El Colegio de Administradores de Fincas (CAF) de Santa Cruz de Tenerife está realizando un estudio sobre la ocupación ilegal de viviendas que, según sus datos, supuso 271 casos denunciados en 2019 y 311 en toda Canarias sólo en el primer semestre de este año.
Estos datos fueron facilitados por el administrador de fincas y vocal de la Junta de Gobierno del CAF tinerfeño José Antonio Acevedo en su intervención en un encuentro sobre ocupación ilegal de viviendas y protección del derecho a la propiedad privada, afirma la entidad profesional en un comunicado.
Al respecto, indica que el Colegio de Administradores de Fincas de Santa Cruz de Tenerife ha creado una comisión de trabajo específica sobre la ocupación ilegal de viviendas en las islas y en Tenerife, en particular.
Esta comisión ya está recabando la información para elaborar la mayor estadística realizada hasta ahora sobre cómo está afectando este problema a la isla, por zonas.
Además, su objetivo es también editar una guía con medidas para que los colegiados y los propietarios sepan cómo actuar y las herramientas de que disponen para defender su propiedad.
Acevedo subrayó que la ocupación es un delito y advirtió de que no se puede justificar en ninguna de sus formas
Acevedo subrayó que la ocupación es un delito y advirtió de que no se puede justificar en ninguna de sus formas, admitió que es un asunto complejo y cuestionó la diversa actuación de los jueces y el hecho de que, a veces, son los denunciantes los que son denunciados por los okupas.
Los administradores de fincas refirieron los casos que sufren sus clientes, los propietarios y comunidades afectadas, y que calificaron de problema importante "cuando son personas antisociales, que se enganchan a la luz de la comunidad, rompen cuadros de luz, se meten en la terraza del vecino, que montan fiestas, follones o peleas, que molestan con música, que trafican con droga o que se dedican a la prostitución".
"Porque este es el perfil del 80 por ciento de lo que yo veo en el sur de la isla, no personas vulnerables", aseguró Acevedo.
No obstante, al término del encuentro se mostró confiado en que vayan dando resultado las recientes instrucciones del Ministerio de Interior y la Fiscalía General del Estado para mejorar la lucha contra la ocupación ilegal de viviendas.
Por su parte, la colegiada Ana Isabel Rancel aludió al peligro que supone la ocupación de viviendas para las inversiones en las islas, por la falta de seguridad.
"Aunque también hay inversores espabilados que se aprovechan de la situación para tratar de rebajar los precios", opinó.
