La jurisdicción española actual impide dar respuesta a las demandas de la Mesa de Confluencia de Médicos y Facultativos de Canarias que han anunciado que se pondrán en huelga el próximo 11 de diciembre. Mientras la Mesa de Confluencia considera que la Oferta Pública de Empleo (OPE) para facultativos especialistas de área (Feas) que está diseñando la Consejería de Sanidad junto a los sindicatos sanitarios en la Mesa Sectorial, es “injusta y abusiva”. Su propuesta, que se basa en que los contratados eventuales pasen directamente a ser fijos a través de un proceso selectivo extraordinario por la vía de concurso restringido para los médicos, es a ojos de los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias una ilegalidad que iría incluso en contra de la Constitución Española.

Las ofertas públicas de empleo en Canarias han sido, durante más de una década, las grandes olvidadas de la actividad pública. Los recortes asociados a la crisis económica de 2008 motivaron que la tasa de reposición – que impone directamente el Estado – fuera nula durante 2011, 2012, 2013 y 2014 tal y como se estableció en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado. En 2015 fue del 50% y a partir de entonces del 100%. Durante estos años, para paliar la demanda de actividad, las administraciones han “abusado” de la contratación eventual, como califica una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En esta misma sentencia se basan los médicos convocantes de la huelga que han expuesto a la Administración la necesidad de realizar unas oposiciones restringidas, que permitieran consolidar directamente a los trabajadores que han estado años concatenando contratos temporales –normalmente de un año de duración–. Y aunque la propia sentencia del Tribunal Europeo remarca que las OPEs no pueden, “en modo alguno, usarse para la solución relativa al abuso de la temporalidad”, los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias no ven viable la fórmula planteada por el colectivo de médicos. En un extenso documento, al que ha tenido acceso este periódico, la Viceconsejería de Servicios Jurídicos realiza un análisis de distintas sentencias, el Estatuto Básico del Empleado Público y hasta de la Constitución Española. Lo que concluye es que las pruebas de acceso restringido están “prohibidas” constitucionalmente. Lo avala una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) en la que se dictamina también la prohibición de integrar automáticamente a determinados grupos de trabajadores –como los eventuales– en la función pública como fijos.

El informe jurídico también insiste, además, en que la comunidad autónoma no tiene potestad para establecer límites a la oferta de empleo público. Si lo hiciera estaría “infringiendo una norma de rango infraconstitucional dictada por el Estado en el ejercicio de sus competencias”, explica el documento. En todo caso, y retomando la sentencia del Tribunal Europeo, el informe jurídico expresa que “la organización de procesos selectivos que tengan por objeto la provisión definitiva de las plazas ocupadas provisionalmente por empleados públicos con una relación de servicio de duración determinada –es decir, una interinidad–, es una medida adecuada”. Los sindicatos sanitarios también se han posicionado en contra de la Confluencia de Médicos, pues asumen que la nueva oferta pública de empleo para facultativos vendrá a salvar algunos escollos con los que se habían encontrado anteriormente. Aunque aún está aún en fase de negociación, Sanidad ha planteado a los sindicatos un plan B a la OPE de médicos que había salido adelante durante el mandato de la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval. La propuesta del SCS viene a facilitar la estabilización de los facultativos mediante una prueba que tan solo consista en entregar una memoria profesional, un caso clínico de su especialidad o un test con una batería de preguntas previamente establecida. Francisco Bautista, secretario de la federación de servicios públicos de la UGT, criticó la posición de la Confluencia, insistiendo en que la oferta pública de empleo se debe negociar para que sea lo más favorecedor para los trabajadores del Servicio Canario de la Salud sin poner en riesgo el propio proceso.

“Si hacemos lo que dicen, nos saltaremos la legalidad y el proceso será impugnable”, insistió Bautista. En este sentido, remarcó que las oposiciones deben estar de acuerdo a lo que establece el Estatuto Básico de Empleados Públicos y que, para que fuera distinto, deberían cambiarlo los partidos políticos en el Congreso de los Diputados. “Están pidiendo saltarse la ley solo para un colectivo”, aseveró Bautista, que remarcó que ”no son los únicos afectados por la irresponsabilidad de la Administración”.