Las residencias de mayores y de personas con discapacidad sufrieron en la primera ola de la pandemia una "tormenta perfecta": se registraron en ellas 10.364 fallecimientos con prueba positiva de Covid-19 y 9.904 con "síntomas compatibles". El informe elaborado por la Secretaría de Estado de Derechos Sociales y las consejerías de Servicios y Asuntos Sociales de las comunidades autónomas, presentado ayer miércoles en el Consejo Interterritorial, analiza las causas que confluyeron para que se registrara esa alta mortalidad en las residencias, desde las características propias de los residentes a la falta de personal.
En el extenso estudio, al que ha tenido acceso Efe, se estima como "plausible" que entre el 47 y el 50 % de las muertes de la primera ola tuvieron lugar en las residencias, lo que, en principio, situaría a España en unos parámetros intermedios en el contexto internacional. En la primera oleada (entre el 10 de marzo y el 9 de mayo), el sistema de vigilancia MoMo, gestionado por el Centro Nacional de Epidemiología (CNE), determinó un exceso de fallecimientos en España por todas las causas de 44.593 personas (un 66,9 %), con especial peso en los mayores de 75 años (un incremento del 77,9 %).
En el inicio de esta segunda ola (entre el 10 de julio y el 29 de octubre), el exceso de mortalidad entre los mayores de 74 años fue de 12.391, un alza del 16 %, es decir, casi cinco veces menor que en la fase inicial, descenso que el informe atribuye al mayor conocimiento del virus y a la mayor conciencia de los riesgos y a las medidas adoptadas en las residencias.
Desconocimiento
En el estudio se identifican una treintena de factores que interactuaron en lo que puede calificarse como una "tormenta perfecta", empezando por la alta contagiosidad de la enfermedad y más en alojamientos colectivos en los que se comparten espacios, y el "lógico desconocimiento" sobre muchos aspectos del Covid-19, como la capacidad de que sujetos asintomáticos contagiaran.
Según este análisis, cuando se adoptaronmedidas de limitación de visitas o salidas en las residencias (entre el 12 y el 18 de marzo dependiendo de territorios), el patógeno ya se había introducido en muchos centros, sobre todo en los territorios en los que la incidencia de la infección era mayor. Entre las lecciones aprendidas se destaca la importancia de realizar "barridos" con test de antígenos a residentes y trabajadores o con test PCR al personal de nuevo ingreso.
La edad y la presencia de otras enfermedades también abundaron en una mayor letalidad en las residencias. Sobre las medidas de aislamiento se incluye un toque de atención: no siempre tuvieron en cuenta que, aunque la prioridad es evitar contagios y salvar vidas, los confinamientos pueden provocar también "efectos graves" en la salud de las personas, más allá del riesgo de la covid-19".
Se apunta que en los centros más grandes hubo mayor diseminación del virus y que en muchos de ellos, una vez que se tomaron medidas de "cierre" o confinamiento, se mantuvo la transmisión entre los residentes, llegando a infectar al 70 % de los internos en muchos casos, con letalidades que se podían elevar fácilmente por encima del 20 %. Los estudios muestran que cada brote en una residencia afectó a 17 personas, si bien en el estudio realizado en octubre la cifra descendió a 12.
