Un total de 102 docentes sufrieron casos de acoso o agresión el curso pasado en el ejercicio de sus funciones, 64 menos que en el curso anterior, cuando se contabilizaron 166, lo que supone una caída del 40% debido principalmente al confinamiento que, sin embargo, ha contribuido a que los casos de ciberacoso aumenten hasta un 50%.

A nivel nacional, las denuncias de profesores que sufrieron algún tipo de agresión aumentaron un 26%. Por provincias, Santa Cruz de Tenerife registró 53 denuncias y la provincia de Las Palmas, 49. Asimismo, por parte de los alumnos hubo 66 agresiones, 32 por parte de padres y sólo 4 entre compañeros.

Así se desprende de la Memoria del Defensor del Profesor correspondiente al curso 2019-2020, que ha sido presentado en rueda de prensa por el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo; el responsable del servicio del Defensor del Profesor en Canarias y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Domingo Rodríguez, y el coordinador del servicio del Defensor del Profesor en Las Palmas, Bernardo Huerga.

El presidente de ANPE Canarias indicó que esta memoria está condicionada por el confinamiento y la obligación que conllevó a todo el profesorado a realizar la enseñanza online, lo que produjo que no se tuviesen las denuncias habituales en cuanto a agresiones y amenazas, pero sí aumentasen las denuncias por el mal uso de esos medios. No obstante, puntualizó que las agresiones al profesorado no son una cuestión generalizada, sino situaciones puntuales aunque muy graves.

Pedro Crespo señaló que este servicio debe ser asumido por la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y no por un sindicato. Afirmó que el equipo anterior de la Consejería se comprometió con el profesorado a poder ofrecer este servicio de atención psicológica y de atención letrada a todo el profesorado que es agredido, un compromiso que también ha asumido el nuevo equipo pero que aún no se ha llevado a cabo.

El responsable del servicio del Defensor del Profesor en Canarias y en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Domingo Rodríguez, señaló que tanto en Educación Infantil como en Primaria se produjo un descenso significativo del número de denuncias, el 95% de las cuales fueron por agresiones de padres a docentes, principalmente a la salida de los alumnos de las aulas. En Secundaria se contabilizaron 46 casos de acoso o agresión, un 23% más que el curso anterior, cuando se registraron 60. La mayor parte fueron cometidas por el alumnado.

El curso pasado también se produjeron 40 casos por denuncias falsas, lo que, según Domingo Rodríguez, refleja una falta de comunicación entre los padres y el profesorado; por ello, aconseja a las familias que, antes de ir a denunciar, hablen con el docente.

Ciberacoso

En el último trimestre del curso, debido a la obligatoriedad de la enseñanza online por el confinamimento, se registraron 45 denuncias por ciberacoso, lo que supone entre un 40% y un 50% más respecto al curso anterior. En este sentido, Domingo Rodríguez explicó que este tipo de denuncias responde a un uso inadecuado de la imagen del docente.

A este respecto, comentó que cuando un docente da la clase online, hay alumnos o padres que graban la clase, cogen un hecho aislado (levantando la voz, haciendo mal una corrección...), lo editan, lo descontextualizan y lo difunden a través de las redes sociales para burlarse o insultar al profesor. Asimismo, también hay padres que han grabado parte de la clase para amenazar al profesor y pedirle que cambie las notas de su hijo.

"Lo que antes se quedaba en el pasillo del centro, ahora lo ven millones de personas si un vídeo se hace viral", afirmó Rodríguez, quien aseguró que hay muchos profesores que tienen "terror" a dar las clases online por el miedo a que se les grabe cometiendo un error y que después de difunda en las redes.

Ante este tipo de casos, el docente tiene que presentar una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil para que se abra una investigación y se localice a las personas que han subido ese vídeo y al resto de implicados. A este respecto, Domingo Rodríguez citó un caso en el que tres alumnos provocaron a un docente para generar una determinada reacción que fue grabada en vídeo y difundida en las redes sociales. Tras llevar este caso a la Justicia, los tres alumnos fueron penadas por el juez a cuatro meses de servicios sociales.

El presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, indicó que han hecho llegar a la Consejería de Educación una solicitud formal en esta línea porque, si bien el Código Penal están tipificados determinados delitos por ciberacoso, no está adaptado al terreno educativo. Así, el sindicato ha trasladado a la Administración educativa la necesidad de que se dicte una norma o una orden para regular esta cuestión.

Campo de cultivo

El coordinador del servicio del Defensor del Profesor en Las Palmas, Bernardo Huerga, añadió que este tipo de situaciones están generando un campo de cultivo mayor para los insultos, las amenazas y el ciberacoso a los profesores. Por ello, también exige campañas de educación y sensibilización que hagan ver la importancia de respetar al docente en su ejercicio, pues se trata de una autoridad pública y es un delito amenazar, insultar o agredir a un profesor en las redes sociales.

Según Bernardo Huerga, la llegada de la educación a distancia ha supuesto un antes y un después en los datos de la Memoria del Defensor del Profesor porque se han incrementado notablemente las amenazas e insultos a través de Internet y las redes sociales, de ahí que abogase por poder compatibilizar el derecho a la propia imagen del docente y el derecho a la educación con normativas y legislaciones adecuadas.

Por último, Bernardo Huelga incidió en que la mayor parte de los docentes no están preparados para una educación online; por ello, considera que la Consejería de Educación tiene que implementar medidas formativas dirigidas al profesorado en relación a este nuevo modelo educativo que "ha llegado para quedarse". También considera que hay que regular normativamente el teletrabajo, pues los docentes tienen que usar sus propios medios para dar clase sin ayuda de la Administración educativa.