Canarias no quiere toque de queda. El presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, descartó ayer que esta medida -que se está debatiendo a nivel nacional- se deba tomar en el Archipiélago dadas las bajas cifras de incidencia del coronavirus en las Islas. Según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad, Canarias es la comunidad autónoma menos golpeada por el avance de la pandemia, con una incidencia a 7 días vista de 42,35 y de 81,13 en dos semanas, cuatro veces inferior a la media nacional.
De ahí que Ángel Víctor Torres no solo descarte solicitar que se establezca el toque de queda en las Islas, sino que también plantea pedir al Ejecutivo central la exclusión del Archipiélago en caso de que se pretenda establecer la medida de manera generalizada en el conjunto del país, como cuando se impuso el estado de alarma. Tras mantener una reunión con el cónsul de Marruecos en Las Palmas de Gran Canaria, el presidente insistió en que Canarias "no tiene nada que ver" en estos momentos con el resto del país, agregando que las Islas tienen también "el menor porcentaje de positivos de acuerdo al número de test realizados". De hecho, el porcentaje de positividad en Canarias, con una media de 5.000 test al día, se sitúa ahora mismo en torno a un 3%, cumpliendo así el índice recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), para concluir el control de la pandemia. Cabe resaltar que todas las demás comunidades autónomas superan el 5% de umbral de positividad recomendado por la OMS.
Mientras, en el resto del Estado ha comenzado el debate por la posibilidad de establecer esta medida de contención a raíz de la petición de la comunidad de Madrid. El Ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que el Gobierno analizará hoy con las comunidades que lo planteen la posible aplicación del toque de queda, al tiempo que debatirá la actualización del plan de respuesta temprana frente al coronavirus.
Illa recordó que establecer el toque de queda requeriría decretar el estado de alarma, como recoge la Ley Orgánica 4/1981. En dicho texto se recoge la posibilidad de "limitar la circulación o permanencia de personas o vehículos en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos". El estado de alarma, por otra parte, ser implantado en una comunidad a petición del presidente autonómico al Gobierno central o este último puede decretarlo de manera unilateral, como ocurrió en marzo. Una vez implantada, esta medida solo podrá estar vigente por un periodo máximo de 15 días, a no ser que el Congreso de los Diputados dé su autorización expresa para prorrogarlo.
Por esta razón, el ministro advirtió que "si se diera el caso para aplicarlo, habría que conocer qué grupos estarían dispuestos a apoyarlo en el Congreso para tener la perspectiva de que pueda tener un horizonte de más de 15 días", dado que es la única forma de que tenga una repercusión importante. Illa advirtió, tras el Consejo de Ministros, que "vienen semanas muy duras, viene el invierno y la segunda ola no es ya una amenaza sino una realidad en toda Europa", para recordar que "el virus no viaja solo" y que hay que reducir la movilidad y los contactos "con el esfuerzo y la concienciación de todos más que con medidas legales". "Es importante que todos sepan que hay que estar en guardia y en alerta y no nos podemos relajar", insistió y volvió a remarcar la importancia del lavado de manos, al uso de la mascarilla, la ventilación constante de espacios cerrados y el distanciamiento social de dos metros como medidas imprescindibles para combatir los contagios.
Madrid, la precursora
La precursora en plantear esta figura, decretada en la actualidad en Francia y puesta en marcha durante el confinamiento en Estados Unidos, fue la Comunidad de Madrid. La capital española propuso, en este sentido, que el toque de queda pueda prolongarse desde la medianoche y las seis de la mañana para perjudicar lo menos posible a bares y restaurantes y evitar botellones y fiestas en viviendas. De hecho, la Consejería de Sanidad madrileña presentará el viernes una orden, que entrará en vigor el sábado, con posibles cierres de actividad por horas para reducir los contagios de coronavirus, especialmente entre los jóvenes.
El resto de comunidades tiene visiones muy dispares sobre el toque de queda, aunque la mayoría está en disposición de establecerla si fuera necesario. Canarias sería la excepción, así como Baleares, que no se plantea por ahora implantar el toque de queda porque allí no es una "medida prioritaria".
