Gerardo Pérez Sánchez, abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de La Laguna (ULL), manifiesta que la Constitución de 1978, continúa vigente de forma plena en sus aspectos esenciales, como son un Estado democrático, social y de derecho, la separación de poderes, de garantías y de defensa de los derechos fundamentales. En estos últimos apartados, la Constitución ha permitido desarrollar una gran labor en los últimos 42 años, según Pérez. No obstante, reconoce este profesor que la Carta Magna tiene “otras muchas cosas que merecen una revisión y actualización “con el objetivo de mejorar la vida de las personas”.

Uno de los ámbitos en los que apuesta por introducir cambios es la conexión con organismos internacionales, como la Unión Europea o el Consejo de Europa, para la eficacia y la ejecución de sentencias de las citadas instituciones en España, por ejemplo.

A juicio de Gerardo Pérez, otro de los objetivos de la modernización debe ser el Senado, “que no cumple para nada la función que está llamada a desempeñar como Cámara de representación territorial”. Para este profesor de la Facultad de Derecho de la ULL, un apartado que también puede ser susceptible de una renovación es “nuestro sistema electoral”, para que haya una igualdad del valor del voto y que las circunscripciones territoriales sean las provincias.

Pérez defiende la importancia de actualizar el número de derechos fundamentales. Y es que en las últimas cuatro décadas la sociedad ha cambiado y han surgido derechos que deben ser contemplados en “nuestra Constitución”. En esa evolución de los hábitos de los ciudadanos y la tecnología asociada a los mismos, este especialista menciona, por ejemplo, la realidad vinculada al acceso a internet. Y, además, mencionada otros aspectos que deberían ser incluidos en la Carta Magna, como, por ejemplo, “el derecho a una muerte digna, o bien las identidades de género y las orientaciones sexuales”.

“Procede apuntalar la separación de poderes, así como una mayor independencia entre el Ministerio Fiscal y el poder Ejecutivo” (el Gobierno del Estado), que en estos momentos designa al fiscal general del Estado, destaca el profesor de la ULL. En esa misma línea, considera muy importante cambiar la forma de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional (TC). Las asociaciones profesionales de jueces y magistrados reclaman esta mayor independencia a la hora de conformar su órgano de gobierno a nivel nacional desde hace años, para que los poderes políticos no tengan tanto protagonismo en las mencionadas instituciones.

Gerardo Pérez también estima oportuno una seria revisión del listado de distribución de competencias entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas, “que en estos momentos tiene una complejidad suprema y habría que aclarar”. Defiende la necesidad de un mejor reparto competencial, pues ahora es difícil saber hasta dónde llega el ámbito del Ejecutivo central y el de la administración autonómica. Esta circunstancia provoca muchos conflictos en los tribunales y a nivel administrativo. Y estas situaciones se producen en materias como la Educación o la Sanidad, por ejemplo, donde las citadas instituciones pueden llegar a solaparse en algunos momentos. El actual sistema “da más problemas que soluciones y por eso procede revisarlo”, refiere el citado especialista.

Este experto universitario expone que la Constitución necesita mejoras y hace falta abordarlas. Pero para acometer esa compleja tarea “hace falta un clima de rigor entre los políticos y los técnicos y asesores de los primeros”. En este ámbito, cree que “el nivel de nuestra clase política no está a la altura de lo que supone el reto de revisar nuestra Constitución, pese a la necesidad de la mismo”.

42 años después de su aprobación la sociedad ha cambiado y así se debe de contemplar

Uno de los asuntos más controvertidos y que más presente está en el debate político y social es la Jefatura del Estado. Y el profesor de la Universidad de La Laguna piensa que no es una institución que necesariamente tenga que ser inamovible. Gerardo Pérez reconoce que a sus alumnos les explica que lo fundamental de la Constitución es el sistema democrático, el estado de derecho, la separación de poderes y la garantía de los derechos fundamentales. “Fuera de ahí, sí puede haber actualizaciones y mejoras”, aclara Pérez. “Puede haber monarquía o república, o un estado unitario, federal o autonómico”, afirma, estos asuntos “son perfectamente debatibles”. Recuerda que “en nuestro entorno de la Unión Europea hay de todo”. Advierte de que Dinamarca es una monarquía e Italia, una república; pero ambos son estados constitucionales. “No importa que se tenga ese debate, siempre y cuando se haga con rigor y se informe bien del mismo”, matiza.

Manifiesta que ahora procede revisar la forma en la que se aplica “la inviolabilidad del Jefe del Estado, que a mi juicio, en estos momentos se realiza de forma errónea”. En estos momentos, “se interpreta que la inviolabilidad supone que el Rey no tenga ningún tipo de responsabilidad y así se generan espacios de impunidad, que en un Estado constitucional no puede haberlos”, refiere Gerardo Pérez.

"A mis alumnos les gustaría participar de la adaptación constitucional", indica el profesor de la ULL

Opina que “la inviolabilidad del monarca tiene que interpretarse con la institución del refrendo”. Es decir, que en algunos actos que firme el Jefe del Estado, el presidente del Gobierno del Estado, el ministro que corresponda o el presidente del Parlamento también firme y, de esa manera, asuma la responsabilidad que se le quita al monarca, señala. “En ese sentido sí se puede hablar de inviolabilidad del Rey”, aclara el profesor de Derecho Constitucional. Comenta que “España ha suscrito tratados internacionales, donde se proclama la responsabilidad penal de los jefes del Estado, por lo que tal y como se hace en este país, no es la forma más adecuada”.

Otro de los asuntos que ha generado cierta polémica en los últimos años ha sido la supuesta falta de control sobre determinadas decisiones y acciones por parte de la Jefatura del Estado, de forma principal, sobre algunos “movimientos” por parte del Rey Emérito durante décadas. Gerardo Pérez cree “que la opacidad con la que, a veces, la Casa Real actúa, y también los responsables de las administraciones públicas, no está a la altura de los tiempos actuales”. Está de acuerdo con la exigencia de mayor transparencia y buen gobierno, ante “la bronca” que se genera en torno a los representantes de la monarquía; pero que también debería aplicarse a las administraciones públicas, que, en ocasiones, no dan o dan muy poca información de la que debieran.

La posibilidad de tener una ideología independentista no puede prohibirse, indica este docente de la Universidad de La Laguna. Pero plantea que “el mal llamado derecho de autodeterminación de los pueblos no se aplica en modo alguno a una comunidad autónoma, ni tampoco a un lánder alemán o a una región italiana”. Al abordar el complejo asunto del proceso separatista de Cataluña, indica Gerardo Pérez que “no estamos hablando de una colonia y se ha intentado confundir a parte del electorado”, mediante la “invocación de un derecho que, como tal, no es aplicable”.

Desde su punto de vista, “hablar, al mismo tiempo de una salida de España y, a continuación, de una entrada en la Unión Europea es un imposible jurídico”. En cualquier caso, según este experto en Derecho Constitucional, “es posible que, vía una reforma de la Constitución, se pudiera lograr la posibilidad de un referéndum que desemboque en un proceso de independencia; pero en modo alguno es viable salir de España y entrar en la Unión Europea”.

Además, comenta que “intentar la separación del país por la vía de los hechos consumados es hasta delictivo, como se ha visto”. Por parte de “algunos sectores se ha intentado enfrentar la democracia contra el Estado de Derecho”, para lo que se ha querido “que la legitimidad lograda en unas urnas justifique el no cumplir las normas jurídicas”, señala este docente. Aclara que “esto es un disparate; un cargo no otorga legitimidad para ir en contra del ordenamiento jurídico”.

Como profesor universitario, Gerardo Pérez recoge cada curso las impresiones de jóvenes veinteañeros que estudian Derecho. Este especialista de la Universidad lagunera apunta que “ellos son conscientes de que resulta necesaria una adaptación de la Constitución a los nuevos tiempos y les gustaría sentirse partícipes de ese momento”.

Y es que sus generaciones pasadas, padres o abuelos, fueron testigos o protagonistas del cambio que supuso para el país la llegada de la Carta Magna de 1978, tras la celebración del referéndum, recuerda Pérez.

Este profesor de Derecho Constitucional cree conveniente que “las generaciones futuras no se sientan esclavas de un pacto de sus generaciones pasadas, sino que se vean implicadas y partícipes de ese proyecto”. Gerardo Pérez imparte clases a personas nacidas a finales de la décad de los 90 del pasado siglo o ya en el nuevo milenio.

“Estoy completamente de acuerdo con reformarla, dado que la actual responde a una realidad que quedó obsoleta”, señala. Cree que hay que cambiar el Título de la Corona, avanzando en el control y trasparencia de la misma, reformar el Senado, blindar derechos sociales, avanzar en el autogobierno de las autonomías o mejorar la independencia judicial. Y fue producto de un proceso que le dio encaje a las élites tardofranquistas.

Ramón González dice que “yo dejaría la Constitución tal y como está; no le encuentro sentido a que se modifique”. ”Y, si se tiene que hacer, habría que saber qué es lo que hay que tocar”, puesto que “si es solo lo que el Gobierno quiere, pues no”, explica. “Para que se toque una sola letra” tiene que haber un consenso y sin duda no lo hay, apunta. A su juicio, todas las fuerzas políticas tienen que tener claro qué se puede modificar.

Juancho Gómez afirma que: “no veo por qué no se tienen que hacer cambios”. “En lo que no estoy de acuerdo es que se modifique la Constitución por algún interés”, señala. “Los cambios que se tienen que introducir tienen que ser en beneficio de la gente, los que menos tienen y no en base a que un partido político u otro haga en su propio interés o para contentar a un electorado en concreto”, comenta.

La posibilidad de tener una ideología independentista no puede prohibirse, indica el docente

Abraham Martín manifiesta que “tenemos una Constitución que la mayoría de nosotros no votamos”. En esa línea, comenta que “yo tengo 57 años y no pude votar” en el referéndum de 1978. Además, el texto debe ajustarse a los cambios que ha experimentado la sociedad española en más de 40 años y abordar temas como, entre otras cosas, qué tipo de Jefatura de Estado queremos para el futuro en el país.

Juan Luis Marín Carvajal es militar y piensa que la Constitución debería de ser ampliada “para abarcar una nueva realidad”, si bien señala que no es partidario de cambiarla para modificar su esencia. También opina que lo que sí habría que hacer es legislar “para que los mandatos de la Constitución Española se cumplan siempre, como por ejemplo con el derecho a la vivienda y a la propiedad privada”.

Afirma que es partidario de reformarla. Y es que, a su juicio, la Carta Magna necesita incorporar nuevos derechos, así como la actualización de otros ya existentes. Estima necesario retirar la inviolabilidad del Rey, al igual que la supresión de la posición preferente del hombre sobre la mujer. “Se requieren nuevos derechos, como el acceso a internet, y es de capital importancia blindar la sanidad y la educación públicas”, defiende.