“Estamos aquí y seguimos igual”. Este fue el eslogan utilizado por la asociación de discapacitados Queremos Movernos en la VI Marcha a favor de la mejora de las condiciones de vida para estas personas en el 2017. La presidenta del colectivo, Ana Mengíbar, asegura que ese planteamiento sigue vigente, en la medida en que estos ciudadanos continúan sin estar atendidos y las reclamaciones son las mismas desde hace años. A su juicio, la dinámica siempre es la misma: “se inician trabajos o acciones, nos prometen cosas, pero los resultados nunca llegan”.

Educación. Mengíbar apunta que “seguimos excluidos en Educación, porque la Consejería no termina de entender que los alumnos discapacitados tienen reconocido su derecho a formarse doblemente, en base a la Ley General de Derecho de Personas con Discapacidad, según el Real Decreto 29/11”. Hacen falta más medios materiales y recursos humanos atender a los discapacitados y respetar el derecho a la igualdad de oportunidades. Es decir, son necesarios muchos más profesores de apoyo para, por ejemplo, discapacitados auditivos o visuales. Cree la líder de Queremos Movernos que ahora hay “excelentes profesionales”, pero son muy pocos. Desde su punto de vista, una o dos horas a la semana no son suficientes para que un alumno de estas características culmine su formación. Hace falta ayuda a dichos menores, pero también asesoramiento a los profesores que les dan clase de forma permanente. Menciona, por ejemplo, a los niños sordos, que pueden leer los labios del profesor cuando habla de frente a ellos, pero no cuando escribe en una pizarra o da una explicación hacia la pizarra digital, o bien cuando sus compañeros responden o preguntan en clase. Para Mengíbar, “así no se consiguen resultados académicos; y no se trata de llegar a la universidad, sino al límite de la capacidad de cada individuo”. Esa falta de recursos se tiene que sustituir en el ámbito familiar, “cuando este tiene conciencia” de lo necesaria que resulta su implicación.

Empleo. Cree Ana Mengíbar que, “mientras no se les garantice a los discapacitados que se van a poder formar, seguiremos hablando de jardineros y reponedores de alimentos”. Refiere que “es una vergüenza que Canarias no apueste seriamente por el empleo de todas las personas, incluso de aquellas que necesitan apoyo en su trabajo”. En caso contrario “se las condena a vivir de una pensión mísera y a estar en el umbral de la pobreza”, apunta la representante de Queremos Movernos, pues los discapacitados deben afrontar gastos que la mayoría de la población o las instituciones ignoran, como, por ejemplo, la reparación de una silla de ruedas, las obras de adaptación de su vivienda o los gastos de las personas que los ayudan a vestirse o los acompañan al médico.

Población. La Organización de Naciones Unidas (ONU) estima que, de media, un 15 por ciento de la población mundial sufre algún tipo de discapacidad y ese dato se puede extrapolar a Canarias, matiza Ana Mengíbar, quien recuerda que, a las personas que tienen reconocida su discapacidad hay que añadir a aquellos que están en trámite, a quienes sufren una transitoria o a las personas que, por razón de edad, empiezan a sufrir déficit auditivo, visual, de movilidad o de orientación, por ejemplo. “Eso representa un porcentaje de la población muy elevado”, señala la portavoz de Queremos Movernos.

Accesibilidad universal. Para Mengíbar, resulta otra “vergüenza” que el Gobierno canario, el Cabildo o los ayuntamientos hablen de accesibilidad y consideren que esta se soluciona “quitando unos escalones”. Apunta que la accesibilidad universal también implica que un discapacitado intelectual sea capaz de comprender el entorno por el que se mueve o que permita la comunicación fluida hacia los sordos o los ciegos. Explica Mengíbar que hace falta que los proyectos los gestionen “empresas cualificadas y no con aquellas que dicen ser asesoras, pero en sus diversas actuaciones demuestran que no”. Queremos Movernos también recuerda que “tenemos derecho a disfrutar de la cultura, el ocio o al deporte; todo para garantizar la accesibilidad universal”.

Vivienda. La mencionada asociación recuerda que es importante que en los planes de vivienda se contemplen las necesidades de casas para personas discapacitadas, lo que les permitirá tener “un ahorro considerable en el pago de residencias y, además, disfrutar de una mejor calidad de vida”. Según Ana Mengíbar, “Canarias no tiene suficientes residencias ni centros de día” para estas personas, “sobre todo para los discapacitados físicos”. Solamente de esta manera se puede concebir que hombres o mujeres de 40 años tengan que vivir en residencias geriátricas, manifiesta la representante del colectivo Queremos Movernos.

Deporte.

Al igual que ocurre para los ciudadanos sin discapacidad, el mensaje al Gobierno canario es claro: “Todo lo que suponga práctica deportiva significará ahorro en gasto sanitario”, según Mengíbar, que destaca que se debe impulsar tanto el deporte adaptado (disciplinas en las que hay competiciones a diferentes niveles) y el inclusivo (aquel que representa un ejercicio físico para el discapacitado, pero donde no se compite). Un ejemplo, “mucho deporte no se practica por falta de guías que acompañen”, aclara.

Nada que celebrar. Para Mengíbar, “nosotros no tenemos nada que celebrar el 3 de diciembre”. Lamenta que en jornadas como hoy “todo el mundo se cuelga medallitas, pero cuando se levantan el día 4 de diciembre, ya no se acuerdan de nada”. No obstante, señala que en Güímar se llevará a cabo hoy una jornada de la integración, en la que se formalizará el compromiso del alcalde, Airam Puerta, y del Ayuntamiento para trabajar en la sensibilización y la consideración de estos ciudadanos en diferentes acciones y proyectos municipales. Mengíbar recuerda una anécdota. El año pasado recibió la visita de un colectivo de la Península y sus representantes mostraban su sorpresa por el hecho de que en la Isla hubiera tan pocos discapacitados. Desde Queremos Movernos se les aclaró que, en realidad, sí hay, pero no pueden salir de sus viviendas por las frecuentes barreras que hallan.

Atención municipal. Ana Mengíbar recuerda a los ayuntamientos que “están obligados a atendernos, en base a la nueva Ley de Servicios Sociales, que les hace competentes de prestar atención a los diferentes colectivos, sobre todo a los que tienen mayor riesgo de exclusión social y garantizar su inclusión”. Queremos Movernos dice que “hace falta” en las administraciones municipales “un trato digno, compromiso y voluntad”. Afirma que “nos sentimos maltratados en los municipios por omisión, por falta de atención”. Mengíbar lamenta que, a veces, se confunde dependencia con discapacidad, cuando, en realidad, “ni todos los discapacitados son dependientes, ni todos los dependientes son discapacitados”. Señala que, en las poblaciones con más de 50.000 habitantes, debe haber un 15% de la flota de taxis adaptada. En Santa Cruz de Tenerife debería haber 40, pero solo hay siete.