La huelga nacional de médicos para tumbar el Real Decreto firmado por Pedro Sánchez que permite contratar médicos sin haber pasado el MIR, se ha quedado sin fuerza en Canarias. Tras 25 años sin que este colectivo realizara una sola convocatoria de este tipo con carácter general en toda España -y tampoco en el Archipiélago-, el seguimiento en las Islas ha sido irrisorio. La lejanía es uno de los puntos que pudo haber influenciado a los médicos a la hora de decidir no secundarla. Sin embargo, según los sindicatos de médicos, también ha tenido mucho que ver la desidia de la Consejería de Sanidad para publicitar los servicios mínimos que se iban a imponer, dado que se notificaron tan solo "unas horas antes" del comienzo de esta primera jornada de parón de actividad.

Esto provocó, como denunció el sindicato de médicos de Santa Cruz de Tenerife, que a algunos se les anunciara la noche anterior que su labor entraba dentro de los servicios mínimos y que muchos otros se presentaran a primera hora de la mañana en sus puestos de laborales al desconocer si les tocaba o no trabajar. Según las estimaciones de los propios sindicatos, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife un 40% de los médicos que podían secundar la huelga, lo hicieron. Las cifras son mucho menores según los datos oficiales proporcionados por la Consejería de Sanidad, aunque estos tienen en cuenta la totalidad de los facultativos que trabajan en el Servicio Canario de la Salud (SCS). Según la Administración, el seguimiento de la huelga en las instituciones sanitarias del SCS por el personal sanitario A1, (es decir, facultativos especialistas de área, médicos de familia, residentes y farmacéuticos, entre otros) fue, durante la mañana del 8%. En otras palabras, "de los 2.982 efectivos que podían ejercer el derecho de huelga en Canarias, la secundaron un total de 241 profesionales".

Pero el Archipiélago no es la única comunidad autónoma donde se ha producido un desbarajuste entre las cifras oficiales y las proporcionadas por los sindicatos profesionales. Así, en Aragón, los convocantes se congratularon del seguimiento que obtuvo la convocatoria de huelga ya que se habría saldado con un 80% de participación. Sin embargo, el Gobierno autonómico rebajó esa cifra hasta un irrisorio 3%. La imagen también se repitió en Galicia, Cantabria, Castilla y León, Madrid y Extremadura, y todas ellas denunciaron, a su vez, que sus correspondientes administraciones sanitarias se habían esforzado para intentar "boicotear" la protesta con unos "servicios mínimos abusivos" y "muy lejanos" a los propuestos anteriormente, que proponían no exceder la plantilla correspondiente a un festivo al tratarse de una huelga de duración limitada a un solo día. En esta línea, en las Islas los sindicatos de médicos consideran que gran parte de esta baja participación tiene origen en la gestión de la Consejería de Sanidad a la hora de establecer los servicios mínimos para el colectivo.

Anuncio tardío

La Consejería de Sanidad comunicó "pocas horas antes de la incorporación al puesto de trabajo" los servicios mínimos a realizar. Algo que queda constatado en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) que no publicó hasta ayer mismo la imposición de servicios mínimos de esta huelga. Una convocatoria que, por otra parte, pretende volver a celebrarse todos los últimos martes del mes si el ministro de Sanidad, Salvador Illa, continúa rehusando reunirse con los representantes sindicales de los facultativos de toda España. "Lo normal es que se notifique entre 2 o 3 días antes", aseguró Levy Cabrera, secretario general del sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, que también criticó las imposiciones de servicios mínimos, ya que fueron del 100% de efectivos en gran parte del SCS.

La Consejería dividió la prestación de servicios en dos grupos: esenciales y mínimos. Entre los esenciales se encontró la asistencia sanitaria urgente, tanto ambulatoria como domiciliaria, los servicios de oncología médica y radioterápica, diálisis, hospital de día y farmacia hospitalaria, así como la actividad quirúrgica de pacientes oncológicos y de aquellas otras patologías que no pudieran demorarse atendido el riesgo que implicaría en el paciente.

En cuanto al grupo de efectivos mínimos, en Atención Primaria se solicitó que, con carácter general, acudieran un médico de familia y un pediatra -un número que podría aumentar dependiendo de la población adscrita al centro de salud- y el 100% en los profesionales de Urgencias de los ambulatorios. Respecto al ámbito hospitalario, se solicitaron unos mínimos similares a los previstos para domingos y festivos, con la salvedad de que tenían que ser del 100% en los servicios previamente considerados como esenciales.

Carmen Nuez, secretaria general del Sindicato de Médicos de Las Palmas, recordó que ésta "no es una huelga al uso", ya que no se ha convocado a nivel de la comunidad autónoma, e insistió en que no se organiza para pedir subidas salariales, sino para protestar por la "militarización" con la que, en opinión del sindicato que representa, se ha pretendido subsanar la falta de personal que sufre el colectivo médico. La intención del Ministerio de Sanidad al diseñar el Real Decreto 19/2020 era la de tener un mecanismo de contratación masiva de efectivos y reorganización rápida del trabajo en caso de que la crisis sanitaria provocada por la pandemia de coronavirus Covid-19 se fuera de las manos.

En ese empeño, sin embargo, el Ministerio ha establecido unos cauces legales que permiten que se puedan dar situaciones en hospitales y centros de salud que para los sindicatos de médicos no solo son irregulares, sino que pueden poner en peligro la salud de los pacientes. El Real Decreto Ley 29/2020, de 29 de septiembre, de medidas urgentes sobre diversos aspectos relacionados en materia de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud, contempla la posibilidad de ejecutar contrataciones a médicos que no hayan desempeñado los 4 o 5 años de residencia (MIR), es decir, no hayan obtenido la especialidad. "Estas contrataciones pueden ser un perjuicio para los futuros especialistas", insistió Levy Cabrera.

Como explicó el representante de los trabajadores, "este Decreto permite realizar un contrato de al menos un año a personas que no cuenten con la especialidad, lo que podría derivar en que, en mayo cuando se gradúen los nuevos especialistas, no puedan ocupar un puesto de trabajo". Los sindicatos temen que, en este escenario, los nuevos especialistas decidan abandonar la comunidad autónoma, e incluso España, en busca de una mejor oportunidad laboral. De hecho, a nivel nacional, el sindicato de médicos considera que "el decretazo supone el golpe definitivo para provocar el hundimiento del sistema de Formación Especializada que rige con éxito en España desde 1995".

También permite homologar rápidamente a los especialistas extranjeros para que puedan ejercer como especialistas, porque en España no existe la figura de médico generalista que sí funciona en otros países. Esto último ya viene ocurriendo en Canarias desde hace años como parte de una medida extraordinaria para paliar la falta histórica de médicos en Atención Primaria. Una situación que, a pesar de haberse normalizado, causa mucho malestar entre el colectivo que cifra en un 30% el número de plazas de pediatría en los centros de salud que no están ocupadas por un especialista en este área.

El Decreto Ley también abre la veda, de manera transitoria, a la posibilidad de trasladar de manera indiscriminada y sin un criterio claro a médicos y enfermeros de hospitales a centros de salud y viceversa, sin tener en cuenta su formación ni especialidad. Los facultativos consideran que los distintos escenarios que deja abiertos este decreto ponen en riesgo la salud de los pacientes, dado que "no se asegura que el médico que te atienda tenga la formación especializada adecuada -o ninguna especialización en absoluto- para dar la correcta atención al paciente", como explicó Levy Cabrera. De hecho, los sindicatos alertan de que, con este Decreto Ley en mano, podría darse la situación de que un oftalmólogo tuviera que atender un parto sin tener los conocimientos ni la experiencia necesarios.

Primero anestesistas

Para Cabrera "lo lógico sería tirar de especialista que tuvieran una formación similar a los perfiles más demandados como la que ejercen los intensivistas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)". En este sentido, Cabrera considera que las funciones de los intensivistas se podrían suplir teniendo en cuenta la relación de otros facultativos con el trabajo de estos. "Los anestesistas son los que tienen los conocimientos adecuados para poder atender adecuadamente a un paciente de Covid-19", insistió el portavoz del sindicato, quien, además, recordó que este es uno de los colectivos más numerosos en los hospitales de Canarias. Si aún así la situación epidemiológica y de presión asistencial debido a la Covid-19 requiriera de un mayor número de efectivos que se encargara de estos pacientes, se podría contar con los médicos internistas y por último los neumólogos. "En ningún caso se debería hacer de manera indiscriminada", remarcó.

Si de algo se caracterizó esta jornada en Canarias, además del bajo seguimiento, es de haber contado con una participación muy desigual entre los servicios hospitalarios e incluso entre hospitales y la Atención Primaria. Así lo confirmó Carmen Nuez que indicó que "hay servicios en los que se ha secundado al 100%" y otros, como en Atención Primaria, donde la convocatoria nacional ha tenido "poca trascendencia". Lo mismo sucedió en Santa Cruz de Tenerife, donde hubo servicios donde la convocatoria fue todo un éxito y otros en los que ni siquiera se notó que se hubiera convocado una huelga. La huelga permanecerá activa hasta que el Ministerio de Sanidad acepte reunirse con los representantes sindicales para buscar una solución alternativa a este Real Decreto.