El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas incautó y destruyó el 11 de noviembre en Gran Canaria más de 2.000 kilogramos de productos pesqueros congelados que fueron localizados en una inspección realizada con la colaboración de Inspectores de la Viceconsejería de Sector Primario, la Dirección General de Pesca e inspectores de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canaria.

Según informa la Guardia Civil, los hechos tuvieron lugar en las instalaciones de una empresa ubicada en el municipio de Ingenio, donde los agentes localizaron como producto congelado un total de 546 kilogramos de pulpo, 163 kilogramos de lapas, 1320.2 kilogramos de tunas (tunus obesus) y 60 kilogramos de arrilotes, bonitos del norte (thunus alalunga), pudiendo verificar como los pulpos se encontraban individualmente en bolsas de rafia y plástico utilizadas habitualmente en tiendas y supermercados.

Por otro lado, las lapas también se encontraban embolsadas de la misma manera y a granel, por lo que los funcionarios, a efecto de comprobar su legal procedencia, solicitaron la documentación necesaria sin poder acreditar el responsable del local la correcta trazabilidad de los productos.

Alguna de las especies intervenidas carecían de la talla mínima permitida para su comercialización

Así, tras realizar el correspondiente pesaje y mediciones, se pudo comprobar cómo alguna de estas especies carecían de la talla mínima permitida para su comercialización.

Todos los productos pesqueros fueron intervenidos por estos motivos y por no reunir las condiciones sanitarias para su comercialización, los cuales no fueron donados a un centro benéfico por no poder acreditar la trazabilidad de los mismos procediendo a su destrucción en gestor autorizado.

Finalmente, la Guardia Civil confeccionó las correspondientes denuncias por diferentes infracciones a la Ley 17/03 de Pesca de Canarias, entre otras por carecer de nota de primera ventas y no respetar las tallas mínimas remitidas a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias y a la Ley Sanitaria y Calidad Alimentaria por introducir alimentos en la cadena alimentaria sin reunir las condiciones sanitarias mínimas remitidas a la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias.