Solo 36 de los más de 9.000 niños que requieren Atención Temprana en Canarias - unos 1.000 según la Administración- están disfrutando del servicio que necesitan. El Gobierno autonómico impulsó en abril del año pasado la primera Ley de Atención Temprana de Canarias para dar punto y final a este requerimiento que ha estado situando a los niños del Archipiélago en una situación de desventaja en comparación con el resto de España, dado que hasta entonces no existía ningún servicio público para ellos como sí lo hay en otras comunidades. Sin embargo, un año y medio después, la Plataforma de Atención Temprana de Canarias se ha cansado de esperar y ha denunciado a la Fiscalía que el Ejecutivo autonómico está incumpliendo el marco legislativo que él mismo aprobó.
Los incumplimientos trascenderían a dos de las tres consejerías (Sanidad, Derechos Sociales y Educación) que están implicadas en la organización y desarrollo del Protocolo de Atención Temprana para Canarias. La Consejería de Sanidad, a pesar de haber puesto a disposición de estos pacientes dos espacios donde ejecutar este servicio en Canarias (en el Hospital Juan Carlos I, en Las Palmas de Gran Canaria, y en el Hospital de Día Infanto-Juvenil, en Santa Cruz de Tenerife), no habría contratado a personal con la experiencia específica necesaria para atender a estos pacientes. La Plataforma denuncia que la contratación no se ha realizado a través de un concurso de méritos abierto sino con un traslado de profesionales de los hospitales del Servicio Canario de la Salud (SCS) a las unidades. De hecho, según Ana Olmeda, portavoz de la Plataforma de Atención Temprana de Canarias, se desconoce "cómo se está tratando a los 36 niños que están acudiendo a este servicio".
El compromiso del Gobierno de Canarias al inicio de la presente legislatura fue dotar a las Islas de una red de 11 unidades en las que atender a la población infantil con problemas en su desarrollo o con riesgo de padecerlos. "Deberían haber puesto en marcha este año 4 más, y no se ha llevado a cabo", insistió Olmeda. Sin embargo, el Gobierno afirma que los trámites siguen adelante y que el retraso ha venido dado por la situación de emergencia sanitaria.
Así, la Consejería de Sanidad en una reunión reciente acordó intentar abrir 2 nuevas unidades -una en cada isla capitalina- antes de final de año, a pesar de que el compromiso fueran cuatro, porque con la Covid-19 está siendo más difícil de lo que se estimó en un primer momento. En los presupuestos de 2021 ya contempla la creación de otras cuatro unidades.
Tampoco se ha dotado a estas unidades del mínimo personal que estipula la Ley. Y es que, la Consejería de Derechos Sociales no ha contratado a los profesionales que debía incluir por lo que ninguna de las unidades cuenta con trabajadores sociales ni psicomotricista. Según la Administración, los 12 puestos de trabajadores sociales están pendientes de la aprobación del contrato-programa por parte de la Consejería de Hacienda que se espera que esté aprobado antes del 31 de diciembre. En peor situación está el perfil de psicomotricista ya que "actualmente esta categoría profesional no tiene vinculación funcionarial". Por esta razón, la Consejería de Derechos Sociales no puede "determinar la fecha en la que se cubran estas plazas".
La denuncia a la Fiscalía es la alternativa a la que se han visto abocados los padres canarios que sufren las consecuencias delos consecuentes retrasos de la Administración, ya que llevan insistiendo en la aplicación de esta prestación más de 4 años. Como resumió el coordinador del Servicio de Psicomotricidad de la Universidad de La Laguna (ULL), Miguel Llorca, "se está perdiendo un tiempo maravilloso para evitar que estos niños se conviertan en adultos dependientes".
