Diecisiete años después de que entrara en vigor la Ley de Violencia de Género para proteger a las mujeres de las agresiones físicas, psíquicas y, sobre todo, de los asesinatos; después de innumerables campañas para divulgar la necesidad de que las víctimas, su entorno más próximo y toda la comunidad se impliquen en su protección, todavía queda mucho trabajo por hacer para, una vez que se consuma la muerte violenta, atender de forma adecuada las necesidades de los hijos que quedan huérfanos y de aquellos familiares que deben velar por sus cuidados, integridad física y, entre otras cosas, por el patrimonio que les corresponda. Una década después de que la mencionada legislación pusiera el foco sobre una realidad social demasiado extendida, Luz Marina Rodríguez, vecina de Santa Cruz de Tenerife, impulsó la plataforma Todas somos Guaci. Quería honrar el nombre de su hermana, Guacimara, que en una mañana de febrero del 2013 fue apuñalada hasta la muerte por su exmarido, delante de sus dos hijos, de cinco y ocho años, y de su madre, ante la puerta de una vivienda del barrio de Los Gladiolos. El nombre del colectivo parecía el efímero eslogan de una manifestación por una fallecida más. Pero no; Luz Marina se ha encargado de darle contenido y fuerza, para advertir de todas las carencias que existen a nivel de la Administración para actuar con eficacia y sensibilidad ante las otras víctimas del drama: los seres queridos de la persona que ya no está.

“En estos siete años se han conseguido cosas”, aclara Rodríguez. Una de ellas consiste en que “todos los huérfanos puedan cobrar una pensión, con independencia de que su madre haya cotizado mucho, poco o no lo haya hecho”, explica. Hasta ahora, solo tenían derecho a percibir dinero de la Administración los hijos de aquellas mujeres que hubiesen contribuido a la Seguridad Social. El ingreso dependerá de los años que la víctima cotizara al citado organismo. Por el momento, no existe equiparación en este campo; “es una de las cosas que hay que limar”, señala. Sin embargo, hay casos en que los niños son adoptados por familiares cercanos. En esos casos, en que cambian de apellidos, pierden toda opción de percibir la pensión por orfandad. Uno de los objetivos es que estos menores también perciban tal ayuda. Para sensibilizar a los legisladores, Todas somos Guaci cuenta con el apoyo de la Fundación Soledad Cazorla, con sede en Madrid.

Esta trabajadora social refiere que “se avanza, pero cuesta mucho y todo es muy lento; hay que presentar muchos papeles”. Y eso que, por su profesión (trabajadora social) Luz Marina sabe “moverse” ante las administraciones. Deja claro que una cosa son las aprobaciones de normativas y los titulares en los medios de comunicación, y otra muy diferente, la realidad. Según Rodríguez, en el 2016 se ratificó la Proposición No de Ley para que los niños afectados por estas situaciones no pagaran determinados gastos, como los comedores escolares, la basura o el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), por ejemplo. Sin embargo, “todo se quedó ahí y no se ha llevado a cabo”. Y es que las viviendas que heredan los niños generan deudas cada año y ellos, como menores que son, no tienen ingresos para pagarlas, por lo que dependen de los familiares que los ayudan. Por ahora, esas demandas hay que realizarlas con cada ayuntamiento y, cada vez que entra un grupo de gobierno, hay que explicar la situación desde el principio para intentar que el concejal de una determinada área tome conciencia y pueda aplicar alguna medida, según Luz Marina.

El problema surge cuando, en base a una nueva legislación, “hay que mover un papel, porque los funcionarios no saben cómo hacerlo, empiezan a preguntarse unos a otros y el asunto no avanza”, comenta. Rodríguez advierte de que “no hay un protocolo de actuación establecido para intervenir en un determinado asunto y tampoco existe coordinación entre diferentes administraciones” que facilite seguir una hoja de ruta en todos los trámites. Por el momento, “cada familia tiene que ir aquí, allí; buscarse la vida” para resolver cualquier trámite, apunta la portavoz de Todas somos Guaci.

Recuerda que “el Pacto de Estado por la Violencia de Género está muy bonito, pero se queda arriba y nadie sabe” cómo llevar a cabo sus planteamientos en las instituciones más cercanas al ciudadano. En ese ámbito, opina que falta bastante formación entre los funcionarios para que sepan cómo deben afrontar estos asuntos; “una formación práctica y presencial sobre cada trámite y que, además, incluya cómo se debe tratar a esas personas que van pidiendo ayuda”. Desde que existen estadísticas, el Estado ha contabilizado 295 huérfanos por asesinatos machistas y 1.074 mujeres asesinadas. A Luz Marina le preocupa que las tragedias de estas familias “se normalicen” ante la proliferación de casos.

“La cadena perpetua la tengo yo”

Todavía hay situaciones dramáticas para las que la Administración no contempla atención, como las mujeres a las que sus parejas o exparejas les matan a sus hijos. Según Rodríguez, ellas no entran en el programa de ayudas para víctimas de violencia de género, a pesar de que el daño psicológico es muy grave. Luz Marina cita una frase de su madre: “La cadena perpetua la tengo yo, que me han destrozado la vida”. Y es que la progenitora de Guacimara “ha tenido que aprender a vivir con la rabia y el dolor, además de con la ausencia de una hija con la que convivía”. Explica Luz Marina que las condenas de prisión en estos casos deberían ser íntegras, con independencia de la pena; es decir, “si son 23 años, que sean 23 en la cárcel, y si son 30, 30, pero que los culpables no tengan beneficios para la reducción de la misma”. Estima que, si no es así, las familias piensan que es cierta la frase de que “matar no cuesta nada”. En su defensa de los derechos de las otras víctimas, reconoce que “te cansas y, a veces, piensas en tirar la toalla, pues muchas puertas se cierran tras prometer apoyo y ayudas que nunca llegan, pero después no estás dispuesta a abandonar lo que se ha logrado; hay que seguir tirando del carro”. A veces, hay pequeños gestos que compensan ese trabajo. El año pasado, gracias a las gestiones de la Fundación Soledad Cazorla, tuvo oportunidad de acudir a una reunión con la reina Letizia para hablar del asunto. “Me quedo con que te escuchen, que se sepa del tema, porque ella conocía nuestra labor; eso es positivo”, explica. | P.F.