Canarias es la única comunidad que queda excluida del toque de queda nocturno que decretó ayer el Gobierno central para hacer frente a la escalada de contagios de coronavirus Covid-19. El Ejecutivo de Pedro Sánchez decretó ayer un nuevo estado de alarma, el cuarto de esta democracia, en todo el territorio español para dar amparo legal a esta medida, que limita la movilidad de los ciudadanos entre las 23:00 y las 6:00 horas. Un confinamiento nocturno que no afectará al Archipiélago debido a la menor incidencia del virus que existe en las Islas.

Así lo detalló ayer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la rueda de prensa en la anunció esta medida acordada en un Consejo de Ministros extraordinario. "Esta limitación resultará de aplicación en todo el país menos en Canarias, debido a los buenos datos epidemiológicos de las Islas", afirmó Sánchez.

La razón por la que Canarias ha quedado excluida de esta restricción está en sus cifras de contagios, que son las más favorables de todo el Estado. En la actualidad, las Islas registran una incidencia acumulada en los últimos 14 días de 82,7 casos por cada 100.000 habitantes, siendo de 44,3 casos en los últimos siete días, unas cifras que suponen la mitad de las que se registraban a principios de septiembre y que están muy alejadas de la media nacional, que en estos momentos se sitúa en 378 casos por cada 100.000 habitantes.

La positividad en Canarias es también la más baja de todo el país. En el día de ayer tuvieron resultado positivo solo un 2,5% de las pruebas realizadas. El Gobierno de Canarias ya había solicitado el pasado miércoles quedar fuera del toque de queda que se barajaba aplicar en todo el país, después de las peticiones que realizaron algunas comunidades autónomas. Finalmente, el ejecutivo central ha atendido la demanda de las Islas y no lo aplicará en el Archipiélago.

Una medida innecesaria. El presidente de Canarias, el socialista Ángel Víctor Torres, valoró ayer esta decisión al considerar que "de momento, no es necesario que se imponga en Canarias ningún toque de queda". El responsable regional afirmó que, con la entrada en vigor del nuevo decreto de estado de alarma en toda España, los gobiernos autonómicos cuentan con un marco común que ofrece seguridad jurídica para tomar las decisiones oportunas en la lucha contra el virus.

Además, Torres señaló que el decreto "permite la adopción de medidas proporcionales, teniendo en cuenta la evolución de la pandemia en cada territorio", algo que bajo su punto de vista "es lo correcto, porque todos no vivimos la misma situación", remarcó.

Datos más favorables. Torres recordó también que si se ha logrado tener los datos más favorables del país "ha sido gracias al compromiso y la concienciación de la población canaria, que ha cumplido con las normas preventivas que se empezaron a tomar en agosto para el control de la pandemia". Algunas de las normas que ya fueron tomadas por Canarias hace dos meses fueron la cancelación del ocio nocturno, la limitación del número de personas en las reuniones, la prohibición de fumar caminando o si no se guardan los dos metros de distancia, el aumento de la vigilancia y el incremento de las sanciones. El mandatario canario resaltó que "esas reglas han dado buenos resultados", no obstante, insistió en que "no se bajará la guardia y se tomarán las medidas que sean precisas en función de la evolución de la pandemia en el Archipiélago y las indicaciones de los expertos".

Mérito de la ciudadanía. También el vicepresidente de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se mostró ayer satisfecho por la exclusión de las Islas del toque de queda estatal y afirmó que el mérito es de la ciudadanía isleña. "Nuestra buena evolución epidemiológica es mérito de la ciudadanía responsable, de las medidas gubernamentales y del refuerzo en Sanidad y Educación. No obstante, no hay que bajar la guardia", aseveró.

Por otro lado, apreció que el nuevo estado de alarma "afiance" la cogobernanza, ya que, recordó, recae en las comunidades autónomas la gestión del mismo y da seguridad jurídica "para aplicar medidas de restricción de la movilidad u otras, si fuera necesario".

Estado de alarma más laxo. El estado de alarma decretado ayer tiene unas características muy distintas al decretado en marzo para hacer frente a la primera ola del coronavirus. Es menos estricto y da mayor margen de actuación a las comunidades autónomas. Además, el Ejecutivo pretende extenderlo hasta el próximo 9 de mayo, -por lo que se prolongará más de seis meses-, y así lo solicitará en el Congreso de los Diputados esta misma semana.

Con este mecanismo, el Gobierno central busca evitar las prórrogas cada 15 días que tuvo que efectuar durante el anterior estado de alarma, que en muchas ocasiones fueron aprobadas de manera agónica y que precipitaron su finalización antes de lo previsto.

Principales medidas. Son cinco las principales medidas que incluye este nuevo estado de alarma y que fueron explicadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Las autoridades delegadas serán los presidentes autonómicos (a diferencia de la anterior, donde la responsabilidad recayó básicamente sobre el ministro de Sanidad, Salvador Illa), y los territorios tomarán sus decisiones en cooperación con el Gobierno. Además, la circulación estará prohibida entre las 23:00 y las 6:00 horas en toda España, salvo en Canarias. En esa franja, solo se podrá transitar por causas justificadas, pero las autonomías podrán ampliar o restringir el plazo.

Las comunidades autónomas también tendrán capacidad para limitar la salida y entrada de sus territorios, total o parcialmente, ya sea en la autonomía al completo, en un municipio o en un barrio. En cuarto lugar, los territorios podrán restringir las reuniones a un máximo de seis personas o incluso menos, siempre que se trate de no convivientes.

Y por último, el Gobierno central, en una iniciativa sin precedentes, aprobará el martes una prórroga de seis meses de la alarma, para unos días después pedir el visto bueno al Congreso. Aun así, para evitar que se le pueda acusar de evitar la rendición de cuentas, Illa comparecerá cada 15 días en la Cámara baja.

Los presidentes de cada comunidad podrán activar o desactivar las restricciones durante el tiempo que dure la alarma, en función de la realidad epidemiológica de sus territorios. Ahora bien, de entrada, en estos primeros 15 días de aplicación de este real decreto, entra en vigor el toque de queda en toda España, menos en Canarias. Será ya a partir de la prórroga cuando las autonomías podrán levantarlo o mantenerlo.

Prórroga en el Congreso. El presidente lo tiene mucho más fácil que hace unos meses para lograr la prórroga de la alarma. Ciudadanos ya anunció el viernes que apoyaría, y ayer su líder, Inés Arrimadas, reafirmó el respaldo. El Gobierno vasco también aplaudió la medida, así que el voto a favor del PNV está asegurado. Euskadi fue la primera comunidad que solicitó la alarma, y Cataluña se sumó más tarde, algo que prefigura el apoyo de ERC y JxCat.

Solo con los escaños de naranjas y nacionalistas vascos, el Ejecutivo nacional tiene asegurada la extensión de la medida. Pero la Moncloa quiere que el PP vote a favor. Ninguna de las autonomías gobernadas por los conservadores ha solicitado la alarma, a diferencia del resto, y Pablo Casado fue hace meses muy crítico con esta herramienta, algo que dificulta que ahora se sume. Sánchez habló ayer con él, pero no quiso revelar el contenido de la conversación con el jefe de la oposición, que también evitó posicionarse.

Adelanto de la decisión. En un primer momento, el jefe del Ejecutivo quería esperar a la conferencia de presidentes de hoy para aprobar el estado de alarma. Pero la cascada de peticiones para que diese ese paso hizo adelantar la medida. Castilla La Mancha, Navarra, Cantabria, La Rioja, Baleares y Asturias, seis de las nueve comunidades que lo reclamaban, expresaron su satisfacción por esa medida, mientras el PP ha criticado el "desconcierto" que supone para la población.

Sánchez fijó ayer como objetivo alcanzar una incidencia por debajo de 25 casos por cada 100.000 habitantes y señaló que el plazo de seis meses para el estado de alarma "no es inamovible" y manifestó que "si podemos superar antes la emergencia dejará de aplicarse". El presidente también trasladó su creencia, pero no total seguridad, de que el objetivo podrá conseguirse "sin recurrir al confinamiento global".