La necesidad de implantar una docencia virtual en la enseñanza obligatoria con motivo de la crisis sanitaria no ha terminado con las agresiones a los docentes. Muy al contrario, ha dado lugar además a nuevas formas de ataque hacia los maestros. Estos episodios requieren en muchas ocasiones de respuesta psicológica, que los sindicatos del sector reclaman ahora con más fuerza que ofrezca la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que, si bien se comprometió hace años a afrontar este servicio, aún no ha sido puesto en marcha por la Administración pública. Y es que el confinamiento no solo ha hecho aumentar los casos de ciberacoso de alumnos hacia profesores, sino que estos últimos precisan de ayuda psicológica para sobrellevarlo, más allá denunciarlo ante la Justicia.
El Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado realizado por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias hace ya tres años se elaboró con la colaboración y aprobación de los sindicatos del sector con el objetivo de “aumentar la calidad del sistema educativo canario y converger hacia los parámetros medios establecidos en el espacio de educación europeo”. Ese texto incluía en varios de sus apartados la puesta en marcha de un servicio de “asistencia psicológica y jurídica gratuita para el personal docente no universitario que preste servicios en los centros docentes públicos, por hechos que se deriven de su ejercicio profesional”.
Para terminar de poner en marcha este Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado, el pasado año finalizó la redacción de un borrador de la norma, en la que también intervinieron Consejería y sindicatos, para implantar por fin esta asistencia tan necesaria para el profesorado. En este sentido, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, indica que el anterior equipo de la Consejería de Educación trabajó con empeño para ofrecer este servicio e, incluso, mantuvo contacto con los colegios oficiales de psicólogos de las dos provincias canarias para su correcta puesta en marcha. Tanto es así que estos trámites se trasladaron incluso a la Mesa Sectorial de Educación para informar sobre los avances en este tema. Sin embargo, los cambios que se han producido en la Consejería estos últimos meses han paralizado estos avances.
En concreto, el Plan de Reconocimiento Profesional y Social del Profesorado indica que la Administración educativa debe establecer medidas específicas para “promover el bienestar y la mejora de la salud laboral del profesorado y a actuar decididamente en materia de prevención” y, por último, “ofrecer asistencia psicológica y jurídica gratuita al personal docente”. Sin embargo, la puesta en marcha de este servicio está muy relacionada con la figura del Defensor del Profesor, una labor que ANPE Canarias desarrolla desde hace ya doce cursos.
De este modo, el sindicato reclama que la Consejería de Educación tome las riendas de estos servicios puesto que se trata de “situaciones complejas” en las que, a pesar de los conocimientos y estrategias con las que cuentan los maestros, “es necesario recibir una ayuda externa” porque se pueden dar “casos graves en los que los profesores se sienten totalmente indefensos”. En la actualidad, aunque el Defensor del Profesor recibe las llamadas de docentes que requieren ayuda psicológica, han de derivarlos luego a profesionales, y es el sindicato de docentes el que paga esas sesiones de ayuda.
La mayoría de los profesionales agredidos prefieren no denunciar pero reclaman ayuda
Así, la ayuda psicológica se convierte en un recurso primordial ya que, explica Crespo, “en la mayoría de los casos de agresión a profesores, estos no quieren afrontar la vía jurídica, aunque tengan razones para hacerlo” y por eso en la mayoría de los casos se opta por la ayuda psicológica. No obstante, afirma que se trata de un buen recurso cuando se trata de situaciones que se prolongan en el tiempo. Son precisamente estos casos los más graves porque, alerta Crespo, “pueden incluso minar la vocación docente de esa persona”. Y es que el presidente de ANPE afirma que ha sido testigo de casos en los que el profesor agredido ha llegado incluso a plantearse la posibilidad de abandonar su trabajo.
A pesar de que el Defensor del Profesor contabiliza el número de denuncias que se realizan cada año por parte de los docentes ante casos de agresión –durante el curso 2019/2020 se produjeron 102 frente a las 168 del año anterior–, esta figura no cuenta con un registro del número de casos que requiere de ayuda psicológica. No obstante, Pedro Crespo afirma que “existen muchos casos” y destaca que uno de los grandes problemas relacionados es que “estas situaciones no se entienden fuera de nuestro sector y terminan afectando al sueño, a la concentración y genera episodios de ansiedad”.
