La Consejería de Sanidad prepara una propuesta que pretende corregir la inestabilidad laboral de los médicos especialistas en Canarias. El Gobierno canario baraja una alternativa, que será concretada el lunes 16 de noviembre, tras descartar la convocatoria de unas oposiciones restringidas para los facultativos del Servicio Canario de Salud (SCS), ya que, según un informe emitido por la Viceconsejería de Servicios Jurídicos, la Comunidad Autónoma no tiene competencias para ello. Fuentes de Sanidad explicaron ayer que la intención es la "consolidación" de estos profesionales con contratos temporales, que son dos de cada tres en Canarias.

Los sanitarios habían solicitado que se adaptara la oferta de empleo al personal laboral, que, en muchos casos, lleva años vinculado a la sanidad canaria; pero el documento entregado ayer a los profesionales en una reunión con el director del SCS, Conrado Domínguez, rechaza esta posibilidad, por considerarla inconstitucional.

El informe concluye que "únicamente el legislador básico estatal -no los legisladores autonómicos- es el que podrá, eventualmente, establecer los supuestos excepcionales que permitan separarse del principio de igualdad con la admisión del acceso restringido", puesto que es el Estado el competente sobre el régimen estatutario de los funcionarios. El texto especifica, en referencia al acceso restringido, que "queda prohibida la integración automática de determinados grupos en la función pública y, en principio y salvo excepciones, las llamadas pruebas restringidas para el acceso a la función pública".

No obstante, también queda consignado en el informe jurídico que el Tribunal Constitucional ha concluido en reiteradas ocasiones que "no cabe excluir, en determinados casos excepcionales, la diferencia de trato establecida en la Ley en favor de unos y en perjuicio de otros pueda considerarse como razonable, proporcionada y no arbitraria a los efectos de la desigualdad de trato que establece, siempre que dicha diferenciación se demuestre como un medio excepcional para resolver una situación también excepcional, expresamente prevista en una norma con rango de Ley y con el objeto de alcanzar una finalidad constitucionalmente legítima, entre las que se integra también la propia eficacia de la Administración".

El informe jurídico no quiere entrar a valorar si la pandemia del coronavirus es una situación suficientemente excepcional como para justificar un acceso restringido a la función pública, ya que considera que es el Estado quien debe pronunciarse sobre si "la irrupción de la Covid-19 podría haber marcado un antes y un después en el Sistema Nacional de Salud".

El 85% de los médicos especialistas en Canarias sufren, con la legislación europea en la mano, lo que se denomina como "abuso de temporalidad". Esta circunstancia, que afecta a otras comunidades del territorio nacional, ha provocado que la Unión Europea haya llamado la atención a España y la haya conminado a favorecer la consolidación de las plantillas sanitarias. En este sentido, ha expresado que la Oferta Pública de Empleo (OPE) no es el procedimiento más adecuado en la consecución de la estabilidad necesaria para el correcto funcionamiento del sistema sanitario público.

En los últimos 20 años, sólo se han convocado oposiciones en dos ocasiones en Canarias. Un proceso selectivo se llevó a cabo en 2001 y supuso la consolidación de una parte importante de la plantilla en aquellos momentos. La otra convocatoria se celebró en 2007, pero con muy pocas plazas en concurso. Este hecho ha provocado que, como se ha dicho, dos de cada tres especialistas en las Islas tenga un contrato temporal o eventual. En marzo de 2019, el Gobierno de Canarias anunció la convocatoria de una nueva OPE, para 7.198 plazas. De ellas, 1.039 correspondían a facultativos especialistas de Área, de un total de 44 especialidades; 527 a médicos especialistas en Medicina Familiar y Comunitaria; 1.604 a Enfermería; 1.604 a Auxiliares de Enfermería y 664 al grupo de Auxiliares Administrativos, entre otras, de un total de 60 categorías profesionales.

Es esta convocatoria, que se ha retrasado por la pandemia, la que no convence a los médicos que se han organizado en la llamada Mesa de Confluencia, que busca la estabilidad laboral para los especialistas del SCS. Así lo explicaron en el Parlamento de Canarias, donde consiguieron un amplio apoyo. Sin embargo, la opción de celebrar un concurso restringido no ha salido adelante.

En la reunión de ayer se puso sobre la mesa la propuesta de los profesionales, que contaba con el aval de expertos jurídicos de la Universidad. El Gobierno, representado por Conrado Domínguez, expresó su negativa a las peticiones de los galenos, pero les emplazó al lunes 16 de noviembre, cuando, aseguró, lanzará una contrapropuesta que tiene como objetivo la consolidación de la plantilla. En apariencia, ambas partes están próximas a la necesidad de un procedimiento extraordinario de consolidación. Lo que no está claro es el cómo. La opción que maneja Sanidad tiene que ver con las características de la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo, tanto en el concurso como en las pruebas, aunque aún no han trascendido más detalles.

Los médicos dejaron claros varios aspectos que deben estar contemplados en esa contrapropuesta. Por un lado, que los galenos que lleven más de tres años como eventuales, deben pasar a interinos, para poder acceder a las plazas fijas. Por otro, que se tenga en cuenta la fragmentación del territorio y que se realice el proceso selectivo por áreas territoriales, para evitar que se rompan equipos que llevan funcionando, en muchos casos, desde hace años. Y, por último, que se fidelice al personal, teniendo en cuenta en el concurso de méritos la vinculación que el profesional tenga con el SCS.