La magistrada Graciela Pérez-Valencia, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 del Puerto de la Cruz, especializado en violencia de género en dicho partido, está convencida de que la tecnología de comunicación se ha convertido en un medio de control muy fuerte sobre la mujer, que limita su libertad como persona. Esta autoridad judicial reconoce que detecta en los últimos años un aumento de comportamientos machistas entre los jóvenes y menores de edad. “Lo noto; tiene mucho que ver con el mal uso de la telefonía móvil, sistemas de mensajería como whatsapp o las redes sociales”, en la medida en que se exige a la mujer con inmediatez que diga dónde y con quién está, a la vez que no se acepta que no responda de manera rápida a los mensajes del hombre, explica Pérez-Valencia.

Recuerda el caso de un delito cometido en La Laguna, pero en el que la detención del presunto autor se llevó a cabo en el Puerto de la Cruz. Era un joven de apenas 20 años que logró acceder al teléfono móvil de su pareja y conocer, en tiempo real, los mensajes que recibía esta por whatsapp. Además, suplantó la identidad de la misma e, incluso, respondía como si fuera ella en algunas ocasiones. “Me resultó muy llamativo”, aclara la jueza, quien comenta que uno de los argumentos con los que el acusado se defendió en un primer momento en sede judicial fue que “su pareja lo engañaba”. “Pero eso no justifica el control”, apunta.

Reconoce que “empieza a ser un mal generalizado que todo tenga que hacerse de forma inmediata” y muchos jóvenes no asumen que las chicas tarden en contestar, pues piensan que están hablando con otros chicos. Para Graciela, “gran parte de la juventud está más preocupada por difundir fotos en redes sociales que por disfrutar del momento; y eso tiene sus consecuencias si alguien quiere ejercer un control sobre ti, te sigue o está obsesionado contigo”.

Para esta jueza, hay que aplaudir la coordinación entre policías nacionales y funcionarios

La titular del Juzgado número 3 del Puerto de la Cruz afirma que la pandemia y sus importantes efectos en la no llegada de turistas ha influido de forma considerable en la evolución de los casos de violencia machista en este partido el presente año. “Las denuncias por violencia de género se han reducido muchísimo”, aclara. A su juicio, “eso no significa que no hayan existido casos y que las mujeres decidieran no denunciar”. Esa realidad estadística se produjo cuando, desde varios sectores y al organizar el servicio de guardia de los juzgados durante el confinamiento, se pensó que se iban a disparar los episodios violentos, al convivir durante las 24 horas los agresores con sus víctimas. Al igual que expresa el fiscal delegado de Violencia de Género, José Luis Sánchez-Jáuregui, Pérez-Valencia indica que en su juzgado un elevado número de casos está protagonizado por turistas alojados en hoteles y apartamentos, sobre todo los británicos, noruegos o finlandeses. Advierte de que el fenómeno está muy relacionado con el consumo de alcohol, las fiestas y la gente joven. Cree que parte de estas personas reproducen los comportamientos violentos que ya adoptaban en sus lugares de residencia habitual, y otras presentan un comportamiento violento con sus parejas en el contexto del consumo desmesurado de alcohol. Durante las vacaciones, muchas de estas personas “se desinhiben, consumen bebidas alcohólicas u otras drogas durante todo el día, casi a cualquier hora; unido al buen tiempo”, refiere esta jueza.

Y esa tendencia a la baja del número de episodios violentos sobre la mujer en el presente año todavía perdura, en la medida en que la ocupación turística es baja. Esta autoridad judicial aclara que, como es evidente, también existen denuncias entre residentes en el Puerto de la Cruz, pero en estos casos las órdenes de protección u otras medidas cautelares acordadas permiten un mayor control; aunque también se producen quebrantamientos de las citadas acciones.

Maquinaria

Respecto a la adaptación que se ha tenido que producir en todos los órganos judiciales ante las medidas preventivas para evitar los contagios del covid-19, Graciela Pérez-Valencia aplaude el esfuerzo de coordinación entre funcionarios y agentes de la Policía Nacional. En su opinión, la Administración de Justicia es una “maquinaria compleja, cuyo engranaje se paró casi por completo y cuesta mucho volver a hacerlo funcionar”. Tras el 14 de marzo, quedaron suspendidos juicios, vistas, declaraciones y la tramitación de escritos no urgentes. Para esta jueza, “la Dirección General (de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario), dentro de sus posibilidades, dotó de medios, pero los funcionarios de Justicia y los agentes de la Policía Nacional dieron la talla para coordinarse y aprender” los nuevos procedimientos.

Está convencida de que “hay cosas que han venido para quedarse, prácticas que nos gustan”. Una de ellas es la grabación de todas las declaraciones de las partes en casos de violencia de género. Antes se mecanografiaban y se compartían bolígrafos entre los funcionarios y justiciables. Ahora también se recogen por escrito, pero se aprovecha el sistema de grabación audiovisual de los juicios para registrar las manifestaciones de las partes en violencia de género. “Y ahí no hay trampa ni cartón”, apunta, sobre todo para apreciar posibles contradicciones. Otra de esas prácticas es la generalización del sistema de videoconferencia para facilitar que, por ejemplo, un abogado pueda asistir a la toma de declaración y el acto no tenga que suspenderse porque esté a muchos kilómetros de distancia.

Separación de órganos

Pérez-Valencia considera, no obstante, que “es fundamental que se siga aplicando el principio de inmediación, por el que los investigados y las perjudicadas acudan a sede judicial; porque, entre otras cosas, la comunicación no verbal es importante”. Aclara que, por el contrario, desde su perspectiva, “no fue una buena práctica la declaración de los detenidos por videoconferencia”. En base a su experiencia, “es necesario separar los juzgados de Instrucción de los especializados en Violencia de Género, con el objetivo de que estos últimos tengan medios específicos adaptados a las necesidades de esta realidad, en la medida en que el proceso de instrucción o el trato con los implicados no es el mismo”.