La reforma educativa puesta en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez y abanderada por la ministra Isabel Celaá sigue su curso rodeada de defensores y detractores a partes iguales. Son muchas las voces críticas que han denunciado la falta de consenso entre la comunidad educativa, a la que no han consultado para elaborar este nuevo texto, y que sostienen que, a pesar de la necesidad de derogar la ley Wert, la solución no reside en dar forma a una nueva norma sino que hay que girar hacia un sistema como el que desde hace años ha situado a Finlandia en el mapa, con uno de los mejores programas educativos del mundo.

Comisiones Obreras, STEC-IC o ANPE son algunas de las organizaciones que lamentan el poco diálogo del Ministerio de Educación con el resto de la comunidad para sacar adelante la nueva ley. En este sentido, la ministra de Educación Isabel Celaá reconoció ayer en el Congreso de los Diputados que le hubiera gustado contar con un mayor consenso para sacar adelante la Lomloe. “Estamos muy felices porque hace siete años todos los grupos de esta Cámara excepto el PP nos comprometimos a derogar la Lomce”, aseguró tras el debate del proyecto de ley. Pese a mostrarse “feliz”, indicó que le hubiera gustado tener “más consenso” pero “lamentablemente el PP, Vox y Cs se han autoexcluido del debate, y es imposible conseguir un pacto global cuando algunas fuerzas se autoexcluyen al utilizar la educación como herramienta para la lucha política”, reprochó. No obstante, añadió que “el respaldo de las fuerzas políticas a este proyecto es importantísimo porque esta ley va a traer una mejora muy importante para el sistema educativo español”.

Gerardo Rodríguez, miembro de la Mesa Nacional del STEC-IC, indicó ayer que “todas las leyes orgánicas deben ser consensuadas con la máxima participación y este aspecto, en este caso, podría haber sido mejor”. Además, lamentó las declaraciones del PP, que sostiene que, si llega al poder, derogará la ley. En ese sentido, sentenció que “lo que necesitamos es una ley con amplio consenso de la comunidad educativa que permita avanzar en educación porque no puede ser que cada siete años se debata una nueva norma”. “Es por eso que desde hace años nos fijamos en el sistema de Finlandia, que tiene la misma ley de Educación desde hace 30 años y tan solo añade pequeñas modificaciones en ella”, relató.

Con todo, Rodríguez afirmó que la ley Celaá “puede ser mejorada” aunque añadió que “estamos más cerca de esta propuesta que de la anterior ley Wert”. Así, destacó que esta propuesta de ley potencia la enseñanza pública de 0 a 3 años y se aborda de manera más profunda la educación en igualdad y se le da importancia a la atención afectivo sexual, “dos carencias muy importantes de la Lomce”, explicó Rodríguez.

Por su parte, el presidente de ANPE Canarias, Pedro Crespo, denunció ayer que la nueva ley Celaá “nace sin diálogo, sin negociación previa y sin un mínimo consenso, lo que, tal y como ha sucedido en otros casos, conllevará que esta ley tenga que ser derogada o modificada, en aspectos sustanciales, con ocasión de un nuevo cambio de gobierno”. Además, lamentó la incorporación en la norma de “medidas muy polémicas y controvertidas que polarizan y fraccionan cada vez más las posiciones políticas, sociales y territoriales en el ámbito educativo”.

Crespo destacó, entre otros aspectos, la enmienda por la que el castellano deja de ser lengua vehicular y alertó de que “la desaparición del castellano afectará también al carácter estatal de los cuerpos docentes”. Además, adelantó que, si se llega a imponer esta medida en la ley, “confiamos en que los partidos que tengan grupo parlamentario con capacidad de recurrir lo hagan inmediatamente ante el Tribunal Constitucional”, tal y como ya han anunciado que harán el Partido Popular, Ciudadanos y Vox.

Por último, Crespo añadió que lamentablemente no se ha podido llevar a cabo un pacto de Estado “que hubiera permitido sentar las bases de lo que debe ser la reforma profunda y global que necesita la educación en España y que sirviera para dotar de estabilidad normativa y perdurabilidad al sistema”. En esta misma línea, el secretario general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) en las Islas, José Ramón Barroso, destacó ayer la necesidad urgente de “la puesta en marcha de una legislación que venga a fortalecer y expandir el derecho a la educación, la equidad, la inclusividad, la participación y la inversión pública como garantes del éxito educativo para todas las personas”.

El representante de CCOO en el Archipiélago celebra aspectos de la ley Celaá como que se suprimen los estándares de aprendizaje, se proyecta un currículum por competencias, se potencia la Educación Infantil de 0 a 3 años o se otorga un mayor reconocimiento a los consejos escolares como órganos de gobierno en los centros educativos. No obstante, continúan reclamando otros aspectos como la necesidad de instaurar una etapa única de enseñanza obligatoria entre los 6 y los 16 años, sin necesidad de titulación al finalizar, la restitución de un equilibrio curricular para garantizar la educación integral y el pensamiento crítico del alumnado, el refuerzo de las segundas lenguas o el descenso de las ratios.