de acogida “ha sido nefasta, por la incompresión por parte del personal de la Dirección General, la carencia de recursos humanos en dicho departamento, así como, entre otras cosas, por la inexistencia de lugares para los encuentros de las familias de acogimiento y biológica”. Entre otras cosas, lamenta que “nadie haya ido a mi casa a ver al niño y las condiciones en las que vive en la vivienda”.

Según este denunciante, en el Archipiélago hay numerosos menores tutelados por el Gobierno canario y cada uno de ellos tiene “su mochila, su pasado; ningún menor es igual a otro”.