Los agentes de Participación Ciudadana también ofrecen charlas a mujeres con discapacidad para que intenten actuar de manera adecuada si llegan a sufrir algún tipo de acoso, abuso o agresión sexual. En estos casos, el objetivo es que las víctimas puedan ponerlo en conocimiento de familiares o educadores y monitores. A veces, son estos últimos quienes detectan “que algo no va bien”. Rodríguez Puga aclara que “a este último colectivo la sociedad lo tiene un poco apartado”. En los delitos sexuales a mujeres discapacitadas psíquicas, un porcentaje alto de los autores son amigos de las familias e, incluso, familiares, como primos o tíos, por ejemplo.
Este profesional de Participación Ciudadana lleva siete años en el citado grupo. Su opinión personal es que los adolescentes y jóvenes muestran una tendencia al aumento de acciones machistas, como celos e inseguridades en los chicos. Y esas acciones están amplificadas y potenciadas por las nuevas tecnologías. Un ejemplo: se ha encontrado con parejas de adolescentes que, de mutuo acuerdo, se instalan una aplicación para tener el registro de los mensajes y llamadas que recibe el otro. Se llama “couple tracker” (control mutuo). Y por ese camino también expone que imparte charlas a menores de Primaria y Secundaria sobre los riesgos de compartir imágenes de carácter sexual por internet. Entre parejas, ese intercambio puede producirse de forma consentida y voluntaria. El problema aparece cuando se rompe la relación. Hay veces en que dicho material se utiliza por parte de algunos individuos para que la chica vuelva con él, no lo deje o siga manteniendo relaciones, a cambio de no divulgar las imágenes. Es parte de lo que denomina “ciberviolencia de género”. Afirma que en La Palma “es raro el año en que no nos encontramos con un caso de este tipo”.
