"Con un euro menos que el presupuesto del año pasado habrá que cancelar servicios". Rosa Aguilar, rectora de la Universidad de La Laguna (ULL), lanzó ayer esta advertencia durante la reunión del Consejo Social del centro superior tinerfeño. El órgano colegiado fue unánime al secundar el alegato de la máxima responsable de la ULL y solicitar al Gobierno de Canarias que no reduzca la financiación para este curso.
Aguilar explicó a los consejeros que en este ejercicio 2020 han tenido que hacer frente a los gastos para paliar los efectos de la pandemia de Covid-19, tanto para sufragar ayudas extraordinarias para el alumnado, para reforzar los contratos de seguridad y limpieza, así como para equipar cerca de 300 aulas con todo lo necesario para llevar a cabo una docencia en la que tendrá mucho peso la enseñanza virtual.
La rectora agregó además que ya ha insistido al Ejecutivo canario para que uno de los tramos de los fondos Covid impulsados desde el Ministerio de Universidades lleguen precisamente ahí, a los centros superiores. "Hemos sabido que a las universidades públicas canarias nos corresponden casi 12 millones, lo que ha sido reconocido en sede parlamentaria. Aspiramos a ello, pero nos han informado de la transferencia de tan solo un millón por institución, lo que resulta claramente insuficiente". "Sin esos fondos no podremos cubrir los gastos que ha ocasionado la pandemia ni planificar acciones futuras preventivas", quiso dejar claro Aguilar.
"Queremos aportar soluciones"
La rectora también señaló en su intervención que las universidades "quieren aportar soluciones a la crisis que estamos viviendo", y por eso transmitió su deseo de participar en los fondos de reactivación que provienen de Europa. Apuntó que las universidades públicas canarias presentaron un documento conjunto de propuestas y que finalmente se ha materializado en un proyecto para tutorizar 500 ideas empresariales durante tres años, para finalmente elegir a las 30 empresas más solventes y con mejor proyección de futuro, todas ellas basadas en un uso intensivo del conocimiento. "Les pido que nos apoyen", exhortó la rectora a los miembros del Consejo Social. La presidenta de este órgano, María Dolores Pelayo, mostró su total compromiso con la rectora.
En otro orden de cosas, el Consejo Social aprobó en la reunión de ayer, celebrada de forma telemática, congelar los precios públicos para el curso 2020/21 de los cuatro centros de alojamiento de la Universidad de La Laguna, sin ni siquiera repercutir la subida del IPC. "Las especiales circunstancias que nos aquejan", declaró el gerente, Juan Manuel Plasencia, "así lo aconsejan", con el objeto de evitar que "ningún estudiante se quede fuera del sistema".
El gerente del centro académico fue el encargado de presentar los criterios básicos de los presupuestos para el ejercicio de 2021. Este documento está basado en el propio plan de gobierno del centro académico, aseveró el gerente, quien matizó que "ante la posibilidad de que pueda darse una reducción de los ingresos en toda la actividad económica general, la primera propuesta de anteproyecto contemplaría de una reducción presupuestaria, al tiempo que aumentan las necesidades en seguridad y de medidas sanitarias de la comunidad universitaria".
Una vez elaborado el anteproyecto se presentará en el Claustro, trasladará al Consejo de Gobierno para convertirse en proyecto y ya en el mes de diciembre se elevaría a este órgano colegiado para su aprobación definitiva y puesta en vigor. Plasencia indicó que tratará de mantener intacto el capítulo de personal, y que se continuará con la centralización de gastos y de encargos a la Fundación General.
